Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural
B-elninio.jpgENCCLICA.jpgalainza.jpgprop.jpgzcoverConvocatoria.jpg

 

Propuestas Económicas Productivas

Los resultados preliminares del Censo, entre otros, dejaron fuera del debate público un tema de importancia nacional sobre todo para la población rural del país; los 60 años de Reforma Agraria que se cumplieron este 2 de agosto de 2013. En este marco, desde CIPCA evaluamos y reflexionamos respecto a este tema de suma importancia para el desarrollo del país y el mundo rural.

La historia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas es, en gran medida, la historia de la lucha por la defensa y recuperación de sus tierras y territorios.  En estas seis décadas de Reforma Agraria se han dado tres procesos relacionados con la problemática de la tierra través de la Ley de Reforma Agraria 3464, de 1953; Ley INRA 1715, de 1996, y la Ley 3545, de 2006.

Hay que recordar que la promulgación formal del Decreto Ley de Reforma Agraria de 1953 fue en cierta manera forzada por los acontecimientos previos y posteriores a la revolución de abril de 1952, proceso que emergió por la acumulación social y política tras la derrota de Bolivia en la guerra del Chaco, y buscó transformaciones estructurales del país, entre ellas la reforma agraria.  Aún en medio de represión y castigos, los indígenas tomaron la ofensiva, organizaron levantamientos y sublevaciones masivas en los valles y el altiplano, tomaron haciendas y quemaron las casas de hacienda, expulsaron a los patrones… y se liberaron del pongueaje.

El censo agropecuario de 1950 estableció que aproximadamente el 4,5% de los propietarios rurales del país concentraban el 70% de la propiedad agraria en Bolivia, bajo formas de explotación feudal. La aplicación del Decreto Ley de Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953, en una larga fase de 39 años que se extendió hasta 1992 no concluyó la reforma agraria ni modificó sustancialmente la estructura de la tenencia de la tierra.

El resultado de esta fase fue la distribución de una superficie total de 57,3 millones de hectáreas de tierra, de las cuales 39,24 millones (68,48%) correspondían a la empresa y mediana propiedad; mientras que 17,16 millones (29,95%) a la pequeña propiedad, solar campesino y propiedad comunitaria.

A ello se sumó la corrupción, recompensa por favores políticos, nuevos procesos de acaparamiento de la tierra, usurpación o legalización de la usurpación de tierras y territorios ancestrales de comunidades indígenas de tierras bajas, entre otras. Asimismo, el irreversible proceso de minifundización de la tierra en occidente, la distribución de la tierra que no estuvo acompañada por el apoyo a la producción, transformación y comercialización. Así concluyó esta fase.

El segundo proceso se inicia con la promulgación de la ley INRA 1715, arrancada al gobierno del MNR en 1996 tras una marcha, ley que introdujo sólo parcialmente las demandas campesinas indígenas de la época y cuya aplicación fue dificultosa en un entorno violento y de confrontación y por las diversas artimañas para trabarla y paralizar su aplicación. De hecho en casi 10 años sólo se logró titular apenas el 10% de la superficie total del país.

En 2006 se cumplió el plazo de diez años para concluir con la titulación en todo el país; dado el escaso avance, el actual gobierno se vio en la necesidad de ampliar el plazo hasta octubre del 2013.

Una síntesis de los resultados del período 1996-2012 muestra que los propietarios pequeños, campesinos indígenas, bajo las diferentes modalidades de propiedad han incrementado la tenencia de la tierra en su poder de 17,16 millones de hectáreas en 1996 a 36  millones al 2012, prácticamente han duplicado. Las más de un millón de familias propietarias (INRA 2012) de estas superficies de tierra hoy están en un esfuerzo denodado y a su propio costo para ejercer el control de las tierras tituladas y así evitar el saqueo de diversos recursos naturales que se encuentran en ellas y hacer frente a las diversas amenazas externas.

También, según el INRA, a julio de 2012 se han identificado un total de 23,3 millones de hectáreasde tierras fiscales, de las que sólo 6,1 millones son distribuibles. De esta superficie sólo 1.422.543 hectáreas fueron distribuidas a través de procesos de asentamientos humanos a 11.373 familias campesinas e indígenas. Dichos asentamientos, por lo general, no cuentan con apoyo técnico y económico del Estado, no se cumple lo establecido por la Ley 3545 y su reglamento.

Pese a estos cambios y avances, es importante resaltar que, a 2012, aún falta por titular 42,33 millones (39,66%) de hectáreas de tierras del país. Tomando en cuenta que la mayoría de esta superficie de tierra no titulada está en posesión de grandes y medianos hacendados del Chaco, Oriente y Amazonía y considerando que no se concluirá el saneamiento hasta el 19 de octubre de 2013 (plazo final para concluir el saneamiento, como establece la Ley agraria 3501), es previsible que los grandes y medianos hacendados consoliden a su favor esta importante superficie de tierras no saneadas.

Estas dos facetas a lo largo de estas seis décadas muestran que, pese a los cambios que se han dado, hay continuidad en la concentración e inequitativa distribución de la tierra en desmedro del sector indígena originario campesino del país.

A futuro, dado que la Reforma Agraria en el país aún está inconclusa, es necesario reafirmar la necesidad de su continuidad, orientada principalmente a eliminar el latifundio improductivo, revirtiendo tierras que no cumplan con la función económico social y ambiental; y acelerar la redistribución de tierras fiscales disponibles a familias indígena originario campesinas, interculturales y afrobolivianos sin tierra o con tierra insuficiente, entre otras medidas.

El debate en torno a la propiedad y la tenencia de la tierra, su control y gestión productiva y sostenible, sigue siendo pertinente ya que está vinculado con nuevas dinámicas, procesos y problemáticas locales y globales como la producción de alimentos para satisfacer la demanda mundial de alimentos, que conlleva procesos de extranjerización de la tierra, neoextractivismo, emergencia y presencia de nuevos actores, etc. Todo ello inevitablemente conducirá a nuevos conflictos y tensiones y con nuevos sujetos vinculados en torno a la tierra y los recursos naturales en Bolivia y en la región latinoamericana.

Por eso, la cuestión agraria y la tenencia de la tierra deben estar en el centro de atención de la Agenda 2025 que impulsa el actual gobierno, ya que de dichas cuestiones depende en gran medida la seguridad y soberanía alimentaria del país y del rol que desarrollarán los diversos actores del mundo rural.

CIPCANotas

Suscripción CIPCANotas

Enlaces