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Propuestas Económicas Productivas

El Pueblo Indígena Guarayo habita ancestralmente el territorio de lo que hoy se conoce como provincia Guarayos de Santa Cruz, espacio territorial considerado por este pueblo como la “Casa Grande” (Ñande rentaguazu). Este territorio indígena quedó reducido a Tierra Comunitaria de Origen (TCO) como resultado de la Reforma Agraria de 1953 que favoreció más a los latifundistas porque, como en otras zonas de tierras bajas, legalizó la usurpación de territorios indígenas. La visión de estos nuevos actores sobre el aprovechamiento de los recursos naturales difiere de la visión que tradicionalmente ha tenido el pueblo guarayo.

Según datos del Plan de Uso de Suelo (PLUS-SCZ, 2007),  la provincia Guarayos tiene un importante potencial forestal de más de 3 millones de hectáreas, de las cuales 1.6 millones son áreas boscosas con vocación para el aprovechamiento forestal sostenible, es decir el 54% de su territorio. Por otro lado, el Pueblo Guarayo cuenta con 1.432.587 de hectáreas (ha) tituladas de forma colectiva bajo la figura de TCO, de las cuales  aproximadamente 1 millón  cuentan con autorización para el manejo y aprovechamiento del recurso maderable, beneficiando a 69 Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC) afiliadas a la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG). Aspecto que denota avances significativos con relación al uso y aprovechamiento exclusivo de recursos naturales dentro de su territorio, ya que hasta el 2006 el Pueblo Guarayo sólo contaba con 208.321 hectáreas bajo manejo forestal (Bolfor, 2008).

A partir del 2001 se acentúa la expansión de la frontera agrícola hacia Guarayos, con incrementos significativos en la deforestación, a razón de 5.737 ha. por año en el periodo 1986-1991 a 24.175 ha anuales en el periodo 2001-2004 y llegando hasta 78.905 ha el año 2005 (Bolfor, 2008).

El territorio indígena Guarayo se enfrenta hoy a la visión agrarista, maderera  y minera, que desde el punto de vista socio-cultural no comulga con las lógicas económicas del Pueblo Indígena Guarayo, lo que complejiza mucho más la gestión para las organizaciones indígenas. En la actualidad las actividades económicas se encuentran vinculadas con actividades extractivistas, propias del sistema capitalista aun imperante y que dificulta el uso y aprovechamiento integral sustentable del bosque de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE Art. 386 al 389), además de la falta de conciencia de la sociedad civil para la prevención, conservación y protección de los bosques.

A más de dos años de la aprobación de la carta magna, las autoridades de gobierno no han priorizado la construcción de una nueva ley de bosque que permita la implementación de políticas integrales, que abarquen no sólo el tema forestal (madera), sino también la integralidad de todo el bosque y el medio ambiente. Existen ciertos avances realizados por la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), en la  otorgación de derechos y fiscalización del aprovechamiento de la madera, pero siguen siendo acciones de corto plazo que no resuelven los problemas de fondo debido a la falta de capacidad institucional y burocracia, entre otros aspectos que son limitantes para poder realizar una real y efectiva fiscalización y control del aprovechamiento forestal.

Consideramos importante la construcción de normas con visión de aprovechamiento sostenible de los RRNN, que promuevan la implementación de planes de gestión territorial y descentralización, otorguen poder de decisión hacia los gobiernos locales, garanticen recursos económicos y la aplicación de medidas preventivas, aspectos que deben ser insertos en una nueva ley de bosques, para que de este modo se avance en la concreción del Vivir Bien.

 

(*) Vanesa Cortez y Ramiro Valle son miembros de la Oficina Regional de CIPCA SAntan Cruz

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