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Propuestas Económicas Productivas

La Reforma Agraria de 1953 tuvo entre sus propósitos: a) Proporcionar tierra labrantía a los campesinos que no la poseen, o que la poseen muy escasa, siempre que la trabajen; expropiando, para ello, las de latifundistas que las detentan con exceso o disfrutan de una renta absoluta, no proveniente de su trabajo personal en el campo. b) Restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas y cooperar en la modernización de sus cultivos; respetando y aprovechando, en lo posible, sus tradiciones colectivistas. c) Liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, proscribiendo los servicios y obligaciones personales gratuitos.

Este 2 de agosto de 2013 se cumple 60 años de la Reforma Agraria, y consideramos un momento propicio para un balance acerca de sus resultados y la modificación de la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia; asimismo, debatir esta problemática desde la situación actual, y sus posibles perspectivas.

Hay que recordar que en estas seis décadas el país ha vivido tres procesos relacionados con la reforma agraria a través del Decreto Ley de Reforma Agraria 3464, de 1953; Ley INRA 1715, de 1996, y la Ley 3545, de 2006 (esta última modifica e incorpora nuevas disposiciones a la Ley 1715).

En la primera fase, que va de 1953-1992, no se logró cambiar la estructura inequitativa de tenencia de la tierra en Bolivia. Se distribuyó una superficie total de 57,3 millones de hectáreas de tierra, de las cuales 39,24 millones (68,48%) corresponden a la empresa y mediana propiedad; mientras que 17,16 millones (29,95%) corresponden a la pequeña propiedad, solar campesino y propiedad comunitaria.

Es en el occidente del país donde se aplicó con mayor fuerza la Reforma Agraria de 1953, de hecho la mayor parte de las 17,16 millones de hectáreas que se distribuyeron entre los pequeños productores corresponde a esta región. Esta distribución de tierras no fue acompañada de políticas públicas a los procesos de producción y comercialización, pese a que la ley lo establecía. Así se sentó bases para la parcelación y minifundización de la tierra a niveles inviables en muchos casos, procesos de degradación de suelos y migración espontánea a tierras bajas y a las ciudades. Es por ello que las medidas legales de 1996 y 2005 tuvieron poca significancia para esta región del país, donde ya no habían tierras para distribuir y más bien continuó el proceso de minifundización extrema. La propuesta de saneamiento interno de la tierra tampoco llegó a concretarse en una norma viable. Este proceso se cerró en 1992 en medio de escándalos de corrupción e ineficiencia.

Un nuevo proceso se da con la Ley INRA, de 1996 y la modificada en 2005. Los resultados de la aplicación de la Ley 1715 y 3545, muestran que en 16 años de aplicación de dichas Leyes, entre 1996 y 2012, el sector indígena originario campesino ha logrado consolidar 36,55 millones de hectáreas; es decir, duplicar la superficie lograda a 1992. Entonces, con base en estos datos preliminarmente se puede sostener que hay cambios sustanciales en la estructura de la tenencia de la tierra en el país, con mayor acceso de indígena originario campesinos a este recurso en comparación a lo que sucedía hace dos décadas.

Las superficies tituladas benefician a 1.087.000 familias indígena originario campesinas, personas jurídica y natural (INRA 2012). Hoy, estas familias no tienen la misma condición de antes: quienes eran peones, zafreros, empatronados, poseedores marginales de la tierra o poseedores de tierras marginales obligados a vender su fuerza laboral, etc. ahora son dueñas y propietarias de la tierra y de los recursos naturales que se constituyen en espacio vital para que dichas familias puedan asegurar su vida a largo plazo; les permite asegurar la alimentación de sus familias y generar sus ingresos en sus predios; en tierras bajas, está contribuyendo a disminuir la presión sobre la tierra, los recursos naturales, biodiversidad y la fauna; asimismo, a ejercer con mayor poder su rol en el desarrollo local, regional y nacional; y proyectarse social, cultural, económica y políticamente.

Pese a estos cambios y avances, es importante resaltar que, a 2012, aún falta por titular 42,33 millones  de hectáreas (39,66%) del total de tierras del país. Tomando en cuenta que la mayoría de esta superficie de tierra no titulada está en posesión de grandes y medianos hacendados del Chaco, Oriente y Amazonia y considerando que no se concluirá el saneamiento hasta el 19 de octubre de 2013 (plazo fatal para concluir el saneamiento, como establece la Ley agraria 3501), es previsible que los grandes y medianos propietarios consoliden a su favor esta importante superficie de tierras no saneadas.

Contra todo lo esperado, con la nueva CPE de 2009 (Art. 399, I) -pese a los avances en el saneamiento y titulación de la tierra- se mantiene la inequitativa distribución de la tierra en Bolivia, sobre todo de las tierras más aptas para la producción agropecuaria. Es por eso que, en estos últimos años, campesinos e indígenas están en riesgo de disputarse en gran medida tierras marginales, de poca capacidad productiva o bosques de territorios indígenas de donde esta población se provee de alimentos, ingresos, medicinas y materiales, y no constituyen lugares aptos para la producción agrícola porque sus suelos no tienen aptitud para la agricultura. Mientras tanto, las mejores tierras han quedado en manos de grandes propietarios, precisamente en las zonas donde el saneamiento y titulación de la tierra no se han concluido.

La propiedad, tenencia, acceso y uso de la tierra ahora se vinculan con procesos y problemáticas globales, como la seguridad alimentaría global. Es por ello que la extranjerización de la tierra -tendencia mundial que ha llegado a Latinoamérica y Bolivia- presiona cada vez más sobre tierras y territorios de indígena originario campesinos, aspecto que conducirá a nuevos conflictos y tensiones y con nuevos sujetos por la tierra y los recursos naturales en Bolivia y en la región latinoamericana. Ello hace que el tema siga siendo parte del debate nacional.

 

(*) Eulogio Nuñez Aramayo es Director de CIPCA Santa Cruz.


Artículo publicado el domingo 4 de agosto en Página Siete.

 

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