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Propuestas Económicas Productivas

En este artículo se evalúa el desarrollo de los conflictos para formular proyecciones e implicaciones. Se trata específicamente de cuatro temas de coyuntura.

La construcción de la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos y la marcha indígena convocada al respecto, el proceso de las elecciones judiciales, el paro convocado por la Federación de juntas de vecinos de El Alto y las movilizaciones del Comité cívico de Potosí. Los dos primeros procesos con repercusión mediática de algo más de dos meses. Los últimos dos conflictos recién ingresados en la agenda mediática, aunque con demandas de algún tiempo atrás.

La marcha indígena y la carretera por el TIPNIS

De los cuatro conflictos, éste es tal vez el de mayor contenido emotivo. Además de que la temática central es la conservación de un parque nacional y hábitat de comunidades indígenas, la movilización rememora la marcha indígena por la dignidad y territorio del año 90. El movimiento indígena de tierras bajas aglutinado en la CIDOB, al que se suma CONAMAQ, cuenta con las dos fortalezas comentadas: el contenido emotivo de la demanda, y el posicionamiento en la agenda mediática. El gobierno nacional, por otro lado, tiene el mismo espacio otorgado en la agenda mediática, y la posición de fuerza con la que cuenta un gobierno respaldado por mayoría congresal, junto con otras organizaciones indígenas y campesinas. Aunque respecto a la construcción de la carretera se ven cada vez más voces, como la CSUTCB, que reclaman un cambio en la medida.

La CIDOB unió la exigencia por realizar el proceso de consulta con otras demandas sectoriales (tierra y territorio, cambio climático, autonomía indígena, censo nacional, entre otros) en un intento, común a las grandes movilizaciones, que evalúa el uso de recursos frente a las posibilidades de éxito del movimiento. El gobierno pasó de una posición firme de realizar la carretera “sí o sí” y a pesar de las posiciones, a una convocatoria para la evaluación de alternativas del trazo en consulta con las comunidades, junto con denuncias de una conspiración opositora en contra del gobierno.

Por otro lado, las recientes informaciones revelan la presencia de más intereses en conflicto. La posibilidad de encontrar reservas de petróleo en el territorio parecería realmente alta, la cercanía de tierras de colonizadores por la zona presionando por una ampliación, y las necesidades de vinculación del noroeste brasilero con el Pacífico, muestran un escenario de elevada presión sobre los ámbitos de decisión política. Intereses económicos o sectoriales podrían superar, o dejar en evidencia la ausencia de, convicciones de respeto a la madre tierra.

Por las características del conflicto, parece previsible la solución al conflicto por un acuerdo previo al arribo a La Paz, por las implicancias que tendría la llegada de la marcha. A pesar del acuerdo, que podría mantener la construcción de la carretera pero con un trazo distinto del tramo II, la relación entre estos movimientos indígenas y el gobierno resultaría dañada en su cohesión, relación que en los últimos meses ya se mostró deteriorada.

El conflicto pone en evidencia la distancia entre el discurso y las sonadas convicciones de respeto al medio ambiente. La cumbre de Cancún o la de Tiquipaya resultan eventos absolutamente histriónicos cuando en momentos de decisión política efectiva, el respeto a la madre tierra resulta difuso.

Las elecciones judiciales

Como en todo proceso eleccionario, el péndulo oscila entre las posiciones de legalidad y de legitimidad. El aspecto que requiere profundización de debate, tanto ahora como en la futura posesión es la legitimidad que tiene el proceso y las autoridades que de él provengan.

Las preguntas resultantes son: ¿Influye un alto porcentaje de ausentismo, votos nulos y blancos en la legitimidad de las nuevas autoridades judiciales?, ¿Es necesaria la legitimidad para las autoridades del poder judicial?, dadas las condiciones, ¿Implica un alto ausentismo, y alta proporción  de votos nulos y blancos una baja legitimidad del gobierno?, ¿Es adecuado relacionar la elección de autoridades del órgano judicial, con la legitimidad del gobierno nacional?. Para aproximarnos a las respuestas, aunque no lleguemos a ser contundentes, deberemos puntualizar ciertos aspectos.

La decisión de la población en momentos electorales, normalmente, tiene dos componentes, y también este singular proceso de elección de autoridades del órgano judicial por las condiciones en las que se desenvuelve: lo sustancial y lo coyuntural. Lo sustancial, que puede ser apoyo u oposición, hace referencia a temas que forman parte de la ideología, valores, concepciones de mundo por las que se toma una decisión. Lo coyuntural se refiere a hechos o circunstancias del momento que imprimen influencia al momento de tomar decisiones, que también puede derivar en apoyo u oposición.

