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En 2008 los líderes cívico-prefecturales de los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando sometieron a referéndums departamental los estatutos autonómicos departamentales, hecho que fue considerado como ilegal por el gobierno nacional, la Corte Nacional Electoral y los movimientos sociales afines al proceso de cambio.


Posteriormente, la Constitución Política del Estado, CPE, aprobada en 2009, estableció que “los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad” (Disposición transitoria tercera de la CPE).

 

Asimismo, el 4 de abril de 2010 –por primera vez- fueron elegidos por voto popular miembros de las Asambleas Legislativas Departamentales.

 

Si a esto sumamos que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización aprobada en julio de este año establece mecanismos para la adecuación de aquellos estatutos autonómicos departamentales, concluiremos indicando que las condiciones legales están dadas para que las Asambleas Legislativas Departamentales de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando empiecen el proceso de adecuación de los estatutos autonómicos departamentales aprobados en 2008 a la CPE.

 

Sin embargo, ya pasaron cuatro meses desde que fueron posesionados las nuevas autoridades departamentales y aún no se vislumbra que hayan priorizado o agendado como una actividad importante la adecuación de los estatutos autonómicos. Si bien es cierto que en estos primeros cuatro meses de gestión se dedicaron más a temas administrativos para su funcionamiento, no es menos cierto que tiene demasiado retraso el proceso de adecuación, que permitirá ejercer plenamente las facultades legislativas, ejecutivas y reglamentarias de las autonomías departamentales.

 

De continuar así la situación, la pregunta será: ¿por qué los actores sociales y políticos regionales de estos departamentos no están impulsando la implementación de las autonomías departamentales con la misma fuerza que lo hicieron durante el proceso constituyente?

 

Una posible respuesta podría ser que el telón de fondo de la supuesta defensa del proceso autonómico departamental se basaba en el propósito de lograr el control, manejo y administración de los recursos naturales, principalmente el acceso y control de la tierra, a tono con lo que afirmaba Carlos Börth “Cabe destacar que el núcleo del conflicto y los desencuentros entre el gobierno nacional y los líderes departamentales radica en la propiedad, la gestión y el aprovechamiento de los recursos naturales. Siendo los más inflexibles los estatutos de Santa Cruz y Beni”. (Börth, 2008)

 

Es más, en la adecuación de los estatutos autonómicos, las organizaciones sociales urbano-rurales e instituciones que no participaron en la elaboración de estas normas en 2008 deberían lograr involucrarse en este proceso y plantear sus propias propuestas y participar en el análisis, reflexión y consensos tanto en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, así como en las instancias de los poderes públicos departamentales.

 

Sólo así se logrará contar con normas básicas departamentales inclusivas y con amplia legitimidad que nos permita avanzar a todos y todas en la implementación de nuevo Estado Plurinacional con Autonomías.

 

(*)Ramiro Valle Mandepora es Abogado en CIPCA Santa Cruz.

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