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Propuestas Económicas Productivas

La insistencia en las condiciones de desventaja de las mujeres que las mostraron, con evidencias empíricas, en los primeros puestos en la pobreza, como víctimas de violencia, y con la pesada carga de trabajo que ha implicado su participación económica en el mercado de trabajo y su participación política, ha sido sin duda la forma de visibilización de la condición de desigualdad estructural en las que se encuentran  las bases iniciales para exigir y conquistar sus derechos.

Desde otra perspectiva, se enfatizó en el reconocimiento de sus aportes como su trabajo en la economía, en la cultura, en el desarrollo, pero en desigualdad de condiciones. Este reconocimiento discursivo acerca de las contribuciones de las mujeres, y en particular de las mujeres rurales no encuentra correspondencia con la realidad que presenta una marcada desigualdad en el acceso a recursos educativos, tecnológicos, de tierra, crédito y otros recursos productivos, que ha conducido a que la agenda política de las mujeres rurales ya no sea solo de reconocimiento social y cultural,  sino de redistribución económica.

Si bien, se han desplegado políticas y programas estatales y privados, no se ha logrado comprender que no se trata solo de introducir la perspectiva de género de una manera tecnicista, de ampliar las posibilidades de empleo, de mejorar los términos de su producción y productividad, de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de bienes. Todas estas medidas resultan favorables, sin duda, pero si pierden su finalidad, se está abriendo una gran compuerta para que la explotación y sobreexplotación de la fuerza de trabajo femenina se intensifique.

La globalización a través de sus múltiples y complejos despliegues, especialmente en países como el nuestro, representa la expansión del capitalismo que adopta diversas formas, recurriendo incluso a formas de trabajo que no sólo son las salariales, sino el trabajo no remunerado familiar, y otras que se suponían superadas como la servidumbre, que expone de manera nítida el carácter depredador del capitalismo de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, y en esta lógica del despojo de las condiciones básicas de reproducción humana con una influencia nociva en las mujeres rurales por su papel fundamental en este ámbito.

El modelo económico actual, aún de los diversos eufemismos utilizados como el desarrollo, busca la modernización de la agricultura que se ha ido dando paulatinamente desde hace varias décadas, y que hoy es consolidada y profundizada bajo pautas de un modelo productivo que reorganiza la producción, reordena los territorios, ejerce nuevas formas de control de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales con una racionalidad comercial y de exportación, uno de cuyos impactos más importantes es el desplazamiento de las mujeres en un proceso creciente de su importante aporte a la producción de subsistencia, hacia la producción comercial.

Las transformaciones rurales y agrarias han reconfigurado la dinámica rural y agrícola, en cuyo contexto se evidencian tres principales tendencias en cuanto al trabajo de las mujeres: la reducción del empleo agrícola rural; el incremento de las mujeres en actividades no agrícolas y la ampliación del trabajo asalariado con un paulatino aumento de la participación de las mismas. A pesar de que estas tendencias van tomando cuerpo la actividad agrícola sigue ocupando a la mayor parte de la población rural, y especialmente a las mujeres. La participación de las mujeres en la agricultura se mantiene como preponderante. Es decir, que la economía rural tradicional agrícola a través de la pequeña agricultura familiar de subsistencia sigue concentrando a la mayor cantidad de las mujeres rurales.

El reconocimiento de las mujeres rurales, sus alcances y límites

Las mujeres rurales han adquirido mayor reconocimiento destacándose en el caso de las mujeres indígenas/campesinas/originarias tres ámbitos de reconocimiento: el cultural, ambiental y el económico. Desde la perspectiva cultural se privilegia el perfil de las mujeres rurales como garantes de la preservación y reproducción cultural; desde la dimensión ambiental como cuidadoras y protectoras de los recursos naturales, del bosque, del agua. Desde lo económico, se subraya el aporte económico y productivo, como su actual y potencial contribución a la seguridad y soberanía alimentaria.

En todas estas perspectivas predomina una concepción esencialista y utilitarista que no logra que las mujeres asuman la condición de sujetos sociales y económicos en igualdad de condiciones y de derechos, con ejercicio de autonomía, libertad y de una ciudadanía plena. La realidad muestra que este trabajo y aporte de las mujeres fue y es fundamental para la subsistencia de sus familias y sus comunidades, que lo hicieron no sólo como extensión de su condición natural de reproducción biológica, sino porque históricamente participaron activamente en la producción para la subsistencia que garantizó la reproducción material de la humanidad. Fueron y son productoras, trabajadoras, agentes económicos, con un papel sustancial en la producción material y en la reproducción de la vida.

