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Propuestas Económicas Productivas

En el calendario agrícola, festivo y cívico, el mes de agosto tiene mucha significancia en Bolivia, mucho más que otros meses. Pero aquí queremos concentrar la atención en dos temas: tierras y autonomías indígenas.

Como se sabe, la reforma agraria se inició formalmente el 2 de agosto de 1953 en Bolivia, en Ucureña (Cliza) y desde entonces año a año se venía recordando este importante hecho histórico. Hace dos años, el 2 de agosto fue instituido por el actual gobierno como el día de las autonomías indígenas en el país.

Tanto el acceso a la tierra (incluido territorio y recursos naturales) así como la autodeterminación y autonomía son demandas históricas de los pueblos y comunidades indígena originario campesinos. En este artículo queremos hacer un breve repaso acerca de los avances, dificultades y retos en ambos temas.

Con relación a la tierra

Los cambios introducidos en la Ley de tierras en noviembre del 2006 –Ley 3545 que modificó la Ley 1715 sobre todo en cuanto a la función económica social, reversión de tierras, expropiación de la propiedad agraria, predios con familias cautivas, distribución de tierras fiscales disponibles y apoyo estatal, etc.-, en cierto modo han dado celeridad a los procesos de saneamiento iniciados años anteriores y ha promovido nuevos procesos de titulación.

Según un reciente informe del INRA, la superficie titulada en el país hasta 2010 es de 54.927.533 hectáreas, 51,45% del total de superficie objeto de saneamiento. Son 10.557.765 hectáreas (9,89%) que están en proceso; las restantes 41.266.423 hectáreas (38,66%) están prácticamente sin intervenir.

El Cuadro N° 1 muestra los cambios en la superficie de tierra titulada según tipo de propietario. Se constata que los pequeños, campesinos indígenas, bajo las diferentes modalidades de propiedad, han incrementado la tenencia de la tierra en su poder de 17,16 millones de hectáreas en 1993 a 30,82 millones al 2010.

Cuadro Nº 1: Titulación por tipo de propiedad, periodos 1953 a 1993 y 1996-2010

Tipo de propiedad

1953 a 1993

1996-2010

 

Superficie (ha)

%

Superficie (ha)

%

Empresa

23.011.055

40

1.896.239

3,45

Mediana

16.231.729

28

1.135.154

2,07

Pequeña

4.850.839

9

2.577.726

4,69

Propiedad Comunaria

12.289.511

21

6.261.463

11,40

Solar Campesino

23.866

0

717

0,00

Sin datos

898.323

2

-

-

Tierra Comunitaria de Origen

-

-

21.980.304

40,02

Tierra Fiscal

-

-

21.075.929

38,37

Total general

57.305.323

100,00

54.927.533

100,00

Fuente: Elaboración propia con base a información INRA, 2010; INRA, 2011.

Uno de los avances importantes es la identificación de tierras fiscales, más de 21 millones de hectáreas, aunque de este total sólo 5,94 millones están disponibles para redistribución. Con el Programa de asentamientos humanos hasta el 2010 han sido dotadas 1.306.353 de hectáreas en Pando, Beni y Santa Cruz, entre otros. También “se han revertido prácticamente 4 millones de hectáreas, que luego fueron redistribuidas a familias y comunidades indígenas, campesinas y originarias” (INRA, 2010: 35).

Pese a todos estos avances en la titulación de la tierra, sin duda importantes y llevado a cabo en un contexto de mucha tensión, disputa y violencia, aún no se puede sostener que haya cambiado la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia, más aún si consideramos la calidad de la tierra en manos de campesinos indígenas y pequeños productores.

El problema sigue siendo el control y la gestión de estas tierras tituladas. La Ley establece que el Estado debe apoyar técnica y económicamente a las comunidades campesinas e indígenas beneficiadas con la dotación de tierras para el efectivo desarrollo de sus potencialidades productivas. Sin embargo, salvo excepciones, no se cuenta con apoyo estatal para el control y gestión de la tierra y los recursos naturales, ni para asentamientos internos en las TCOs o comunidades con propiedad colectiva que requieren ejercer control de sus predios frente a amenazas de diversa naturaleza: saqueo y pirateo de maderas, frutos y plantas medicinales, caza y pesca, aprovechamiento de pastizales y ramoneo de monte; riesgos como el acceso de terceros a la tierras vía alquiler o incluso por compra; igualmente la cada vez mayor extranjerización de la tierra, que se calcula en un millón de hectáreas en tierra bajas, de las mejores tierras agrícolas de Santa Cruz, vinculado con capitales transnacionales de la agroindustria. Sobre todas estas amenazas el Estado, lamentablemente, no está tomando ninguna medida, y urge hacerlo ya que se pueden estar sentando bases no sólo para cometer los mismos errores de la Reforma Agraria de 1953 –dotación de tierra sin apoyo en la producción-, sino para que la propiedad y el acceso a la tierra nuevamente vaya en contra de las comunidades campesinas indígenas.

Con relación a las autonomías indígenas

El 2 de agosto de 2009, en Camiri se hizo el lanzamiento de las autonomías indígena originario campesinas. Se dijo entonces que esta fecha “ya no se celebrará el día del indio sino de las autonomías indígenas”. A finales de ese mismo año, once de los doce municipios previstos aprobaron por referéndum su conversión a este tipo de autonomía, establecida en la Constitución Política del Estado.

A la fecha, cinco de los once municipios han elaborado borradores de sus estatutos, en otros tres están en proceso de elaboración y en los restantes tres municipios el proceso está paralizado por conflictos y división interna entre organizaciones y/o sectores implicados.

Empero, las comisiones o asambleístas que por mandato de sus organizaciones tienen la misión de formular de manera participativa el proyecto de estatuto autonómico se ven limitados en sus acciones por falta de recursos económicos. Prácticamente todo este trabajo se realiza al costo de los asambleístas y las organizaciones, ya que por lo general los gobiernos municipales elegidos en abril del 2010 no les asignan recursos económicos para esa tarea. Y, es que la implementación de las AIOC implica que las actuales autoridades cesan en sus funciones al iniciarse un proceso totalmente nuevo, como indica el Art. 55, II de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Asimismo, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), como manda el Art. 53, 3 de la Ley marco de autonomías, en consulta y coordinación con las organizaciones solicitante de la autonomía indígena debería haber otorgado la acreditación correspondiente a los miembros del órgano deliberativo o asambleístas, aspecto que no ha ocurrido hasta ahora, por lo que los asambleístas tienen que soportar todo tipo de trabas, amenazas o indiferencia de las autoridades.

A ello se suma el hecho que la implementación de las autonomías en el país, en general, y de las autonomías indígena originario campesinos, en particular, no parece estar en la agenda estratégica de las autoridades nacionales. Esto es más evidente aún en el acompañamiento a los once municipios.

Así, tanto las autonomías indígena originario campesinas como el control y la gestión de las tierras tituladas prácticamente están a costa de las familias y organizaciones campesinas indígenas, con escaso apoyo estatal, cuando debiera ser parte de la agenda estratégica.

 (*) Lorenzo Solíz Tito es Director General CIPCA

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