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Propuestas Económicas Productivas

El objetivo central del proyecto de la Ley Marco de la Madre Tierra propone avanzar hacia un punto de equilibrio entre las propuestas del Desarrollismo Extractivista del Estado y las corrientes conservacionistas radicales.

Convirtiéndose en una propuesta de ley que potencialmente servirá para resolver los conflictos socioambientales del actual proceso de cambio, que justificadamente también puede generar temores en algunos pocos que tienen mucho que perder con un régimen socioambiental más acorde al interés común del pueblo boliviano y la propuesta intercultural del Vivir Bien. La ley Marco de la Madre Tierra, que no debe ser confundida con la Ley de Derechos de la Madre Tierra la cual fue aprobada como ley transitoria previa promulgación de la Ley Marco, propone la protección de los ecosistemas a través de la Gestión Integral de los territorios y recursos naturales o en otras palabras a través de un modelo de planificación, uso y aprovechamiento equilibrado de la integralidad de recursos naturales nacionales y componentes de la Madre Tierra de manera tal que sea la misma dinámica de uso y gestión de los ecosistemas la que garantice su continuidad e integridad. En ese sentido, la propuesta de ley supera los paradigmas conservacionistas que aislaban para preservar y señala que el papel del Estado debe ser promover el uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra para Vivir Bien en armonía y equilibrio, según las características ecológicas, culturales, socioeconómicas y de conocimientos de cada región.

El Vivir Bien, como horizonte aún en construcción del Estado Plurinacional, se basa en la convivencia armónica de los seres humanos entre sí y con el entorno natural o Madre Tierra a través  de la construcción de sociedades democráticas y justas, garantizando la satisfacción de necesidades materiales, culturales y espirituales de toda la población. El Vivir Bien refleja la búsqueda de equilibrios en la ingeniería social donde el estado de plenitud y armonía colectiva constituye un fin en sí mismo por encima de paradigmas de crecimiento ilimitado y acumulación lineal de bienes. El crear las condiciones para la realización personal y la armonía colectiva se convierten entonces en una búsqueda del Estado y la sociedad en su conjunto.

Para quien dedique tiempo a estas reflexiones quedará en evidencia que sociedades humanas sin relaciones equilibradas con su entorno natural no tendrán posibilidades de construir condiciones justas donde las necesidades materiales sean satisfechas de manera adecuada y   donde  sea posible la consecución de necesidades culturales y espirituales de interacción con los ecosistemas naturales y los componentes de la Madre Tierra. Las condiciones ambientales para una sociedad son determinantes de su bienestar, sin hablar de los valores intangibles de la interacción humano-naturaleza, a través del conjunto de funciones ecológicas relacionadas a la provisión de agua, regulación climática, provisión de alimentos sanos, aire limpio, etc.  Por estos motivos es que el paradigma del Vivir Bien requiere para su concreción de nuevas formas de pensamiento socioecológico para la toma de decisiones colectiva que permitan internar los actuales daños sobre los ecosistemas y población causados por los proyectos de desarrollo, crecimiento económico degradante y priorizar patrones de desarrollo acordes con los límites y potenciales de la Madre Tierra.

Una de las características más importantes de la propuesta de ley es que al ser esta una ley Marco, pretende ser una bisagra articuladora de las leyes sectoriales específicas para las áreas vinculadas al uso, aprovechamiento de recursos naturales y medio ambiente. Dicho de otra manera, la propuesta constituye una ley ambiental marco a la cual deben adecuarse las nuevas leyes de Hidrocarburos, Minería, Agua, Bosques, Áreas Protegidas, Tierra, Biodiversidad, Energía, etc., contribuyendo a una visión unificada del régimen ambiental y evitando el establecimiento de regímenes y visiones ambientales contradictorios o divergentes en las leyes sectoriales, problema visiblemente presente en la aún vigente Ley 1333 de Medio Ambiente.

Para la constitución de este nuevo régimen ambiental la propuesta de ley determina un conjunto de principios: Gestión Integral de componentes de la Madre Tierra que obliga a la planificación, aprovechamiento y manejo integral de los ecosistemas y sus diversos recursos, desincentivando la extracción no diversificada de pocos recursos; el Principio de Precaución, busca evitar acciones o intervenciones que representen riesgos de daños severos hasta no contar con la certeza y conocimientos necesarios que asegure la no ocurrencia de impactos significativos. El principio del Bien Colectivo, debe garantizar que cualquier acción o intervención sobre el medio ambiente sea en beneficio de la sociedad y el pueblo boliviano y la implementación de un Seguro para la Madre Tierra determina la entrega de garantías suficientes por parte de actores responsables de actividades o intervenciones que cubran eventuales daños sociales y ecológicos ocurridos. La ley también contiene un número de lineamientos generales y específicos que deberán ser considerados para la elaboración de las leyes sectoriales y el fortalecimiento del régimen ambiental plurinacional como son la obligación de Uso de Mejor Tecnología Disponible en actividades extractivas o industriales y el Condicionamiento de los Derechos de Uso y Aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra concedidos por el Estado a la realización del bien colectivo y el cumplimiento de normas específicas.

