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El 31 de octubre de 2013, de forma acertada el gobierno nacional ha promulgado la Ley agraria 429, que amplía el plazo para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en cuatro (4) años.

Recordemos que la Ley agraria 1715 de 1996, estableció un plazo de 10 años para concluir el proceso de saneamiento de tierras en Bolivia, lamentablemente cumplido el plazo legal, sólo se logró sanear y titular 9 millones de hectáreas (8%) de las 106 millones de hectáreas objeto de saneamiento a nivel nacional.

Posteriormente, en su primer año de gobierno, el presidente Evo Morales el 19 de octubre de 2006 promulgó la Ley 3501 ampliando a siete años el plazo para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria, o sea el 19 de octubre de 2013 tendría que haberse concluido el proceso de regularización del derecho de propiedad agraria en todo el país. Sin embargo, según información oficial se ha logrado sanear 66 millones de hectáreas (62%) y han quedado sin sanear o en proceso 40 millones de hectáreas (38%); no cabe duda haber llegado al 62% de tierra saneada, es un importante avance en comparación a anteriores gestiones de gobierno que sólo llegaron a un 8%.

Es importante resaltar que el retraso en el proceso de saneamiento de tierras, principalmente está favoreciendo a latifundistas y poseedores ilegales que a través de arrendamientos, aparcerías, venta de tierras a extranjeros y desmontes ilegales, están consolidando el derecho de propiedad agraria en desmedro de las mayorías indígenas, originarias, campesinas, interculturales y afrobolivianas.

Concluir el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, implica garantizar la seguridad jurídica a todos los actores rurales, además nos permitirá contar con información catastral actualizada sobre el acceso y tenencia de la tierra en Bolivia; y con esta información oficial se podrán proyectar políticas públicas audaces sobre desarrollo rural integral sustentable y así garantizar la soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país para el Vivir Bien de las presentes y futuras generaciones.

Todos esperamos que la Ley 429 se cumpla y se sanee el 100% de la propiedad agraria en nuestro país, para que esto ocurra al menos dos factores deben cumplirse, el primero que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mejore sustancialmente su capacidad técnica y operativa para ejecutar el saneamiento; y el segundo que el gobierno priorice la asignación de un presupuesto suficiente para que el INRA realice su trabajo, si tomamos como referencia lo afirmado por el gobierno central que indica que actualmente el costo por hectárea saneada es de 1,8 dólares, para las 40 millones de hectáreas que restan sanear, se necesita un presupuesto aproximado de 72 millones de dólares americanos; caso contrario se seguirá postergando el saneamiento y la identificación de tierras fiscales para la distribución a quienes no tienen tierras o tienen tierrras insuficientes.

 

(*) Eulogio Nuñez Aramayo es Director de CIPCA Santa Cruz.

 

 

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