Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural
B-elninio.jpgENCCLICA.jpgalainza.jpgprop.jpg

Propuestas Económicas Productivas

Hace poco la Sede de gobierno recibió cerca de 200 hombres, mujeres, niños y niñas de la nación Uru del Lago Poopó que marcharon durante  10 días para reclamar su derecho a la existencia, respeto a su territorio, a su cultura e identidad. Ésta nación que precede a los aymaras y quechuas, son los habitantes más antiguos del altiplano que establecieron su hábitat en la riberas de la cadena de lagos que van del Titicaca hasta Coipasa, para subsistir gracias a la  pesca, caza y recolección que les permite la zona. Los Uru muratos, que habitan a orillas del Lago Poopó, han sido históricamente marginados por las instituciones estatales y discriminados por las poblaciones aymaras vecinas.

La población Uru tiene una cultura e identidad muy particular relacionada por las actividades desarrolladas en torno al Lago Poopó, tienen una economía de subsistencia de escaso contacto con el mercado. Su concepción y visión de desarrollo es muy distinta a la de sus vecinos aymaras que se dedican a la agricultura y ganadería. El modo de vida, su cultura e idioma son menospreciados y desvalorados por sus vecinos y por las autoridades estatales que no desarrollaron políticas favorables para este sector, por ello se han ido perdiendo características propias de su cultura, como su idioma, ya que muchos hombres y mujeres han preferido adoptar el idioma aymara para “disminuir” la exclusión como medida de subsistencia, poniendo en riesgo su propia identidad.

En los últimos años se intensificó la disputa por los recursos del Lago y la tierra de sus riberas entre los urus y la población aymara. Los cambios del clima y la disminución de las aguas han hecho que la extensión de tierra al borde del lago aumente, situación que llevó a las poblaciones colindantes a apropiarse de esas tierras para extender sus cultivos, además de ampliar sus actividades productivas a través de la caza y pesca que el lago permite. Esta situación se complicó más cuando se cercaron esas tierras apropiadas, impidiendo la libre circulación de la población Uru, “nos sentimos como animales enjaulados”, manifestó Dorotea, que participó de la marcha junto a sus 3 hijos.

Las tierras de las riberas de Lago donde se reproducían los animales silvestres han sido parceladas individualmente por la población aymara para la siembra. Por ello, la nación uru exige al Estado una ley que les garantice el dominio originario de estas tierras y la administración de los recursos que allí existen, con el fin también de ingresar a la actividad agropecuaria y ganadera para incrementar sus ingresos y garantizar así su subsistencia, esto debido a que la caza y la pesca que el lago les consiente no son suficientes, situación que se ve agravada por la contaminación provocada por la actividad minera en la región.

La discriminación y la exclusión en la que viven algunas de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NyPIOC), sobre todo aquellos minoritarios y el olvido de éstos por parte del Estado, no es exclusiva de la población Uru, sino de varias otras naciones que están en riesgo de desparecer por el desplazamiento de sus tierras y territorios ancestrales, por la contaminación de sus ríos o lagos y por la depredación de sus medios de subsistencia debido a la implementación de un modelo de desarrollo extractivista. Se habla mucho de una economía plural, pero no se logra construir un modelo de desarrollo compartido que tome en cuenta y respete las distintas visiones y derechos de las NyPIOC.

Las diversas movilizaciones sociales de los pueblos indígenas demandando el respeto al territorio y a sus formas de vida, interpelan profundamente al Estado plurinacional y comunitario, cuya principal labor es garantizar el cumplimiento y la concreción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular de los que se encuentran en peligro de extinción. En el artículo 31 de la CPE se dice al respecto “Las naciones indígena originario en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”. Del mismo modo, en el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en su artículo 14 (2) menciona “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”,  la Declaración de las Naciones Unidades sobre los derechos de los pueblos indígenas también refuerza estos derechos.  Sin embargo, a pesar del reconocimiento amplio de los derechos colectivos la situación de marginación y exclusión social de los pueblos minoritarios persiste, sin cambios significativos.

El gobierno nacional ha propuesto elaborar una Ley integral para garantizar la subsistencia de la nación Uru y de otras que se encuentran en similar situación. Pero, ¿La promulgación de leyes serán las respuestas adecuadas para solucionar estos problemas? Consideramos que no, puesto que éstas quedan en el papel, son declarativas y se convierten en un saludo a la bandera.

Creemos más bien que se requiere el desarrollo y la efectiva implementación  de políticas públicas concretas para el fortalecimiento económico, social, cultural y político de las Naciones y Pueblos indígenas Originarios Campesinos amenazados por lógicas individuales y mercantiles de desarrollo. Se requiere mayor compromiso y voluntad política para establecer relaciones de respeto y equilibrio entre las distintas culturas y visiones de vida que existen en nuestro territorio. Pero también se requiere un cambio de mentalidad de la misma sociedad y de las autoridades públicas, de tal modo que no se considere a estos pueblos como “sectores indefensos y dependientes” que necesitan de la protección del Estado, sino promover  desde el Estado verdaderas relaciones interculturales.

CIPCANotas

Suscripción CIPCANotas

Enlaces