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Propuestas Económicas Productivas

El 2 de agosto de 1953 el gobierno de la Revolución Nacional, hizo realidad la denominada Reforma Agraria bajo el lema “la tierra es para quien la trabaja”, premisa con la cual en los valles y el altiplano boliviano se distribuyó tierra a favor de campesinos originarios, situación que no se dio en la amazonia, chaco y oriente de nuestro país, por entonces regiones menos habitadas y con población indígena que tenía poco contacto con el Estado. Hoy 59 años después la problemática de la tenencia de la tierra-territorio continúa vigente, principalmente porque no se ha terminado de sanear la tierra y todavía existen campesinos, indígenas y originarios sin tierra o con tierra insuficiente.

En 1996 a demanda de las organizaciones indígenas campesinas, a través de la segunda marcha indígena por los Territorios y la Participación Política, el gobierno nacional promulgó la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con la que se pretendía sanear toda la tierra del país en 10 años, objetivo que no se pudo cumplir y que además encontró en su camino una serie de denuncias respecto a los procesos de saneamiento, en los que aparentemente hubo corrupción por parte de algunos funcionarios del INRA. En 10 años la Ley INRA logró sanear apenas 9.321.525 hectáreas, que representan el 8,7% del total de la tierra que debía ser saneada en el territorio nacional (106.751.722 ha.), quedando en proceso de saneamiento el 34,5% (36.838.263 ha.) y por sanear el 56,7% (60.591.936 ha.). (Fuente: INRA 2010).

Ante el incumplimiento del objetivo de la Ley INRA de sanear las tierras en el país en 10 años, el gobierno nacional dictó el 2006 la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, nuevamente impulsada por una marcha indígena campesina de por medio, la cual extendió por 7 años el saneamiento de tierras, hasta 2013. Sin embargo, faltando 2 años para culminar el plazo a pesar de que los avances han sido mayores que con la Ley 1715, parece que no se alcanzará la meta de sanear toda la tierra del país, pues al 31 de diciembre de 2011, se ha logrado concluir el proceso de saneamiento en 61.100.000 hectáreas, lo que representa un avance del 57,24% a nivel nacional; se encuentra en proceso de saneamiento 7.699.275 hectáreas (7,21%) y aún no se ha saneado 37.952.447 hectáreas (35,56%). (Fuente: INRA 2012).

Los datos que proporciona el INRA respecto a la distribución de tierra, fin último de la Reforma Agraria, nos muestra que a través del proceso de saneamiento se han identificado 4.6 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles para su distribución, de las cuales 1,3 millones ya fueron distribuidas a través de procesos de asentamientos humanos, beneficiando a 8.300 familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, lamentablemente, estos asentamientos no son acompañados por el apoyo estatal, como establece la Ley de Reconducción Comunitaria, situación similar a la que se produjo con la Reforma Agraria de 1953, cuando la dotación de tierras a campesinos e indígenas no fue acompañada con apoyo técnico y económico que permitiera el potenciamiento económico productivo del área rural.

Un párrafo aparte merece el tema de la equidad de género en la distribución de la tierra, ya que según los datos que maneja el INRA (2010) la superficie titulada a favor de la mujer (únicamente a nombre de la mujer) no alcanza al 3%, mostrando una gran brecha en el acceso a la tierra entre hombres y mujeres a nivel individual, por otro lado, en el caso  de la tierra titulada forma colectiva se “esconden” grandes desigualdades de género y generacional.

Para dar continuidad al saneamiento y distribución de la tierra, que difícilmente terminará en 2013, surge la necesidad de consensuar una nueva norma agraria (más aún tomando en cuenta que la norma vigente no está adecuada a la Constitución Política del Estado aprobada en 2009) que incluya las visiones propias de indígenas y campesinos y permita garantizar el acceso, tenencia, control y aprovechamiento sustentable de la tierra-territorio y los recursos naturales, con equidad de género y generacional.

 

(*) Eulogio Núñez  y Julio Rodriguez son Director y Comunicador de CIPCA Santa Cruz (respectivamente)

 

 

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