Además de estos lineamientos, la ley contiene un conjunto de dispositivos institucionales para  desarrollar la capacidad de articulación del nuevo régimen ambiental del Estado Plurinacional entre ellos: Ministerio de la Madre Tierra, encargado de promover la gestión integral de los ecosistemas y de desarrollar formas armónicas de producción, transversalmente en el poder ejecutivo; el Consejo Plurinacional de la Madre Tierra, instancia de participación social con atribuciones consultivas sobre proyectos de desarrollo; y la Defensoría de la Madre Tierra, encargada de la defensa de los derechos de la madre tierra y de monitorear el cumplimiento de los deberes del Estado y las personas individuales y colectivas establecidos por ley.

Debido a las profundas consecuencias e implicancias de la construcción de esta nueva visión socioecológica del régimen ambiental del Estado, ha existido resistencia para su aprobación la cual viene siendo dilatada por el poder ejecutivo y legislativo desde fines del año pasado. Sin embargo, la propia ley reconoce en sus principios fundamentales la necesidad una aplicación gradual de la norma y en el marco de la razonabilidad debido a la complejidad de transformaciones dispuestas, por lo que la norma en realidad apunta a contribuir a resolver conflictos más que generarlos.

La propuesta de la ley Marco de la Madre Tierra es resultado de más de un año de amplias y diversas deliberaciones, en su primera fase a través de un complejo proceso de discusión entre las bases y dirigencias nacionales de los pueblos indígenas originarios campesinos agrupados en el Pacto de Unidad y otros sectores de la sociedad civil; y en una segunda fase, a partir de la negociación entre estos primeros con los niveles de toma de decisión política. La propuesta de ley, a punto de ser presentada a la cámara de senadores, representa entonces una visión altamente consensuada y expresa la voluntad de encontrar visiones de desarrollo que concilien la creación de una base material adecuada y suficiente con un enfoque socioecológico de la gestión de recursos naturales y formas de convivencia coherentes con el Vivir Bien.

Si bien el actual conflicto del TIPNIS engloba una complejidad de temáticas que hay que analizar por separado para comprender la real dimensión de cada una de ellas, es claro que a pesar de los avances discursivos oficialistas, la ausencia de una visión socioecológica coherente del Estado Plurinacional en todos sus niveles y en específico de las autoridades del Ejecutivo dificulta encontrar salidas dialogadas. Muchos de los conflictos que convergen en el TIPNIS tienen soluciones relativamente sencillas a través del respeto a principios irrenunciables como el de procesos de consulta previos, libres, de buena fe y actitudes abiertas y respetuosas de diálogo desde las autoridades. Sin embargo las actitudes de descalificación personal y deslegitimación de las demandas indígenas por las que ha optado el Ejecutivo nos obligan a cuestionar la capacidad y voluntad de este para cumplir con los derechos constitucionales establecidos y a asumir verdaderamente y a profundidad las consecuencias programáticas del horizonte civilizatorio del Vivir Bien y el discurso progresista de la Madre Tierra.

Finalmente el desenlace que tenga el conflicto del TIPNIS constituirá un antecedente para el tratamiento de otros territorios y proyectos en conflicto; por lo mismo, debería ser interpretado por las autoridades nacionales como una oportunidad de esclarecer procedimientos, avanzando en el desarrollo e implementación de la Constitución Política del Estado y reconstituir las deterioradas alianzas sociales con los sectores campesinos indígenas que en los últimos meses han tenido mucho de qué desencantarse.

En estas próximas semanas de cualquier manera será importante mantener la mirada vigilante a la eventual aprobación de la Ley Marco de la Madre Tierra y las consecuencias que ésta pueda tener en contribuir a generar consensos nacionales sobre las visiones de desarrollo de largo plazo que tanto desgaste tuvieron en el último año.

(*) Marcos Nordgren es Biólogo y miembro del equipo de la Unidad de Acción Política de CIPCA

 

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