El reconocimiento, que es importante, se ha expresado en las leyes y en disposiciones que contemplan los derechos de las mujeres. Este reconocimiento legal ha tenido un impacto en la sociedad con adecuaciones a las características culturales de contextos específicos. Se puede afirmar que las leyes tienen efectos culturales en procesos lentos con tendencia a su funcionalización e instrumentalización al sistema patriarcal/colonial/capitalista dominante, de tal manera que paradójicamente con un conjunto de leyes progresistas, se mantiene y reproduce la subordinación, dominación de las mujeres. Las reformas legales formales adquieren importancia discursiva y simbólica, sin su plena aplicación, evidenciándose la brecha entre la ley y su aplicación que contribuye a la reproducción de la desigualdad estructural de género en nuevos contextos y con  nuevos desplazamientos en la relación colonial y capitalista.

La CPE introduce el reconocimiento y valorización al trabajo de las mujeres en dos dimensiones: el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. En cuanto al trabajo denominado productivo, introduce el criterio redistributivo, estableciendo  medidas de acceso a recursos productivos como el derecho al acceso a la tierra (Art. 395) y la obligatoriedad de establecer políticas que eliminen la discriminación de las mujeres en el acceso a la misma (Art. 402). Con referencia al trabajo reproductivo dispone la necesidad de valorizar el trabajo del hogar al ser fuente de riqueza (Art. 338), cuya finalidad es visibilizar el aporte económico de las mujeres en éste ámbito.

Estas conquistas de las mujeres no se aplican en la realidad, no tienen un correlato con medidas prácticas que permitan esta valorización que es negada por el enfoque vigente de la economía que rige los métodos de valorización de la producción nacional sin considerar el trabajo no remunerado y no mercantil que realizan las mujeres en forma generalizada en la esfera reproductiva. Esta vital actividad, que es también económica, aparece como no trabajo y como no económico,  sin permitir la visibilización del aporte económico real de las mujeres en la producción de bienes y servicios producidos en las unidades de la pequeña agricultura familiar en ambas perspectivas intrínsecas: la producción de bienes para el consumo y para el mercado; y la producción de bienes y servicios destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo que no pasa por el mercado. 

El aporte económico de las mujeres rurales, indígenas, originarias/ campesinas

El aporte económico de las mujeres rurales, indígenas, originarias/campesinas, debe ser comprendido en el actual contexto de transformaciones rurales y de la agricultura; transformaciones que se dan en la estructura productiva, en las dinámicas territoriales, en la creciente importancia de la economía rural no agrícola, condicionada por el deterioro de los recursos naturales y la incremental intervención del Estado, a través de nuevos procesos como es la autonomía, programas de desarrollo y dotación de servicios, con el sustrato del despliegue político actual. 

Ante la persistencia de la pobreza estructural, la inseguridad alimentaria y los nuevos términos de la demanda comercial surge con renovada importancia estratégica: la agricultura, los recursos naturales y el trabajo humano, en cuyo contexto adquiere cada vez más importancia el trabajo de las mujeres rurales; importancia que es planteada explícitamente en un contexto de la crisis alimentaria, la crisis ambiental y la crisis económica; crisis que se estima que se profundizará en  América Latina.

Las actuales tendencias del desarrollo agrícola se basan en la apertura comercial, la especialización en rubros no tradicionales y el crecimiento de las actividades no agrícolas con el ascenso del empleo rural no agrícola. La diversificación de los empleos rurales con énfasis en actividades no agrícolas es una tendencia que ha modificado las formas de inserción económica de las mujeres rurales, las mismas que son parte activa en esa diversificación. Según datos de la FAO, más del 50% de las mujeres rurales en América Latina trabajan en actividades no agrícolas y en un 45% corresponde a su ocupación principal.

