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El 30 de agosto de 1990, la Marcha por Dignidad y Territorio había llegado al medio mes de haberse iniciado.

Sin lugar a dudas, esta primera marcha indígena protagonizada por los pueblos mojeños junto a otros pueblos indígenas de tierras bajas se constituye en un parteaguas no solo de las formas de resistencia adoptadas para hacer frente al avasallamiento de sus territorios, sino del contexto político nacional porque imprime la necesidad de reconocimiento social de un sector excluido de la agenda estatal.

 

Los antecedentes de la marcha están muy ligados al proceso de organización de las comunidades indígenas, sobre todo las que mantuvieron los principios de la cultura reduccional jesuítica y que adoptaron la figura del “Cabildo” colonial (de Castilla), apropiándose de su estructura e imprimiéndole funciones muy ligadas a la realidad de sus pueblos. Quizás este proceso es más fácil de comprender si se toma en cuenta que el Cabildo en realidad es una forma orgánica-política que reproduce prácticas antiguas de la forma orgánica ancestral, que fue respetada hasta cierto grado por la influencia jesuítica. En este sentido, cobra real importancia no hablar sólo de la figura del Cabildo a secas, sino de la existencia del “Cabildo Indigenal”, como una forma propia de organización de los pueblos mojeños.

 

La organización comunal pronto se convierte en la base de las aspiraciones de una movilización que articula sus necesidades comunes, las mismas que estaban impuestas por la invasión de sus espacios territoriales debido entre otros factores a la expansión de las estancias ganaderas y a la presencia de empresas madereras alentadas por las políticas estatales, ambas portadoras de una lógica empresarial que desde todo punto de vista entraban en conflicto con las prácticas y el modo de vida de los pueblos de Mojos.

 

Los antecedentes de la marcha coinciden también con los deseos de expansión de la CIDOB que buscaba articular  a las organizaciones indígenas del Beni en su interior. Esta situación nos proporciona un dato interesante: que la articulación de los cabildos indigenales de las comunidades indígenas y las poblaciones peri-urbanas de las ex-misiones con mayoría indígena (como Trinidad y San Ignacio) fueron el inicio de un proceso de consolidación de las organizaciones indígenas a través de la adopción de formas supracomunales de representación (subcentrales y centrales indígenas), y que en esa dinámica el movimiento indígena sería capaz de alojar en su seno a diversos actores y reivindicar la heterogeneidad étnica como un valor, promoviendo una interculturalidad positiva desde sus inicios y respetando los márgenes de autonomía de las organizaciones de base, constituyéndose este hecho en una identidad colectiva manifiesta cuya estrategia y eje de acción se concentra alrededor de la demanda de reconocimiento legal de sus territorios.

 

Otros factores más externos que facilitaron el desarrollo del movimiento indígena hay que encontrarlo en los márgenes que permite el sistema democrático, entiéndase a partir de las oportunidades políticas que posibilitan las reformas estructurales demandadas; el ámbito internacional que progresivamente adoptaba un eje discursivo etno-ecológico, la presencia de ONGs dedicadas al apoyo y fortalecimiento orgánico, ejercicio de derechos y; el contacto y relacionamiento puntual con actores y sectores sociales del occidente del país, que los alentaron para defenderse frente a la penetración de las empresas madereras.

 

Es en este contexto que el mes de marzo de 1987 se organizó el Primer Encuentro de Autoridades Mojeñas, con la participación de aproximadamente 500 representantes indígenas, escenario que permitió la creación de la Central de Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM) que articulaba a las comunidades cercanas a la capital del departamento con los pobladores de origen mojeño-trinitario de la capital Trinidad. Con su nacimiento nace también una nueva forma de relacionamiento intercomunal y una nueva manera de encarar las relaciones con el Estado. El 10 de noviembre de 1989, la CCIM organiza el Primer Congreso de Cabildos Indigenales y Pueblos Nativos del Beni, donde los delegados asistentes deciden conformar la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).

 

Con la creación de la CPIB se amplían las metas y objetivos del naciente Movimiento Indígena, impulsando el alcance regional de la lucha por sus territorios. La CPIB asume los problemas y conflictos generados por las empresas madereras en las comunidades del denominado “bosque de tsimanes” (actualmente Territorio Indígena Multiétnico TIM 1), exigiendo el levantamiento de las concesiones forestales a favor de estas empresas, el reconocimiento del parque nacional Isiboro Sécure como territorio indígena y el reconocimiento del “Ibiato” (Loma Alta en idioma sirionó) como territorio del pueblo Sirionó debido a que el sector ganadero estaba avasallando su territorio de forma acelerada.

 

Estos problemas formulados como demandas coyunturales para el gobierno de turno desnudan no solo demandas concretas para ser agendadas y resueltas por el aparato estatal, sino que detrás del denominado “territorio indígena” se complejiza un universo simbólico cargado de connotaciones tales como autodeterminación, autogobierno, participación política. La “dignidad” escrita a cada paso en los pies de los marchistas desnudaba también que Bolivia no había superado el tema de la ciudadanización de sus habitantes, ni mucho menos había tenido la capacidad de reconocer la existencia de la heterogeneidad de la que estaba tejida su historia. Quedaba pendiente también la igualdad jurídica ante la ley, en un país que distaba mucho de reconocer a estos pueblos cansados del ostracismo interno como pueblos con historia, instituciones y organizaciones propias. Esta histórica marcha fue denominada “Por el Territorio y la Dignidad”, sintetizando en dos palabras el complejo camino de transformaciones que hoy en día vive el país en su conjunto.

 

Más allá de los resultados puntuales conseguidos por estos pueblos mediante estas acciones colectivas que hasta el momento suman siete marchas, estamos obligados a destacar esos logros que a diario olvidamos por pensar que la situación de  las cosas era igual hace 20 años atrás. Hace 20 años era más que imposible el pensar que un indígena llegue a ser nombrado, designado o elegido como autoridad de rango estatal, como también no era posible el pensar que las poblaciones indígenas tengan derecho a pedir el reconocimiento de sus instituciones y normas propias, que tengan el derecho de definir su destino a través de sus deseos de gestionar sus territorios de forma autónoma, en fin, que podamos pensar que Bolivia es un país con diferentes sociedades con los mismos deseos de participar en la construcción de un mañana mejor.

 

Nuestro más sincero homenaje en este mes aniversario a esos valientes hombres, mujeres, niños y ancianos que nos permiten ver un mejor futuro en esa larga marcha que aún perdura y nos guía hacia un Estado mejor.

(*) Edgar Izurieta es técnico de CIPCA Beni

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