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La incertidumbre hacía presa de los y las dirigentes campesinos en la Federación de Pando, eran las 8:00 de la mañana del jueves 11 de septiembre de 2008 y sólo se tenía información de los medios  de comunicación locales que habían anunciado enfrentamientos y posibles muertes de personas aún no identificadas. Pasaban los minutos, se iban sumando más dirigentes, algunos campesinos que viven  en Cobija, algunos amigos y algunos curiosos a las instalaciones del kilometro tres.

A media mañana fueron llegando los primeros campesinos que habían escapado del horror en el Puente de Cachuelita, una dirigente del Comité Ejecutivo con visibles contusiones, la ropa rasgada y sin zapatos entre lágrimas y desesperación logró contarnos lo que habían vivido en la primera zanja efectuada por el Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) para impedir la marcha campesina, y desesperada daba testimonio de la cantidad de compañeros y compañeras heridos que escaparon por el monte, así como los maltratos que sufrían los que fueron capturados.

Así, minuto a minuto fueron llegando más y más campesinos -desconocidos la mayoría- y pedían desesperados que se fuera a ayudar a los heridos y ocultos que habían escapado hacia el monte, pero al mismo tiempo advertían que no deberían ir los dirigentes porque había gente armada en todo el camino especialmente en las cercanías de Porvenir; los más exasperados contaban sobre las ambulancias y autos del SEDCAM que recogían a los heridos, según ellos, no para ayudarlos sino “para acabarlos”; esos comentarios entre palabras entrecortadas por el dolor y desesperación circulaban en los pasillos de la sede de la Federación de Campesinos; se iba llenando de mujeres y hombres del campo heridos, sin zapatos, sin ropa, sin habla, pero ante todo esperanzados de encontrar un refugio seguro donde localizar a sus pares.

En el transcurso de la mañana al hospital Roberto Galindo de Cobija también iban llegando los heridos. Una comisión de dirigentes intentó aproximarse para hacer el seguimiento, pero las enardecidas brigadas de autonomistas instaladas allá impedían cualquier acercamiento, es más, estaban vigilantes a la llegada de campesinos heridos para hostigarlos e incluso intentar golpearlos e imposibilitar su ingreso en la misma puerta del hospital, o para hostigar y hacer escapar a la gente que preguntara por los heridos que no fueran cívicos.

Cerca al medio día se supo que habían dirigentes campesinos muertos, el llanto invadió a todos en cuanto se comunicó la muerte de Bernardino Racua, ex Secretario de Tierra y Territorio de la Federación Departamental y Secretario de la Central Puerto Rico en ese entonces. Sus hijos que habían estado averiguando sobre él a primeras horas de la mañana, para esas horas seguro ya estaban en Porvenir enfrentando el dolor de verlo sin vida. La prensa, por su parte, insistía en mostrar imágenes aún no editadas sobre algo que llamaron “enfrentamiento”, aunque era más que evidente la desigualdad de fuerzas de un bando a otro, unos armados y parapetados en Porvenir maltrataban a los numerosos recién llegados desde Tres Barracas que corrían despavoridos buscando algún escape ante la balacera, muchos encontraron la muerte en ello, otros cayeron al río Tahuamanu y se ahogaron, los más fuertes lograron atravesarlo y escapar por el monte, hubieron también algunos que se escondieron en el agua por muchas horas y salvaron la vida como doña Carmen, pero otros, fueron cruelmente capturados, golpeados y trasladados hasta el Comité Cívico de Cobija, en calidad de rehenes.

Con la información obtenida de los que llegaban, se fueron armando las primeras listas de fallecidos, heridos y desaparecidos. La gente misma daba fe de cuántos y quiénes eran los participantes en la marcha por su comunidad, otra comisión se dio a la tarea de llamar por radio a las comunidades y conseguir la nómina de participantes por comunidad, algunos de ellos consiguieron las nóminas de heridos y fallecidos del hospital. Hasta la tarde se tenían largas listas que se fueron publicando en las paredes de la Federación, mientras los compañeros que iban llegando pedían borrar los nombres de algunos que ya aparecieron y/o actualizar las listas con la información nueva sobre los heridos ó fallecidos.