La importante participación en la generación de ingresos procedentes de actividades fundamentalmente agrícolas, pero en tendencia creciente en actividades no agrícolas, es  un fenómeno que va en ascenso aunque la mayoría de las mujeres permanece aún en sectores de la pequeña agricultura familiar, siendo la participación en Bolivia una de las más altas de América Latina, el 77% de las mujeres rurales se mantienen en agricultura, ganadería y caza.  La tasa de participación global de las mujeres en el área rural asciende a 66,12% frente al 82,39% de los hombres. La tasa de ocupación es de 65,41% y de los hombres es de 81,84%, la tasa global de ocupación de mujeres es del 98, 93% y el de los hombres del 99,33%. (INE)

La agricultura sigue siendo el factor definitorio de los espacios rurales con una dependencia de la ubicación y disponibilidad de recursos naturales para su existencia. Aunque se despliegan procesos transicionales hacia emprendimientos de predominio del capital, la agricultura presenta una estructura dual compuesta, por un lado, por empresas formalizadas con orientación a mercados competitivos y globales que son responsables de una alta proporción del producto sectorial. Y por otro lado, se mantiene una agricultura con precario acceso a activos productivos, baja productividad, menor integración a los mercados, pero responsable de una alta proporción del mercado laboral del sector y de la producción de algunos productos agrícolas, esencialmente alimentos básicos en cuyo espacio se encuentran insertas la mayor parte de la población laboral femenina rural. La agricultura familiar y los pequeños emprendimientos agrícolas significan una alta proporción del empleo y constituyen una de las bases fundamentales de la vida rural desde la perspectiva poblacional, social, cultural y económica.

Diversos esfuerzos  han permitido estimar su participación en la producción y los valores correspondientes, evidenciando el importante aporte económico de las mujeres en los hogares rurales pobres y no pobres, de manera aproximada, manteniéndose la valorización del aporte económico aún como un desafío que es obstaculizado por las formas de construcción del conocimiento en la economía que niega valor a todo aquello que no es mercancía. De referentes aproximados se tiene que las mujeres presentan un promedio de horas trabajadas por semana en la agricultura, pecuaria y pesca de 38,10 horas, los hombres registran 43,40 horas, tomando en cuenta esta actividad como ocupación principal.

Para el 2013 se registra que las mujeres tienen como ingreso promedio mensual en la agricultura, pecuaria y pesca, Bs 588; en cambio los hombres reportan un ingreso de Bs 1.119 que representa una brecha del 48%. En el área urbana, en la misma ocupación principal, las mujeres obtienen Bs 1.430 y los hombres Bs 2.103. En esta relación se muestran dos fenómenos: i) la permanencia de la brecha de género en ingresos urbanos y rurales y la brecha entre mujeres urbanas y mujeres rurales que expone los bajos ingresos como un indicador de precariedad en el área rural; además ii) la brecha de género en el ámbito rural.

Las formas de estimación, por un lado, invisibilizan el trabajo no remunerado de las mujeres en la agricultura, pecuaria, caza y pesca porque se subestima la participación de las mujeres en los cálculos de producción y de ingresos de la pequeña agricultura familiar. Y por otro lado, para la economía solo cuenta el trabajo mercantil, aquel destinado a la producción de mercancías que es reconocido como trabajo productor de valor y no aquel que es productor de vida, que es el trabajo no mercantil y no remunerado, que cumple un papel fundamental en la reproducción de la fuerza de trabajo y en el proceso de acumulación capitalista.

Se subvalora el trabajo de las mujeres en la producción y específicamente en la producción para el consumo familiar que se concentra de manera importante bajo su responsabilidad; se ignora la existencia del trabajo reproductivo de las mujeres, su importante aporte en la reproducción de la vida a través del trabajo del cuidado, que contribuye decisivamente a la sostenibilidad de la vida. La economía expresa su gran fallo que privilegia el capital en forma unilateral e inhumana. Se calculan el valor de las mercancías, no importa el valor de la vida. Las mercancías generan ganancias, la vida se ha convertido en un recurso para la acumulación del capital.

Las construcciones del conocimiento se fundan sobre supuestos criterios de verdad que segregan, excluyen y terminan en presentar a las mujeres con menores capacidades y aportes económico productivos, y a la pequeña agricultura familiar como tradicional, sin competitividad y con la necesidad de su desaparición para dar lugar a emprendimientos de orientación comercial, mono productora, competitiva y de exportación, bajo nuevas formas de explotación del trabajo de las mujeres, de relaciones de subordinación al capital, sin modificar sustantivamente sus condiciones de vida y profundizando la desigualdad de género y la económica.

 

(*) María del Carmen Sánchez es investigadora en temas rurales, género y trabajo.

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