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Con o sin movidas de por medio, el máximo tribunal electoral del Ecuador ha ratificado el triunfo de Lenín Moreno, el candidato oficialista. Lo había vaticinado ya encuestas previas y ahora lo ratificó el propio tribunal electoral, con una diferencia de 2 puntos porcentuales. Ajustado, pero creo que claro resultado; como ajustado pero claro fue en Bolivia el triunfo del NO en el referéndum de 2016, sobre algo que recién debe aplicarse en 2019.

Nos alegramos de ese triunfo, que libera a la izquierda ecuatoriana de la debacle de Brasil, en ese caso con un indudable golpe parlamentario, orquestado por Eduardo da Cunha, quien ahora ya tiene sentencia de cárcel, por sus propias maquinaciones, y que tal vez alcancen al Presidente brasileño que sucedió a Dilma Rousseff. O de la debacle de Venezuela, a la que la OEA añadió una turbia movida sacando de la presidencia temporal a Bolivia.

Una primera enseñanza para Evo y Álvaro es que pueden seguir vinculados al poder manteniéndose a un lado. Pero la condición sine qua non para ello es que no se engolosinen con el poder y que preparen para tal efecto a otra gente, como en este caso pasó con Lenín Moreno, quien fue incluso vicepresidente de Ecuador hasta no hace mucho.

Una segunda enseñanza es que Lenín Moreno es un discapacitado que anda en silla de ruedas, como secuela de un asalto que sufrió hace varios años. Ello le ha dado una sensibilidad especial con relación a los discapacitados y a las sensibilidades alternativas que entonces desarrollan. Habría sido útil para Bolivia tener a alguien semejante durante el conflicto con las personas con discapacidad asentadas a una cuadra de la plaza Murillo durante meses, y que nunca recibidos para un diálogo directo con el Presidente. Sin negar el hecho de que hubo posiciones intransigentes entre algunos de esos discapacitados bolivianos, es indudable que alguien como Moreno está mucho mejor equipado para percibir y manejar ese tipo de situaciones.

No sé, en cambio, cómo se manejarán ahora otras situaciones como la relación con los pueblos y organizaciones indígenas. En ese punto Rafael Correa desde un principio se aplazó; no sabemos qué hará ahora Lenín Moreno. Al principio del gobierno de Evo me habría animado a pensar que en ese punto Ecuador podría haber aprendido de Bolivia y de su nueva CPE. Pero después, Evo la ha dejado de lado, como si fuera un “papel mojado”; por ejemplo en el caso de la consulta previa, libre e informada. Evo y Correa se han aplazado en casos relacionados con el medio ambiente; como el TIPNIS, en Bolivia, o el parque Yasuní, en Ecuador...

O en el caso de las autonomías indígenas, constitucionalizadas de manera más clara y extensa en Bolivia (CPE 2009, artículos 2, 11-II.3; 30 y 31; 98, 179-I y II; 190 a 192; 210 y 211; 289 a 296; 303 y 304; 352; 384; 388; 394-III; 403). De forma más restringida también aparece en la CPE ecuatoriana de 2008, pero solo en dos partes: en los artículos generales 56 a 60 y en el Art. 171 sobre la justicia indígena. La principal innovación de esa CPE es más bien su capítulo sobre los derechos de la naturaleza o Pachamama (artículos 71 al 74).

Una cosa es lo que dice la CPE y otra lo que se hace desde el Gobierno, al que ya no le interesa ceder parte de su poder a otros, incluidas esas Autonomías Indígena Originaria Campesinas (AIOC). Ni en Bolivia ni en Ecuador sus gobiernos se han animado a prohibirlas de manera directa, pero les ponen tantas trabas burocráticas que muchos se desaniman. Incluso en Bolivia, cuya CPE es tan clara y extensa en ese tema, se bloquea el proceso autonómico indígena con esas trabas: hasta abril 2017, solo el municipio guaraní de Charagua ha logrado superar esa maraña burocrática.

 

 

Xavier Albó es antropólogo, lingüista y jesuita.


Artículo publicado el domingo 9 de abril de 2017 en La Razón.

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