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El pasado 13 de mayo el Tribunal Supremo Electoral presentó la delimitación de circunscripciones uninominales que regirá las elecciones generales previstas para el 12 de octubre de este año. Los nueve departamentos suman 130 escaños, de los cuales 29 son para La Paz, 28 para Santa Cruz, 19 para Cochabamba, 13 para Potosí, 10 para Chuquisaca, 9 para Oruro, 9 para Tarija, 8 para Beni y 5 para Pando. Que incluyen senadores, diputados plurinacionales, uninominales y especiales.

El TSE en principio anunció que para la reconfiguración del mapa electoral se aplicaban los criterios “constitucionales” de territorio y población; aplicados dichos criterios las principales ciudades capitales se quedaron sin diputados. Frente al anuncio de movilizaciones en La Paz y Santa Cruz, el órgano electoral modificó su primer mapa con lo que alejaba las protestas ciudadanas. Pero la realidad es más terca y se encarga de recordarnos que esta Bolivia plurinacional es mucho más que su “eje troncal”. Paradójicamente la configuración de las nuevas circunscripciones, en base al criterio sobre todo de población y no tanto de territorio, resurgen las debilidades del TSE con su frágil sustento del criterio territorial, y vuelve a golpear la credibilidad de este poder del Estado. Esta decisión, bajó los ánimos de los sectores urbanos (de ciudades capitales) pero lamentablemente no resolvió problemas estructurales de la realidad rural boliviana.

En ese marco se dieron las movilizaciones de los comunarios de la provincia Chayanta bloqueando la carretera Potosí – Oruro, de los comunarios de la provincia Azurduy bloqueando la carretera de Sucre al Chaco y de los comunarios de las 20 provincias paceñas bloqueando varias carreteras. Movilizaciones que fueron desactivadas de urgencia con la decisión del TSE de “ajustar” 6 circunscripciones uninominales en La Paz, 1 en Chuquisaca y 1 en Potosí. Esta decisión de retroceder en el mapa electoral, ratifica el trabajo desprolijo e inconsistente del máximo órgano electoral plurinacional; pero no resuelve problemas de fondo creados con dicho mapa. Así lo demuestra el hecho de que la capitanía guaraní de Kaaguasu (municipio de Gutiérrez, Santa Cruz) espera respuesta de las autoridades antes de asumir medidas de presión, y que los municipios del valle alto cochabambino Sacabamaba, Toco, Cuchumuela, Villa Rivero y Tacachi se hayan declarado en estado de emergencia; cuyo detonante son los desajustes causados en el tejido social e institucional rural boliviano por el nuevo mapa electoral, la misma razón de los campesinos potosino, paceños y chuquisaqueños. 

Los que hicieron público su descontento, argumentaron que el TSE los había “descuartizado”, que es lo mismo que se reclama al Estado colonial y republicano. Esto es porque el TSE no tomó en cuenta el complejo entramado de relaciones e institucionalidad que se construye en los territorios a lo largo de ciclos históricos; territorios que no necesariamente coinciden con la división político administrativa y que existen a pesar de ella. Esta nueva delimitación electoral ha pasado por alto la dinámica organizativa que tiene sus respectivas pulsiones políticas. En estas regiones movilizadas, como en toda la Bolivia rural, existen estructuras organizativas de larga tradición histórica: sindicatos, ayllus, capitanías, cabildos y otros que se articulan desde lo local hasta lo nacional. La estructura sindical incluye niveles municipales y provinciales, mientras que la estructura indígena originaria tiene como referencia el pueblo o nación de pertenencia; de modo que separar provincias o afectar continuidades territoriales, afecta directamente a esas organizaciones. También hay que tener en cuenta que desde la creación de la República de Bolivia que adoptó el sistema francés de división territorial que organizó al país en departamentos, provincias y cantones; el movimiento indígena originario campesino generó formas propias de organización para luchar y acceder al poder político, logrando dicho objetivo en los últimos tiempos. Lo que fue posible debido que al interior de dichas regiones se construyeron acuerdos internos para delegar la representación en instancias nacionales y departamentales, a través del turno donde cada organización (provincial o territorial) tiene asegurado un representante en esas instancias, cuando le llegue el turno. Estos acuerdos quedan definitivamente afectados, ya que algunas centrales campesinas o capitanías guaraníes, probablemente ya no tengan ninguna opción en sus nuevas circunscripciones, con lo que la calidad de la democracia representativa queda seriamente afectada, para los que siempre fueron excluidos.

Entonces, el TSE en el marco del principio constitucional de la democracia intercultural y la plurinacionalidad, debe redibujar este mapa electoral, no tanto para amainar las movilizaciones pasadas o nuevas amenazas, sino para resolver los problemas estructurales mencionados que pasa por garantizar la continuidad territorial en la Bolivia rural, porque además es su obligación. Por tanto se trata de resolver problemas estructurales, simplemente conociendo o re-conociendo la realidad rural de nuestra Bolivia plurinacional.

 

(*) Juan Carlos Alarcón es director de CIPCA Cochabamba /Juan Carlos Rojas es investigador.

 

 

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