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Propuestas Económicas Productivas

En las últimas tres semanas, los precios del arroz se han elevado tanto que hay inquietud en la población debido a que influye directamente en su economía por ser un producto de primera necesidad.

Un ejemplo: en La Paz, el quintal de arroz grano de oro subió de 290 bolivianos a 445 bolivianos. Luego bajó por acciones del Gobierno. ¿Cuáles son las razones para la subida de precios y el aparente desabastecimiento del arroz en el mercado nacional? ¿Hubo menos producción? ¿Hay especulación, acaparamiento? ¿Está saliendo del país por exportación y/o por contrabando?

La Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA) sostiene que sí hubo menor producción con relación al año pasado. La diferencia asciende a 40.000 toneladas. El año pasado llegó a 540 mil toneladas en 187 mil hectáreas y este año, a 500 mil toneladas, de 145 mil hectáreas. Se estima que el mercado nacional consume 400 mil toneladas al año.

Los factores que influyeron en la disminución de la producción fueron los bajos precios recibidos por los pequeños productores el año anterior y el factor climático.

En 2012 hubo un excedente de producción de 50.000 toneladas que, sumado al contrabando, mantuvo conformes al Gobierno y a la población consumidora. El mercado estuvo abastecido y todos contentos.

Pero, los productores entraron a la nueva siembra 2012-2013 con precios muy bajos y con falta de incentivos. Esto se agravó con la lluvia excesiva en noviembre, diciembre y enero que retrasó la siembra y, por consiguiente, la cosecha, hasta fines de abril.

En Santa Cruz se perdieron unas 5.000 hectáreas y es posible que muchos productores hayan decidido sembrar soya en vez de arroz por los buenos precios obtenidos en 2012.

La exportación de 1.500 toneladas, equivalentes a 32.600 quintales, a Cuba no influye significativamente en el desabastecimiento del mercado interno. Fueron sobrantes de la anterior gestión.

Las acciones del Gobierno, hasta el momento, han estado orientadas a garantizar el buen precio y abastecimiento del arroz para la población consumidora, pero no se preocupa por el sector de los productores.

En esta situación, se han utilizado estrategias tradicionales de corto plazo: la importación y el control interno de precios con medidas coercitivas hacia los comerciantes mayoristas que acaparan y esconden el producto para obtener mejores precios, gracias a que su capital les permite capacidad de acopio y almacenamiento por el tiempo que deseen.

El Gobierno está firme en su decisión y por eso autorizó la importación de 200 mil quintales (9.200 toneladas) de arroz de Argentina, y ordenó el decomiso a algunos comerciantes mayoristas en las ciudades más grandes para disponer la venta inmediata del producto acumulado a la ciudadanía. Esto tendrá efectos positivos para la población consumidora a corto plazo, pero durará pocos meses.

Las autoridades parecen no recordar que fue precisamente el alza de precios y el desabastecimiento del cereal en 2008 y 2010 lo que generó una mayor atención por este cultivo; desde entonces se incluye el arroz en los diferentes programas del Gobierno como un cultivo prioritario.

Sin embargo, pese a esto, no se materializaron políticas públicas específicas para el sector, que sigue con muchos síntomas de fragilidad e inestabilidad.

Es política del Gobierno recuperar el rol del Estado en la producción y la economía. Los pequeños productores campesinos e indígenas son reconocidos como actores en el desarrollo rural mediante sus organizaciones y buscan antes que nada garantizar la seguridad alimentaria de la población boliviana, y sólo después, si hubiera excedentes, proceder a la exportación.

El arroz es uno de los principales productos en la dieta de las familias (nueve personas de cada diez lo consumen habitualmente). Es producido por pequeños productores en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y en el norte de La Paz y una mayoría de ellos está organizada en la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA).

Este sector de productores asociados clama y requiere del Gobierno mayor atención para lograr beneficios de gran alcance que se reflejen en políticas claras de apoyo al sector productivo arrocero y que confluyan en un Plan Nacional del Arroz.

El III Censo Agropecuario, que se realizará este año, será importante para obtener y actualizar información que permita diseñar políticas claras de apoyo a los pequeños productores que busquen la sostenibilidad del rubro a largo plazo y garanticen la seguridad alimentaria.

Es necesario el incentivo al cambio de tecnología de producción de arroz de secano a riego. Hay experiencias positivas en el país (productores japoneses) que demuestran que se puede aumentar la producción significativamente sin necesidad de ampliar la frontera agrícola.

¿Por qué no dar prioridad, en el programa Mi Agua y otros, la inversión en infraestructura de riego en las zonas con potencial y más aptas? Y no sólo para el arroz, sino también para otros productos esenciales para la seguridad alimentaria.

Esta acción deberá ser acompañada con procesos de investigación y capacitación a productores. Así, a mediano y largo plazo habrá mayor seguridad en la producción, mayor productividad y se podrán exportar los excedentes. También evitaremos la migración de la producción hacia otros sectores.

Se debe mejorar la capacidad de coordinación entre los diferentes niveles e instancias de Gobierno para afrontar situaciones como el desabastecimiento actual y la reducción de la capacidad productiva del sector.

En los últimos años, la capacidad de acopio, procesamiento y almacenamiento ha mejorado con la aparición de nuevos ingenios arroceros, especialmente en Montero y Yapacaní. Se debe estudiar y establecer un mecanismo de certificación de los ingenios y de los centros de beneficiado para precautelar el interés de productores que opten por contratar servicios para favorecer su propio producto y comercializarlo directamente.

Por esto, es necesario retomar el tema y trabajar en el Programa Nacional del Arroz. Se debe actualizar la información del sector, conocer la situación a cabalidad y el impacto de la crisis alimentaria, con especial énfasis en los grupos de pequeños productores campesinos indígenas.

 

 

(*) Eufronio Toro Vaca es miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA

 


Artículo publicado el domingo 19/05/2013 en Página Siete

 

 

 

 

 

 

 

 

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