Sobre la base de esas nóminas para la tarde del jueves 11 de septiembre, la Federación hizo un primer pronunciamiento que envió a las instancias de derechos humanos y medios de comunicación de la ciudad de La Paz, solicitando la conformación de brigadas de derechos humanos para visitar la zona de conflicto, solicitando protección policial que garantizaran a la Federación llegar al área, pero especialmente, haciendo un llamado a la solidaridad del pueblo boliviano por el atropello que sufría una vez más el sector campesino. Hasta entonces habían sido inútiles los pedidos de apoyo a nivel local que se efectuó a la policía, al ejército, a la Cruz Roja e incluso la delegación presidencial, para evitar el acoso de gente contraria al movimiento campesino que se mimetizaba entre los curiosos para sacar información, o que giraba en torno a la Federación amedrentando a los que allí estábamos.

Por comunicación telefónica supimos que en Puerto Rico a primeras horas de la mañana se interceptaron los buses que venían de Riberalta porque la gente del centro poblado temía que fueran campesinos que se dirigían a apoyar la marcha. Para la tarde las cosas también se pusieron “color hormiga” para los campesinos que llegaban al pueblo luego de haber escapado de Tres Barracas y de Porvenir; contrariamente a lo que decía la prensa no era gente armada, eran hombres mujeres y niños que habían salido desde sus comunidades con rumbo a Cobija para participar de su Ampliado Campesino, y no todos eran de Puerto Rico, muchos venían desde municipios más lejanos como Villa Nueva, San Pedro y Gonzalo Moreno. Los heridos y desesperados campesinos no pudieron ingresar al hospital del pueblo ni recibir atención por un cerco humano que no les permitió el ingreso acusándolos de “traidores de Pando” pero si encontraron refugio fue el Centro de Acopio Campesino donde pudieron recibir asistencia médica, comida y ropa de alguna gente que también se solidarizaba con el sector campesino.

El viernes 12 de septiembre muy temprano tres cuerpos de fallecidos yacían en una mesa colocada al frente en la Federación en Cobija, estaban envueltos en sabanas blancas y con velas encendidas a sus pies, también se supo que esa mañana ya se habían llevado los restos de don Bernardino a su comunidad, Irak. En el transcurso de la mañana dos cuerpos fueron identificados: Jonny Cari –un joven normalista- y el otro fue reconocido como el k’ochalo (probablemente Seledonio Basualdo), ambos fueron retirados antes del medio día por sus familiares, del tercero no se tenía certeza, y tristemente por las altas temperaturas para la tarde ya había tomado olor por lo que se decidió depositarlo en una funeraria de Cobija hasta que aparecieran sus familiares, al día siguiente supimos que era Ditter Tupa Mati, de Filadelfia.

Poco a poco iban llegando más y más heridos -que aunque no podían recibir atención médica en la Federación- se quedaban porque allí encontraban un refugio seguro pues no tenían ninguna esperanza en el hospital. El viernes una monja logró sacar del hospital a un dirigente campesino de Filadelfia a quien habían intentado acribillarlo ahí mismo, fue salvado y escondido por un enfermero; utilizando algunas vías ingeniosas se pudo hacer llegar medicamentos para los heridos de gravedad; una comisión de dirigentas llevó comida y ropa a la cárcel de Villa Bush para los 15 rehenes, campesinos que además de haber sido golpeados por miembros del Comité Cívico habían sido detenidos y encarcelados. En el resto de Cobija las cosas se habían paralizado, no habían bancos ni cajeros electrónicos, los mercados cerrados;  sobre todo había mucha inseguridad para los campesinos o sus allegados porque los grupos de choque estaban instalados por toda la ciudad. Por la tarde -pese a la declaración del estado de sitio- se siguió saqueando algunos negocios de la calle del comercio y, por supuesto, se siguió amedrentando a la gente hacinada en la Federación.

