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Propuestas Económicas Productivas

El conflicto por el TIPNIS entre el gobierno y el movimiento indígena en el país, es un fenómeno social que, pese a haber culminado la novena marcha en su forma de movilización social reivindicativa,  continúa siendo un tema vigente de opinión pública y por tanto con suficiente cobertura mediática.

Pero la notoriedad de este conflicto también se refleja en el interés que despierta tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, al punto que para muchos analistas académicos y activistas ambientales y de derechos humanos, la defensa del TIPNIS se ha constituido en un ícono referencial de resistencia, de dignidad en la defensa de los derechos, pero también de coraje por ponerse al frente del modelo de desarrollo capitalista.

De otro lado, el endurecimiento del gobierno contra el movimiento indígena, expresado en acciones represivas y su renuencia a negociar con la marcha indígena, le ha valido más pérdidas que réditos políticos. Pues ya en la octava macha, el movimiento indígena le arrebató el título de defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra, poniendo en entredicho algunos componentes simbólicos esenciales que hasta hoy sustentaron ideológicamente el discurso del gobierno, situación que se profundizó con la novena marcha.

Sin embargo a estas alturas del conflicto, no corresponde señalar victorias o derrotas, porque aún no las hay, el conflicto aún no ha sido superado y según lo manifestado por la dirigencia indígena la movilización aún tendrá nuevas jornadas. La intensidad con que el gobierno se moviliza al interior de algunas organizaciones indígenas, corrobora esa afirmación.

Además, la movilización en torno al conflicto por el TIPNIS no se explica en sí misma, sino que responde a una confrontación mayor entre el Estado y los pueblos indígenas de tierras bajas. De modo que no se trata de una octava y una novena marcha indígena, se trata de nueve marchas indígenas desde que los pueblos indígenas de tierras bajas iniciaron contacto político de manera explícita y sostenida con el Estado hace dos décadas atrás (1990). Una de las características más evidentes de esta relación, es su tradición conflictiva, pues desde un inicio se estableció de esta manera, sobre todo en razón al sentido del contenido reivindicativo de los pueblos indígenas, expresados de manera contrapuesta a las lógicas coloniales del Estado.

Visto el conflicto del TIPNIS en retrospectiva histórica, está claro que la confrontación de lógicas entre los pueblos indígenas y el Estado, en el fondo responde a una larga lucha entre ambos que no se resuelve aún. Ya la habían librado por las armas a fines del siglo XIX, primero bajo la conducción de Apiaguaky Tumpa en Kuruyuky (1892), luego Zárate Willka en La Paz (1899), ambos defendiendo el derecho a un gobierno propio en un territorio propio y a su turno ambos derrotados por la fuerza del Estado.

En la época más contemporánea, se repite la confrontación entre pueblos indígenas y el Estado, pero bajo el método de la movilización reivindicativa, ello implica de parte del movimiento indígena la aceptación de pertenencia al Estado boliviano, pero a condición que el Estado también le reconozca en la praxis el derecho a la libre determinación en sus espacios territoriales de acceso actual, donde puedan ejercer todas sus lógicas económicas, culturales y socio-organizativas. Demanda que no ha sido atendida.

En este sentido, no se trata de un conflicto reciente ni involucra sólo al gobierno de Evo Morales. El de los pueblos indígenas y el Estado, es un conflicto sobre el cual se ha librado ya al menos nueve batallas (marchas) desde 1990. De modo que la novena marcha indígena vendría a ser una batalla más, aunque muy estratégica, pero probablemente no será la definitiva.

A lo largo de estas dos últimas décadas, el movimiento indígena ya logró resultados relativamente favorables como el reconocimiento jurídico de los territorios indígenas (perforando así el sistema de tenencia de la tierra basado estrictamente en las lógicas del mercado); el cambio de visión de país a favor de la plurinacionalidad logrado vía el proceso constituyente planteado por el movimiento indígena el 2002, posibilitando además el reconocimiento de las lógicas de la economía y la justicia plural, entre otros logros.

En estas dos últimas marchas indígenas, el Estado estuvo mejor acondicionado en cuanto a capacidad de acción, debido a que el actual gobierno cuenta con cierto capital de legitimidad social, especialmente entre campesinos e interculturales, con un Poder Legislativo bajo control absoluto, un manejo discursivo más eficaz y un manejo mediático más contundente, de ahí se entiende la mayor contundencia de desempeño en esta lucha de lógicas ante el movimiento indígena. Pero el movimiento indígena también demostró capacidad de movilización, está provisto de líderes con mayor solvencia política y cuenta con respaldo de la sociedad civil.

Entre tanto, esta confrontación de lógicas continúa instalada en sus respectivas trincheras, nuevas batallas se insinúan, como si el país continuara siendo el mismo, como si la nueva Constitución Política del Estado no tuviera la suficiente claridad en cuanto al ejercicio de la pluralidad, como si la historia pugnara por un estado de continuidad.

 

(*) Ismael Guzmán es Sociólogo de CIPCA - Beni

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