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La implementación de las autonomías indígena originario campesinas (AIOC) se inició un 2 de agosto de 2009 con la promulgación del Decreto supremo 231, luego formalizada por el referendo de acceso a las autonomías del 6 diciembre del mismo año, desde entonces han transcurrido 5 años. Las organizaciones indígenas y originarias de los 11 municipios en conversión a la AIOC en su intento de concretar el derecho a la libre determinación y al autogobierno indígena han desarrollado muchas reuniones, discusiones, movilizaciones, resoluciones, audiencias y trámites administrativos. A pesar de estos esfuerzos no lograron constituir sus gobiernos autónomos indígena originarios mediante normas y procedimientos propios, ya que la elaboración y aprobación de los estatutos están demorados por trámites administrativos morosos y, en algunos casos, por conflictos internos en los municipios.

Los 11 municipios en transición a la AIOC están en distintos momentos de elaboración de sus estatutos autonómicos, 7 de ellos, desde mediados de 2012, enviaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión constitucional y los otros están demorados en la elaboración de sus estatutos por falta de acuerdos sobre algunos temas conflictivos. Solamente las organizaciones indígenas de los municipios San Pedro de Totora de Oruro y Charagua del Chaco cruceño lograron la constitucionalidad plena de sus proyectos de estatuto autonómico después de dos años de trajines y gestiones ante el Tribunal Constitucional.  En estos dos casos, falta el último paso, el referendo de aprobación de sus proyectos de estatutos, esperemos que pueda realizase antes de las elecciones municipales de 2015. Los proyectos de estatuto de Mojocoya de Chuquisaca, Uru Chipaya y Pampa Aullagas de Oruro tienen resolución de constitucionalidad con observaciones de varios artículos, éstos ya fueron subsanados y devueltos al TCP. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se ha convertido en un obstáculo para la implementación de las autonomías indígenas, la revisión de constitucionalidad toma más tiempo que la elaboración de estos documentos. 

Las organizaciones indígenas de San Pedro de Totora y Charagua tienen el reto de aprobar sus estatutos por consulta popular a su población  o por referendo, todavía no hay una fecha definida para ello por el TSE, exigen que este proceso se realice antes de las elecciones municipales de 2015 para constituir los gobierno indígenas, algunos vocales manifestaron que podría ser en el mes de noviembre de este año. Sin embargo, el TSE determinó que la pregunta para el referendo de aprobación de los estatutos sea constitucionalizado. Una simple pregunta tiene que pasar por el control de constitucionalidad, este proceso durará por los menos 6 meses o quizá más por los problemas que enfrenta este organismo. Así como van las cosas, es muy probable que no se realice el referendo de aprobación de los estatutos autonómicos antes de las elecciones municipales y, por tanto, no se constituirán los gobiernos indígenas a través de normas y procedimientos propios establecidos en sus estatutos. Los procesos administrativos y burocráticos, a veces in necesarios, dificultan la construcción de gobiernos autónomos indígenas, el ejercicio de la libre determinación y, por tanto, la construcción fáctica del Estado plurinacional.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, promulgada el 2010, establecía 360 días a partir de la instalación de los gobiernos municipales autónomos transitorios (abril de 2010) para la aprobación de los estatutos autonómicos indígenas; este plazo feneció en abril de 2011, cuando los estatutos estaban en proceso de elaboración. En caso de no aprobarse los estatutos en el plazo inicial, decía la misma norma, el pueblo indígena originario campesino, titular de la autonomía, de manera excepcional definirá un periodo de ampliación de trescientos días como máximo. Estos plazos ha sido superado ampliamente y no existen estatutos aprobados por referendo, solamente dos municipios están a punto de lograr este objetivo. 

Lo que preocupa son las elecciones municipales que están a la vuelta de la esquina, al no existir estatutos autonómicos aprobados por referendo, se tendría que convocar a la renovación de autoridades municipales en los 339 municipios, incluidos los que están en proceso de conversión a la AIOC, estos últimos en calidad de provisionales hasta la probación de los estatutos. Sin embargo, las organizaciones indígenas y originarias proponen ya no elegir alcaldes como en el 2010, ya que éstos en vez de apoyar al proceso autonómico los obstaculizaron, lo que se plantea más bien es constituir gobiernos indígenas originarios transitorios elegidos por normas y procedimientos propios con vigencia hasta la aprobación de los estatutos, estas autoridades tendrían la misión principal de impulsar la aprobación de los estatutos autonómicos y garantizar la transición de gobiernos municipales a los autogobiernos indígena originarios. La mencionada propuesta de Ley tendrá que modificar la Ley Marco de Autonomías, en el que se define la conformación de los autogobiernos indígenas una vez puesto en vigencia los estatutos.

El avance en la implementación de las autonomías indígenas y las salidas a la incertidumbre generadas por las próximas elecciones municipales dependerá de la voluntad política de las autoridades del Estado, en sus diferentes instancias, como el Ministerio de Autonomías, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral. Es urgente establecer acuerdos y compromisos políticos entre estas instancias estatales y las organizaciones indígena originarias titulares de la autonomía indígena y así viabilizar y constituir los autogobiernos indígenas. También es necesario retomar el debate de la autonomía y el autogobierno indígena en el marco de la reconstitución de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos para la construcción del estado plurinacional, aunque esto puede contradecir el proceso político que impulsa el gobierno actual.

 

(*) Fredy Villagomez Guzmán es miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA.

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