Es de esa manera que tanto el apoyo sustancial como la oposición sustancial al gobierno nacional podría ubicarse entre un 30% y 35%, cada uno (calculado sobre la base de encuestas, votación oficial, entre otros). El resto podría determinar su elección por factores coyunturales. Estos factores podrían tomar como referencia los conflictos vigentes o que se mantienen frescos en la memoria, las posiciones a favor y en contra, la acción de los partidos de oposición, etc.

A pesar de los resultados, cualesquiera que fueren, la oportunidad de construir (elegir) un órgano judicial independiente a los vaivenes partidarios se ha perdido en el camino. El solo hecho de votarse en base a afinidades o desavenencias hacia uno o varios partidos echa por tierra la supuesta imparcialidad de las futuras autoridades judiciales. El ejercicio de las funciones nos mostrará los resultados concretos, sin embargo, las condiciones de credibilidad se ven erosionadas de antemano.

Las demandas de la Ciudad de El Alto

El apoyo de la ciudad de El Alto, a pesar de ser sustancial, no es incondicional. En conflictos como el gasolinazo, ha mostrado una radical oposición puntual sobre la medida. En este caso, las demandas,  a pesar de lo variables que son, pueden englobarse en económicas y de obras de infraestructura. Una parte de ellas pertenecen al dominio municipal, que ha presentado algunos conflictos en tiempos recientes. Otra parte son demandas relativas al presupuesto asignado, incluido el pedido por el censo, pues de éste derivan las asignaciones presupuestarias y el conocimiento del estado general de la población de la urbe alteña.

Las protestas, ya sean dirigidas hacia la alcaldía o al gobierno nacional, muestran un estado de ánimo caldeado, y objeciones al partido de gobierno, siendo el mismo en ambas instancias. En cualquier caso, el desgaste del gobierno y del partido será y ha sido innegable, aunque sin redundar en convertirse en un territorio adverso.

Potosí, a un año del paro

El Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) luego de algún tiempo sin emitir juicio sobre la gestión del gobierno nacional, convocó a una marcha en demanda del cumplimiento del acuerdo firmado en agosto de 2010. La convocatoria a diálogo por parte del gobierno tuvo un efecto casi inmediato, siendo la negociación planificada por sectores involucrados.

Las protestas y movilizaciones implican el uso de una gran cantidad de recursos, los de la logística, pero por sobre todo los que se resignan o pierden al detener las actividades cotidianas. Tal vez por este motivo, además de una vocación de diálogo, COMCIPO atendió al llamado gubernamental de evaluar los avances del acuerdo. Estos avances parecen ser modestos en cualquier caso, por lo que la negociación podría derivar en un nuevo compromiso de acelerar la resolución de demandas, o de lo contrario, el retiro de confianza. El primer escenario, con ciertas reservas, parece ser el más probable.

A manera de conclusión general

Como pocas veces en los tiempos recientes, el país asistió a la confluencia de varios conflictos en una misma semana. Más allá de una supuesta conspiración que advierte posible el gobierno nacional, es necesario comprender que la frecuencia e intensidad de los conflictos significan una alerta a las autoridades, que lejos de alentar dudas y suspicacias, deberían comprender el reclamo y las falencias en el desempeño de la gestión pública.

Un rasgo común del manejo de conflictos en esta coyuntura se advierte en la convocatoria abierta de parte del gobierno a diálogo con todos los sectores (a destiempo en algunos casos). La distancia con la posición de algunos de los sectores en conflicto es la presencia del presidente Morales en la negociación. Este hecho es relevante en torno a la lógica de personalización de la política, muy arraigada en países de la región. Los ministros, por condiciones y conflictos previos, no tienen la capacidad de decidir sobre la resolución de las demandas, denuncian los sectores en conflicto, por lo que solicitan la presencia del presidente.

El conflicto del TIPNIS revela incongruencias en el gobierno nacional entre discurso y acción, entre la defensa militante de la madre tierra y el desenfrenado desarrollismo, inicial y fervientemente criticado. Por otro lado, las bases indígenas de apoyo, como en otras ocasiones, interpelan al gobierno sobre su accionar y la pérdida de participación en las decisiones. La elecciones judiciales ingresan partidizadas a su fase de difusión, y lo estarán más en momentos previos y posteriores. El deseo de imparcialidad se erosionó de inmediato.

Los conflictos de El Alto y Potosí requieren ser entendidos en su plena magnitud. Todos los niveles territoriales de gestión pública, ahora en manos del MAS en casi su totalidad, son interpelados en su capacidad de mejorar las condiciones de vida la gente. Los anuncios de estabilidad y de invulnerabilidad frente a la crisis global, no se traducen en gestión concreta, no se reflejan en el cotidiano vivir de la ciudadanía.

 

(*) Javier Pérez es Politólogo de la UAP.

 

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