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Propuestas Económicas Productivas

Ha sido para todos una sorpresa la decisión del Gobierno Nacional de levantar totalmente la subvención a los combustibles importados justo al cerrar el año. Es una decisión que ha sido postergada continuamente por anteriores gobiernos como por el actual. Por supuesto que es necesario sanearla o “sincerar la economía”, como decía un ministro; pero hay otras formas de encarar el asunto, y el Gobierno optó por esta vía.

Desde el mismo momento en que se supo de la medida, se anunciaron una serie de movilizaciones que con el pasar de los días y con la ratificación de la medida por el Presidente Morales la noche del 29 de diciembre, la reacción de las organizaciones vecinales y la ciudadanía en general se ha profundizado, quizá el más violento es el registrado en El Alto, La Paz.

Y es que la gente puede tener paciencia para esperar medidas económicas que les sean favorables, incluso anteponer una agenda política como la que se ha priorizado en el país a fin de lograr cambios profundos dirigidos a las transformaciones estatales. Empero cuando se le arrebatan conquistas logradas o se afecta su magra economía –como lo va a hacer el DS 748-, las cosas cambian radicalmente. Es por ello que en cinco años de gobierno del MAS, es la primera movilización que tiene características particulares y no vistas antes –incluso con bases que rebasan a sus dirigentes- frente a una medida asumida, en este caso de carácter económico.

Aunque se insista machaconamente que se trata de sólo nivelación de precios, para nadie es desconocido que el incremento de los precios de los combustibles tiene un efecto multiplicador en la economía de la gente e incide en la especulación e inflación de precios. No se trata sólo de una medida que va a eliminar el contrabando de combustibles y ahorrar 300 millones de dólares por este hecho.

En el caso de la economía campesina indígena, asunto que nos ocupa hoy, el Decreto tendrá graves consecuencias sobre la economía y la vida de la gente del campo:

- El primer efecto inmediato es el incremento de los insumos para la producción y del transporte tanto de estos al predio como de la producción hacia los mercados.

- Los 2.073 dólares de ingreso promedio que reciben familias campesinas indígenas según datos de CIPCA, en 30 municipios del país, y que no son muy diferentes de gran parte de los demás municipios, ahora dichos recursos tendrán menor valor para afrontar el incremento del costo de vida que se va generando por la subida de precios.

- Sin duda los precios de los productos alimentarios se van a incrementar para el consumidor final –como ya lo están haciendo en estos días, incluso en EMAPA-, pero dicho incremento no va a llegar al productor sino al intermediario y al transportista, lo que disminuirá más los ingresos de las familias campesinas indígenas.

- Las medidas complementarias para disminuir los efectos del DS 748, como son los DS 748 a 751, no benefician a este sector, sólo el riego pero el beneficio real tardará en llegar año y medio en el mejor de los casos. Veamos. Si se trata de microriego y si ya se cuenta con proyecto a diseño final la construcción de las obras será en la época de estiaje del 2011; se podrá captar agua para regar a finales del 2011 y principios del 2012, las cosechas se obtendrían lo más pronto posible a mediados del 2012. Si se trata de proyectos de riego y si ya se cuenta con proyecto a diseño final, la construcción tardará tanto que en el mejor de los casos las primeras cosechas se obtendrán el 2013. Obviamente si no se tiene proyecto la tardanza será mayor. Pero qué pasa con aquellas familias o comunidades que ya tienen riego o que no lo requieren por ahora, como las comunidades del trópico y la amazonía?

- Es más, la gente tanto de zonas rurales como urbanas no vive sólo de comida –como dicen popularmente “no somos de comida nomás”-, sino que requiere de ingresos para cubrir otras necesidades para llevar una vida digna, y con el DS esto estará más lejos aún. A EMAPA, según decreto 749, se asignan recursos por 270 millones de bolivianos (casi 39 millones de dólares) para asegurar la disponibilidad de alimentos, pero el incremento del precio de los hidrocarburos afecta a la capacidad adquisitiva de la población. Por tanto el problema no es, en este caso, de disponibilidad de alimentos, sino de capacidad económica para acceder a los mismos. Así, dicho incremento de recursos no resuelve el problema que tiene la gente. Es más, EMAPA no funciona en el área rural, por tanto dichos recursos tampoco beneficiará a la población rural en tanto que consumidora.

- En el caso del seguro agrícola –que dicho sea de paso, no está explícito en el DS 748 ni en los complementarios-, es una medida para asegurar la producción prevista por las familias productoras, no para incrementar precios ni la producción, por tanto tampoco es una medida que realmente va a ayudar a paliar los efectos del Decreto.

- Pese a los avances en los últimos años en cuanto a la dotación de agua potable y electrificación rural, en buena parte del país estos servicios no son todavía accesibles para mucha gente, entonces los decretos complementarios que congelan los costos por estos servicios tampoco benefician en nada a la gente que no tiene acceso a estos servicios.

Otras medidas complementarias como la vigencia del horario continuo en instituciones públicas –que dicho sea de paso no significa un ahorro sino un gasto mayor para la gente común- por puesto no vienen al caso. Eso sí, la gente del campo tendrá que trabajar más y producir más si quiere adquirir los mismos productos que adquiría hasta ahora, lo que significa que ellos seguirán subvencionando al área rural, ahora más todavía.

Si bien el Gobierno Nacional ha decidido mantener su posición con relación a la vigencia del Decreto Supremo 748, al menos podría repensar en sus propuestas complementarias de manera que realmente disminuyan los efectos sobre la economía de la gente del campo, sector que ha sido el soporte de su gobierno y de sus medidas hasta ahora.

(*) Lorenzo Solíz es Director General de CIPCA

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