Ese fin de semana las listas se fueron actualizando, disminuyendo hora a hora los desaparecidos e incrementándose el número de fallecidos identificados; la Federación emitió varios comunicados y votos resolutivos que fueron circulados; muchos medios de comunicación nacional e internacional solicitaban vía telefónica información sobre lo acontecido. Dos cosas que valen la pena recordar: la balacera contra la Federación el  día sábado,  justamente en el momento en que la Parroquia de Cobija dirigía la Marcha por la Paz (con pañuelos blancos y todo); y el compromiso de una primera comisión interinstitucional sobre derechos humanos que logró el permiso de ingresar a Pando, pues el aeropuerto estaba cerrado y no habían vuelos comerciales.

El lunes 15 de septiembre, finalmente, llegó primera comisión oficial conformada por el Vicariato de Pando, el Defensor del Pueblo, el Párroco de Cobija y representantes de la Cruz Roja Boliviana y Unicef que escucharon las versiones de los y las dirigentes campesinos que entre denuncias sobre atropellos sufridos por parte de la Prefectura, también mostraron su desconsuelo por la indiferencia de algunos líderes de la parroquia por su falta de solidaridad con los heridos, y su falta de caridad cristiana ya que los fallecidos no tuvieron su última bendición cuando eran velados en la Federación. La comisión comprometió el ingreso a Porvenir, Filadelfia y Puerto Rico para efectuar reuniones, levantar testimonios, brindar ayuda médica y en la medida de lo posible efectuar rastrillaje en el área.

Al cabo de una semana cambiaron las cosas en la Federación, había mucha gente, muchas comisiones conformadas, visitas continuas de algunas nuevas autoridades, y supuestamente mucho interés de apoyar. El estado de sitio –aunque parcialmente- puso orden en el caos que se vivía en Cobija, orden que una semana después llegó al área rural tras la denuncia de esa primera comisión de derechos humanos que se sorprendió porque no habían pasado el comunicado oficial y allí las acciones de amedrentamiento proseguían. Al cabo de otra semana más ya se pudo ingresar a Puerto Rico, por supuesto con salvo conducto emitido por la policía nacional donde también –con muchas restricciones- emitían los permisos escritos para poder efectuar reuniones con las comunidades. Allí, muchos campesinos y campesinas que habían participado en la marcha y habían vivido el horror de la masacre contaban sus historias, era gente que no había figurado en ninguna lista de heridos porque retornaron incluso 10 días después de haber caminado por el monte, pero que no tenían interés de hacerlo público ni sacar réditos de ello, sino de seguir luchando por el movimiento campesino  y seguir participando y reivindicando sus derechos.

Han pasado dos años desde aquellos días dolorosos y muchas cosas han cambiado en Pando y en el país. Algunos dirigentes ya no lo son, algunos que participaron en la marcha ya no viven en sus comunidades, algunos amigos tampoco están, pero muchos otros sí se quedaron en sus comunidades y con amplias expectativas respecto al proceso de cambio y a sentirse parte del mismo -especialmente los de la base social- aunque empiezan a entender cuán difícil es cambiar el sistema excluyente ahora con nuevas elites político económicas. Muchos ahora experimentan lo que es ejercer la función pública, y muchos en sus comunidades están esperanzados en el rol que estos nuevos líderes y lideresas puedan desempeñar a favor del sector campesino indígena.

Hoy, 11 de septiembre, seguramente habrán  una serie de actos conmemorativos e incluso de regocijo como lo ha denominado el Gobierno, pero en algunos corazones queda un vacío por la falta de justicia, queda la evidencia de que la vida y la muerte es algo que pasa y se olvida, queda un nudo en la garganta cuando se recuerda lo acontecido, lo vivido; pero también queda mucha esperanza porque esas muertes y esos vejámenes no hayan sido en vano, porque realmente sirvan para despertar un verdadero espíritu nacional de equidad y justicia, y superar la situación de vulnerabilidad y marginación de la población que vive en el norte amazónico de Bolivia.

(*) Pamela Cartagena es Responsable de Unidad Nacional de Desarrollo de CIPCA.

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