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Propuestas Económicas Productivas

Este 9 de Agosto se celebra por décima octava vez el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas en Ginebra en 1982. En este marco, los pueblos indígenas desarrollan una serie de actividades de reflexión sobre su aporte a la conservación del medio ambiente, a la seguridad alimentaria, a la diversidad cultural y, además, evalúan el ejercicio y el cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos por parte de los Estados. En América Latina y el Caribe, según el PNUD, existen actualmente unos 400 pueblos indígenas, con una población de 50 millones de personas, que representa cerca al 10% de la población total. En países como Perú, Guatemala y Bolivia las y los indígenas bordean el 50% de la población total, sin embargo, a pesar de esta significativa presencia, tienen muchas dificultades para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

En las dos últimas décadas hay avances importantes en cuanto al reconocimiento legal/jurídico de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, pero el ejercicio real y el cumplimiento por parte de los Estados es todavía una tarea pendiente y de lucha permanente de los pueblos indígenas. Los derechos a la libre determinación (autodeterminación), a la consulta previa, a la tierra, al territorio y a la definición de sus prioridades de desarrollo, entre otros, reconocidos en el convenio 169 de la OIT de 1989 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, siguen siendo vulnerados por la expansión de la minería, la explotación de los hidrocarburos, la construcción de mega proyectos, hidroeléctricas y el monocultivo con destino a los mercados internacionales.

La implementación de modelos de desarrollo basados en la explotación intensiva de los recursos naturales impulsa el crecimiento económico e incrementa ingresos para grupos vinculados a estas actividades, a costa del daño ambiental y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, quienes muchas veces son los que menos se benefician de lo generado por la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

En este contexto, las movilizaciones indígenas en defensa de sus derechos, territorios y recursos naturales son, muchas veces, reprimidos, criminalizados, descalificados, algunos de sus líderes son perseguidos política y judicialmente e incluso asesinados como los casos ocurridos en Guatemala, Brasil, Paraguay y otros países. La ampliación de las áreas de explotación de los recursos naturales a los territorios indígenas y a las reservas/parques nacionales no solamente está poniendo en peligro la subsistencia de los pueblos indígenas, sino también la capacidad de reposición de la propia naturaleza.

En Bolivia, a pesar de una Constitución Política del Estado que reconoce ampliamente los derechos de los pueblos indígenas y además de tener un Presidente indígena, no se logra efectivizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas originarios campesinos. Sin bien hay avances importantes en términos de participación y representación política en los distintos niveles de Estado, todavía están rezagados el ejercicio del derecho al autogobierno y la libre determinación. No existen condiciones que permitan el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales para la construcción del Estado plurinacional. Los derechos de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales, se han constituido en obstáculos para la implementación del modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de los recursos presentes en sus territorios.

La consulta previa, libre e informada fundamental para garantizar los derechos de los pueblos indígenas al territorio, a la tierra, al desarrollo propio y a la subsistencia en caso de adoptar medidas administrativas y legislativas por el Estado, no se efectivizan por falta de acuerdos entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas en torno a la construcción de una norma (ley marco) que establezca claramente los procedimientos. Los pueblos indígenas han elaborado propuestas de Ley Marco de consulta en función de la CPE y el derecho internacional para el ejercicio real de este derecho y, a la vez, han rebatido la propuesta gubernamental que pretende restringir el derecho a la consulta previa libre e informada. Las propuestas y el debate amplio en la opinión pública sobre el tema no han sido suficientes para poner en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Del mismo modo, el ejercicio del autogobierno indígena, a través de la implementación de las autonomías como establece la CPE, no logra concretarse hasta el momento. A la fecha están en camino de conversión 11 municipios y otra veintena quieren seguir la misma ruta, pero los procesos administrativo/legales largos y tortuosos desalientan a los pueblos indígenas y dificultan la constitución de los autogobiernos indígenas. La autonomía indígena siendo el fundamento del Estado plurinacional no se prioriza como política de Estado por el momento.

En definitiva, los pueblos indígenas, a pesar de los avances legales y de la presencia de gobiernos progresistas en América Latina, siguen sufriendo la vulneración de sus derechos, el despojo de sus tierras y territorios, discriminación de su cultura, sus saberes y sus visiones de desarrollo. La ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas debería ser no solamente un espacio de reflexión y evaluación de la situación de los pueblos indígenas sino también, ante todo, de discusión de propuestas para la construcción de alternativas al modelo de desarrollo convencional sobre la base de principios y visiones indígenas. El derecho al autogobierno indígena, la gestión territorial, la economía comunitaria, la consulta previa, el Vivir Bien y otros merecen ser abordados con mayor profundidad para la construcción de una sociedad más plural, equitativa, justa e incluyente.

 

(*) Fredy Villagomez es miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA.

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