Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural

A fines de 2017, específicamente el martes 19 de diciembre, el presidente Evo Morales Ayma, después de 4 horas de reunión sostenida con los representantes de los empresarios privados de Santa Cruz y Bolivia, hizo público el anuncio de la libre exportación de sorgo, carne de res, soya y derivados, azúcar, alcohol y subproductos; pero lo acordado con el empresariado tuvo además otros alcances, el gobierno manifestó su predisposición para retomar la discusión con relación al uso de la biotecnología en el agro, debiendo el sector privado presentar una propuesta al respecto, hasta fines de marzo de 2018.

El 10 de enero de 2018 los compromisos gubernamentales comenzaron a materializarse a través de la promulgación del Decreto Supremo 1554, dando vía libre a la exportación irrestricta de azúcar y alcohol. En el mes de marzo con la consigna de “Comprar lo verde y dejar de importar lo negro”, se establece un acuerdo entre el gobierno nacional y los agroindustriales promoviendo la ampliación de la producción de alcohol para ser utilizado como aditivo para gasolinas.

La libre exportación, también implica el incremento de la producción de caña de azúcar marcando el ingreso de Bolivia en el negocio de los biocombustibles, específicamente el etanol, un rubro que a decir del Centro Boliviano de Economía de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) podría generar aproximadamente 90 millones de dólares por año, equivalente a un 0,2% del Producto Interno Bruto de Bolivia, un negocio atractivo sí se considera que el sector agrícola cruceño, entre sus diferentes beneficios, hace uso de aproximadamente un 14,17% del total de diésel oíl subvencionado por el país, subvención que para el 2018 se tiene presupuestada en 230 millones de dólares (El Día), además de contar con el acceso a créditos productivos, tasas preferenciales y periodos de gracia, acciones políticas preferenciales que benefician a grupos corporativos de la agroindustria y no llegan al conjunto de la población.

Estas señaladas corporaciones podrán mejorar más sus ingresos aprovechando la caña para generar una producción estimada de 80 millones de litros de etanol en la gestión 2018, que será mezclado con la gasolina para ahorrarle al país 400 millones de bolivianos, con un mercado seguro a través de la intermediación de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), procurando incrementar la producción de caña de azúcar, ampliando para ello la superficie cultivable. El presidente del Estado, Evo Morales, destacó que el proyecto permitirá incrementar el área de siembra en aproximadamente 18.000 hectáreas este año y en 2025 se prevé alcanzar una superficie de 155 mil hectáreas. Los empresarios cruceños adelantaron que será necesario más que duplicar la superficie agrícola cañera para superar las 320 mil hectáreas en el curso de los próximos años, para lo cual se prevé invertir 1.600 millones de dólares, afirmando que es un producto amigable con el medio ambiente y que ayudará a reducir las emisiones de dióxido de carbono (Página Siete).

La producción de biocombustibles considerada energía limpia sigue en entredicho, no solamente en el país sino también en otros países, no es tan limpia como se asegura, para su producción requiere de combustibles fósiles, se incrementa el monocultivo, que a su vez requerirá el aumento de agroquímicos, se amplía la deforestación, las disputas por los recursos naturales, principalmente tierra y agua, inclusive, bajo la premisa de aumentar la productividad, podría llegar a demandarse la inserción de organismos genéticamente modificados (transgénicos), una posibilidad a la que el Gobierno se ha mostrado abierto para su discusión, pero también tiene impactos sociales en los trabajadores, implicancias que no se están discutiendo en su verdadera amplitud.  

Además, la producción de biocombustibles contraviene con la legislación boliviana, cabe recordar  que en octubre de 2012 el gobierno de Evo Morales Ayma promulgó la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que en su artículo 24, numeral 11  señala: “Las bases y orientaciones del  Vivir Bien, a través del desarrollo integral en agricultura y ganadería son: prohibir la producción de agrocombustibles y la comercialización de productos agrícolas para la producción de los mismos en tanto que es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía con seguridad alimentaria”.

