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Propuestas Económicas Productivas

Se ha dicho ya bastante, desde diferentes perspectivas y con diversos propósitos sobre la Cumbre del G77 y la Declaración de Santa Cruz. Por un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien. Aquí queremos referirnos a temáticas vinculadas con el mundo rural: desarrollo sostenible, la agricultura, y soberanía y seguridad alimentaria.

Se reafirman postulados de anteriores cumbres  y llama la atención que no se hayan tomado compromisos más claros y decididos sobre el hambre, la producción de alimentos, el rol y posición de los denominados agricultores familiares. Asimismo, que ni una sola vez se hace referencia a la soberanía alimentaria, noción sobre la que el Gobierno boliviano hizo un enorme esfuerzo en el desarrollo normativo al respecto. Veamos.


Por un lado, se expresa una profunda preocupación por la continua inseguridad alimentaria, la extrema volatilidad de los precios de los productos básicos y los problemas que plantea el cambio climático para los países en desarrollo (44). Se reafirma: "el hambre es una violación de la dignidad humana e instamos a que se adopten medidas urgentes en los planos nacional, regional e internacional para eliminarla. Reafirmamos también el derecho de toda persona a disponer de alimentos sanos y nutritivos de conformidad con su derecho a una alimentación adecuada y su derecho fundamental a no padecer hambre ... reafirmamos también nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de las generaciones presentes y futuras a alimentos suficientes, sanos y nutritivos…”(68).


Se denuncia, adecuadamente, "que las subvenciones y otras distorsiones del mercado impulsadas por los países desarrollados han perjudicado gravemente al sector agrícola de los países en desarrollo, limitando la capacidad de este sector fundamental para contribuir significativamente a la erradicación de la pobreza y a un crecimiento económico sostenido e incluyente, al desarrollo sostenible y equitativo, a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Pedimos que se anulen de inmediato todas las formas de subvenciones agrícolas y otras medidas adoptadas por los países desarrollados que distorsionan los mercados…” (69). Sin embargo, no se menciona ni una palabra sobre las transnacionales, el agronegocio, el agroextractivismo, la compra y disputa por tierras y otros recursos naturales que campean en la región latinoamericana y africana desalojando o poniendo en riesgo la vida de comunidades locales sean   campesinas o indígenas.


Se pone de relieve "la urgente necesidad de intensificar en los planos nacional, regional e internacional los esfuerzos para alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola… (se exige) una financiación sostenida y más inversiones dirigidas concretamente a aumentar la producción de alimentos en el mundo, y pedimos recursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para materializar el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria”. (72). No queda claro quiénes serán los sujetos que aumentarán la producción de alimentos y tampoco hay un compromiso de incrementar inversiones propias con fondo públicos; se limitan a pedir y exigir financiación, cuando es exactamente lo contrario que manifiestan muchos gobiernos.


Se pone de relieve "la necesidad de fortalecer el sector agrícola… destacando la importancia de que en las estrategias nacionales, regionales e internacionales dirigidas a alcanzar esa seguridad se incluyan los conocimientos, las prácticas y las tecnologías propias de los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los pequeños y medianos productores agrícolas” (73) pero no queda claro si el interés es sólo por los conocimientos y prácticas o también por esos pueblos y comunidades en tanto que sujetos productivos y económicos.


Igualmente, consideramos que no sirve de mucho reconocer "la función positiva que desempeñan los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, incluidas las mujeres, las cooperativas, los pueblos indígenas y las comunidades locales de los países en desarrollo, así como sus conocimientos y prácticas en la conservación y el uso sostenible de las semillas, la biodiversidad agrícola y la biodiversidad vinculada a la producción de alimentos de las generaciones presentes y futuras” (78), si no se toma una postura y una decisión clara de potenciarlos y fortalecerlos precisamente porque contribuyen a la seguridad alimentaria, pero cada vez más en condiciones desventajosas. La Declaración es tímida e indecisa.


Es más, sólo se atina a decir que "debería prestarse apoyo a la actividad económica de la agricultura familiar sostenible… a fin de mejorar su situación y promover su desarrollo, en particular facilitando su acceso a los servicios financieros, los recursos productivos y los insumos agrícolas, como las tierras, las semillas, los medios tecnológicos adecuados, el transporte y la información” (81). Nuevamente la indecisión.


Al final hay una tímida expresión que sostiene: "Fomentaremos la adopción de medidas exhaustivas y complementarias tanto a nivel nacional como regional en materia de producción, acceso y consumo sobre la base de una planificación integral, multisectorial y participativa, volviendo a evaluar y fortaleciendo la agricultura familiar sostenible, las pequeñas explotaciones agrícolas, y las prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y los afrodescendientes” (82), sin dejar claro qué van a volver a evaluar.

 

(*) Lorenzo Soliz es director general de CIPCA.


Artículo publicado el domingo 6 de julio de 2014 en Página Siete.

 

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