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El conflicto del Tipnis entre indígenas y el gobierno, lleva ya dos marchas indígenas: la octava y la novena; lleva dos represiones policiales: la de Chaparina y la de La Paz; ya lleva dos leyes: la 180 de protección al Tipnis y la 222 de “consulta previa”. Pero este mismo conflicto, también deja dos cabezas en la estructura orgánica del movimiento indígena y dos posturas contrapuestas en la sociedad civil.

Lo del Tipnis es sin lugar a dudas una guerra de posicionamientos entre indígenas y gobierno, que para ser un conflicto, ya alcanzó dimensiones de largo aliento. Es una guerra de posicionamientos en el escenario mediático, porque tiene la particularidad de lidiar con discursos, algunos demasiado tendenciosos, pero todos dirigidos a justificar una u otra postura respecto al trazo de la carretera a través del Tipnis.

En esta contienda de posicionamiento discursivo, los indígenas lo encaran a través de los espacios de la cobertura en medios de comunicación a la que acceden, mientras que el gobierno lo hace en estos mismos espacios, pero también en los espacios de los medios de comunicación propios y en espacios pagados, lo que significa una doble ventaja. Quizá bajo el lema que, en la guerra todo vale.

Pero lo del Tipnis también es una guerra de posicionamientos, porque ambos actores confrontados pretenden posicionar un enfoque de desarrollo contrapuestos entre sí. Los indígenas defendiendo un modelo basado en un modo de vida más cordial con su entorno ecológico y solidario entre sí, mientras que el gobierno sustentando un modelo de desarrollo basado en un extractivismo mucho más perverso. Aunque irónicamente, sea el gobierno quien denuncia un supuesto prontuario depredador de dirigentes indígenas y además pretende mostrar un Tipnis tan devastado que, para quienes conocen o manejan información de la zona, esta imagen no puede ser otra más que la del polígono siete, habitado por productores de hoja de coca. No obstante, en este ámbito confrontacional, los indígenas se encuentran en una situación de resistencia como lo hicieron siempre, mientras que el Estado arremete como también lo hizo desde siempre.

El ámbito de la guerra de posicionamientos en torno a los dos modelos de desarrollo que se libra entre indígenas y el gobierno, tiene implicaciones con alcances ideológicos. Es por ello que al gobierno le resulta la dimensión más dura de esta guerra de posicionamientos, porque no hay demasiado margen para las sutilezas, porque de inicio este ámbito de la confrontación ya le desestabilizó el discurso y no cesa de desestructurar su imagen, además le complica su gestión porque desnuda la incompatibilidad entre discurso y praxis. Es en este campo donde el sector indígena infringió derrotas inocultables y pese a la agresiva propaganda de camufle, los resultados no dejan de serle contraproducentes al gobierno.

Pero al mismo tiempo, lo del Tipnis es también una guerra de des-posicionamiento recíproco a través del triste método de la acusación individualizada, la descalificación, la defenestración, donde los indígenas se empeñan en identificar personas, en vez de modelos o de sistemas (Llorenty, Romero, etc.). Mientras que el gobierno, en la misma lógica, sindica directamente a aquellos dirigentes que se mantuvieron firmes en la defensa del Tipnis. En esta dimensión confrontacional, ambos acuden al escenario jurídico, aunque al parecer este ámbito tiende a ser más ágil para el uno y menos para el otro.

Sin embargo lo del Tipnis es también una guerra de demostración de virtudes y en esto sí el sector indígena pareciera llevar una amplia ventaja desde un inicio, pero una ventaja basada en el mérito, no en la deshonestidad, por ejemplo, el carácter pacífico del movimiento indígena fue puesto a prueba al máximo durante ambas marchas y siempre salió incólume. Cuántas veces en la octava y en la novena marcha fue provocado, hostigado, asediado, reprimido, pero en cada una de estas situaciones de intolerancia, fue consecuente con su carácter pacífico.

En cambio el gobierno, pese a esforzarse por una imagen de tolerancia y respeto, e incluso publicitarse en este mismo sentido, no logró controlar sus impulsos y desencadenó acciones que sin duda perdurarán como un recuerdo funesto en la memoria colectiva de indígenas hombres y mujeres marchistas, de niños y ancianos, pero también de una parte significativa de la sociedad boliviana. Puesto que de ello queda registrada en la historia episodios aún impunes como los de Chaparina o los de la ciudad de La Paz.

En el campo de la demostración de virtudes, vía la aplicación de la post consulta en el Tipnis, al gobierno aún le restan pruebas muy duras, puesto que continúa la resistencia indígena, esta vez en su propio territorio y en consecuencia desde algún nivel de gobierno ya se insinúa la necesidad de presencia policial, de tareas militares dirigidas a viabilizar políticas rentistas como el renta dignidad. Los temores de violencia vinculadas a estas posibles presencias, no solo la sostienen habitantes del Tipnis, también otros sectores de la sociedad civil.

El cambio de escenario físico en esta guerra de posicionamientos entre indígenas y gobierno, es decir, el repliegue indígena a su propio territorio para continuar la resistencia al tramo dos de la carretera, genera una coyuntura que da lugar a otra confrontación, esta vez la de las informaciones, donde el gobierno se empeña en informar acerca de un “éxito de la consulta previa”, pese a un supuesto boicot de algunos dirigentes, mientras que la organización indígena también se empeña en informar acerca del “fracaso de la post consulta”, pese a la prebendalización, la división y los paralelismos impulsados por el gobierno. Mientras, la situación en el Tipnis tiende a prolongarse y con ello a complicarse, aunque el gobierno señala tener la situación bajo control, a medida que pasa el tiempo, se le incrementa las probabilidades del efecto contraproducente, el cual puede impactar en sus proyecciones políticas.

 

(*) Ismael Guzmán es Sociólogo de CIPCA - Beni

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