En este marco es necesario referirnos a los impactos sociales que podría ocasionar la ampliación de la producción de caña de azúcar a un grupo de actores invisibilizados en la cadena productiva e industrial del azúcar, alcohol y etanol: el sector de las y los zafreros, personas que se dedican al cortado manual de la caña y su acumulación en fardos de una tonelada para su posterior carga en camiones que trasladan el producto hasta los ingenios cruceños. Un trabajo que se desarrolla de manera estacional, entre los meses de mayo y octubre. Este sector, junto a otros rubros forma parte de los asalariados del campo del país, quienes se encuentran al margen de la Ley General del Trabajo que en su primer artículo señala dentro su alcance y aplicación la regulación de todas las relaciones laborales en el territorio nacional, a excepción del trabajo del campo, aclarando que el mismo será normado por una ley especial. Desde el año 1939 esa ley especial no se concretó para la protección de los derechos laborales, persistiendo la indefensión de un sector que desarrolla su labor en condiciones totalmente precarias, con jornadas que superan las 12 horas, en altas temperaturas, humedad, sol, mosquitos y serpientes, habitando campamentos precarios e improvisados, además de estar cubiertos por el hollín resultante de la quema de caña que se realiza para facilitar el corte de los tallos, pero sobre todo, algo que llama la atención son los salarios a destajo que son pagados en función a la cantidad de caña cortada; el 2016 en la zona cañera del departamento de Santa Cruz, que aglutina aproximadamente un 90% de la producción nacional, se han generado más de 15 millones de dólares (IBCE), en la misma gestión, los zafreros percibieron un pago por tonelada de caña de azúcar que osciló entre los 25 y 31 bolivianos. Los años 2014 y 2015 el rango salarial fue semejante.

La zafra es un trabajo caracterizado por exigir alto desgaste físico, un zafrero llega a cortar entre 3 y 5 toneladas por día, pudiendo aumentar esta cantidad de acuerdo al número de integrantes de la familia que apoyan en el corte. Del total ganado, una mayor parte se destina a la alimentación y ropa, muy poco para el ahorro, además de ser pocas las mujeres que perciben estos pagos, quedando invisibilizado su trabajo al sumarse a lo remunerado a su pareja (marido, compañero, hermano, padre, etc.).

A la mermada ganancia se debe agregar, en muchos casos, la terciarización del trabajo, pues los responsables del Ingenio o los propios empresarios cañeros prefieren recurrir a contratistas para evitar responsabilidades patronales, promoviendo un sistema de “esclavitud moderna”, donde el trabajador es captado a través del pago de un adelanto (enganche), emprendando su fuerza laboral como parte de pago por la obligación contraída, el contratista también retiene para sí un monto de dinero por tonelada de caña cortada, además de revender en campo al trabajador, productos alimenticios y de primera necesidad a precios doblados de su normalidad, de allí que al concluir la zafra, muchos zafreros queden con deudas en lugar de ganancias.

Según Hernán Anagüa, Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Zafreros de Caña de Azúcar, el posible crecimiento de la superficie sembrada de caña también implica la inserción de maquinaria para su siembra y cosecha, ante ello, el señala que “ya se ha comprobado cómo una cosechadora realiza el trabajo de 350 zafreros en un día”, atentando a la fuente de trabajo para más de 15.000 personas que se trasladan desde diferentes partes del país a Santa Cruz para emplearse en la zafra según datos señalados por el periódico El Norte.

Si bien el gobierno apuesta por dinamizar la economía nacional y reducir los gastos por la importación de combustibles a través de la elaboración de agrocombustibles, no se están dimensionando los impactos ambientales y sociales. La ampliación de hectáreas de producción de caña implicará necesariamente el involucramiento de un mayor número de trabajadores, aunque se incorpore maquinaria para sustituir la fuerza de trabajo. Se seguirán generando fuentes de empleo precario e informal, estacional, sin ningún beneficio social, con salarios bajos que no son equivalentes en comparación con el gasto de energía física que implican. Si no se mejoran las condiciones laborales y no se reconocen los derechos de los trabajadores zafreros, los empresarios seguirán generando grandes ganancias, reduciéndose los gastos por importación de combustibles a costa del bienestar de este sector, totalmente desprotegido por la Ley General de Trabajo.

Por lo señalado, es importante que la liberación de las exportaciones y el ingreso a la producción de etanol, no deje de lado el impacto social que implica en todos los actores que intervienen en los eslabones de la cadena productiva de la caña, resguardando las fuentes laborales y sobre todo los derechos de las familias zafreras, más aún, si se toma en cuenta que la materia exportable debiera estar libre en todo su proceso productivo de lesión a los derechos laborales. Si una tonelada de caña de azúcar genera azúcar, alcohol, etanol y tiene la probabilidad de llegar a mercados internacionales, esta tonelada debe guardar reciprocidad de beneficios tanto para exportadores, ingenios, cañeros y a los trabajadores zafreros de base que dejan su esfuerzo físico diario para poder conseguir esa materia exportable, pudiendo originar un bono de producción que sea cancelado por el empresariado a quienes intervienen en cualquiera de las fases de producción, además de velar por el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad en los campamentos de trabajo, la garantía de un seguro especial de salud y la inclusión del sector en un régimen que garantice su seguridad social a largo plazo, a través de una jubilación digna.

 

 

* Jorge Luis Rios Cabrera es Técnico de CIPCA Santa Cruz.