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Ha transcurrido un año desde que el gobierno de Evo Morales reprimió brutalmente a la VIII Marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por el que se pretende construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos. En la localidad de Chaparina, el 25 de septiembre de 2011 hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas fueron indignamente humillados, ultrajados y tratados como delincuentes por el solo hecho de defender su territorio, sus tierras y sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. Hasta el día hoy el gobierno y quienes administran la justicia no aclaran quién o quiénes dieron la orden para la violenta e injustificada intervención policial, no tienen la mínima intención de identificar y castigar a los verdaderos responsables.

Las y los administradores de justicia en vez de sancionar a aquellos funcionarios de gobierno que vulneraron los derechos  indígenas, al parecer los encubren y protegen. El Fiscal interino Mario Uribe  excluyó de las investigaciones del caso Chaparina al Presidente Evo Morales, al Vicepresidente Álvaro García Linera y al ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti sin explicación alguna. En cambio, éste último y el Director Nacional de Inteligencia, Víctor Maldonado, fueron premiados con cargos jerárquicos. Como en otros tiempos, la justicia parece más bien defender y recompensar a quienes vulneran los derechos de las y los ciudadanos desde el poder estatal, haciéndose cómplices de la impunidad y el encubrimiento de delitos.  El gobierno se jacta de defensor de los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero es el primero en violentarlos y atropellarlos en nombre del desarrollo y el progreso económico y social, imponiendo antes que consultando y respetando sus legítimos derechos.

La intervención policial violenta a la VIII Marcha Indígena en la localidad de Chaparina inició una vulneración abierta de los derechos conquistados por los pueblos indígenas, como el de consulta previa y la libre determinación. El gobierno elaboró una Ley de Consulta no previa sino posterior en el TIPNIS sin la participación de los titulares legítimos de este derecho, con el fin de justificar un proyecto de desarrollo que afectará la vida de la población indígena y a la madre tierra a la cual dice defender. La consulta previa libre e informada conquistada por los pueblos indígenas para tomar decisiones y ejercer el derecho a la libre determinación en sus territorios se ha convertido en un instrumento de manipulación para que el Estado tome decisiones a nombre de los pueblos indígenas.

Así, la consulta que hoy lleva a cabo el gobierno en el TIPNIS vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, no respeta las normas locales, los procedimientos propios y los niveles de decisión de las organizaciones indígenas. Como se sabe,  la ley y el protocolo de consulta no fueron consensuados con los pueblos interesados como establece la sentencia constitucional del 19 de junio del 2012, la ampliación de la fecha de consulta, en los dos casos, fue definida de manera unilateral por los asambleístas del Estado plurinacional, como si el gobierno/Estado fuera el titular de la consulta, no le interesa la opinión y el criterio de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas, tanto en tierras bajas como en tierras altas, toman sus decisiones de manera consensuada respetando la estructura organizativa, se delibera y se decide en las comunidades, luego se pasa al siguiente nivel y finalmente al nivel máximo del territorio. La toma de decisiones tiene un ritmo, un orden, una estructura, su propio procedimiento no es una simple sumatoria de las decisiones comunales. Las comunidades indígenas no son células aisladas como las concibe el gobierno, sino están articuladas a organizaciones intercomunales. Las decisiones se toman por acuerdos y consensos y no por mayoría absoluta o por dos tercios de las decisiones de las comunidades como pretende hacer creer el gobierno. A pesar de que personeros de gobierno conocen perfectamente estos procedimientos propios de los pueblos indígenas no los respetan.

¿A un año de la represión de la VIII Marcha es sensato esperar que haya justicia?

 

(*) Fredy Villagomez y Ximena Humerez son miembros de la Unidad de Acción Política de CIPCA

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