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Propuestas Económicas Productivas

A varios días de haberse promulgado la Ley Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, es necesario analizar los contenidos que de alguna manera hemos venido reclamando del gobierno. De igual forma, ya se identifican las observaciones de algunos sectores que se sienten afectados por la norma y las observaciones de quienes esperaban mayor contundencia y claridad en el objetivo.

“La Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral  en armonía y equilibrio con la Madre Tierra con fases intermedias para el Vivir Bien, garantizando  la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, y recuperando los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación”.

El sector agroindustrial y especialmente los productores de oleaginosas, observan y rechazan el Artículo 24, punto 7. “Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”; y el punto 8: “Desarrollar acciones  que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica”.

Esto de los transgénicos ya se venía venir desde la aprobación de la Constitución Política del estado, la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y ahora llegó. El artículo 409 de loa CPE abre una puerta para que la producción de soya, que usa semillas transgénicas con autorización, sea regulada y no ponga en peligro la producción.  Dice: “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”. Donde no debemos perdernos ni aceptar es la producción con semillas transgénicas de maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, caña de azúcar, quinua entre otras que son  tradicionales, de origen local y presentan una amplia gama de variedades que aportan a la seguridad e ingresos de las familias rurales que las producen.  Existe el riesgo de que estas especies y variedades desaparezcan por el efecto del uso de las transgénicas.

El gran tema es que si el Estado tendrá la capacidad de garantizar el abastecimiento de semillas convencionales y con gran capacidad productiva, no sólo de la soya, sino de los otros productos priorizados para la seguridad y soberanía alimentaria del País.

Desde el punto de vista de algunas organizaciones indígenas de tierras bajas, su crítica y rechazo a la ley marco de la madre tierra se debe a que no fue consensuada antes de su tratamiento y aprobación con todos los pueblos Indígenas originarios del País, tanto de tierras bajas como altas.

El Consejo de Ayllus y MarKas del Qollasuyo (CONAMAQ), rechaza la ley porque no propone un cambio de las bases estructurales del sistema capitalista, ni una reconfiguración del Estado Nación. Resulta un retroceso hacia las concepciones del desarrollo económico del capitalismo tradicional.

Estas críticas responden a un  tema que se ha discutido muy poco en el país  y se debe debatir sobre el modelo de desarrollo y el paradigma del vivir bien; la perspectiva industrialista y extractivista  y los postulados de la defensa y respeto de la madre tierra.  Además, queda pendiente debatir a fondo temas como el acceso, control y gestión de la tierra y de los recursos naturales, la producción y productividad para la seguridad alimentaria que contemple inversión, gestión del agua y suelos, y políticas claras consensuadas de comercio internacional.

Estos temas, no sólo interesan y afectan a los sectores productivos directamente involucrados, sino a la sociedad en general.

 

(*)  Eufronio Toro Vaca es miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA

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