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Propuestas Económicas Productivas

Los 193 países miembros de las Naciones Unidas, incluido Bolivia,  que el pasado mes de junio en Río de Janeiro-Brasil participaron de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible - Rio+20, tras 10 días de reuniones, acordaron y aprobaron un plan por el medio ambiente y contra la pobreza plasmado en el documento “El futuro que queremos”, que tiene como ejes principales la “Economía Verde” en el contexto del desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza y el marco institucional para este desarrollo. Este plan merece una valoración tanto de sus elementos positivos hacia el futuro, como de sus grandes debilidades, expresadas  además en la falta de ambición y concreción de los acuerdos.

El documento final muestra una serie de acciones positivas, las cuales se consideran como un avance en la solución a la crisis socio-ambiental, sin embargo éstas son escasas frente a lo esperado por la sociedad civil, además de no resolver el problema de forma estructural sino simplemente de forma parcial. Entre éstas están: el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a través de un consejo administrativo de todos los Estados miembros y la dotación de mayores recursos financieros;la creación de un nuevo indicador global de bienestar que incorpore no sólo el Producto Interno Bruto (PIB), sino también indicadores que tomen en cuenta la dimensión social y ambiental; el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como extensión de los Objetivos de  Desarrollo del Milenio para elaborar el marco internacional de referencia para el desarrollo sostenible y; la adopción de un plan decenal de nuevos estándares de producción y consumo sostenible que permita la valoración y el planteamiento de la modificación de las pautas actuales de producción y consumo.

Los elementos negativos, y que son de suma preocupación para la sociedad civil en su conjunto, muestran que este documento apunta al crecimiento económico y no así a combatir las causas estructurales del problema. Para empezar, en el documento no se define claramente el concepto de economía verde, proporcionando simplemente pautas sobre qué características debiera tener este concepto, contribuyendo así a potenciar la mercantilización y financialización de los ciclos y funciones de la naturaleza, bajo el argumento de que el medio ambiente sólo podrá preservarse si incorporamos su valor económico al mercado.

Por otra parte, en el documento se le asigna un valor monetario a la biodiversidad y su capacidad de proveer servicios esenciales como base del desarrollo sostenible y el bienestar humano, promoviendo la inversión privada a través de incentivos y políticas para la conservación de la diversidad biológica expandiendo la posibilidad de nuevos mercados e instrumentos financieros para la mercantilización de la naturaleza.Asimismo,  prioriza nuevamente lo económico, concibiendo el crecimiento económico como la estrategia principal y necesaria para alcanzar las dimensiones social y ambiental del desarrollo sostenible. Además de no reconocer que el crecimiento económico ilimitado no es posible en un planeta finito.

A pesar de que el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas -enunciado formalmente hace diez años como parte de la declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo respecto al papel de los Estados en la construcción del Desarrollo Sostenible- está reconocido, no existe claridad sobre las obligaciones de los países desarrollados para su cumplimiento, y no hay mención de que la economía verde esté sujeta a este principio. Por otro lado, tampoco se acuerda un plan de eliminación de subsidios para el uso de combustibles fósiles, los cuales son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático.

Asimismo, en el documento se ignora la necesidad de que los países industrializados admitan su deuda ecológica, a través de la creación de un fondo de financiación y la transmisión de tecnología a los países en desarrollo y se insiste en que el acceso al crédito y a los mercados, así como a las inversiones tecnológicas, permitirán se garantice alimentos para toda la población, sin tomar en cuenta la accesibilidad y distribución de los mismos.

Finalmente, el documento no permite llegar a consensos internacionales sobre temas claves para la sostenibilidad, como la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por los países industrializados.

Por todo esto, se puede afirmar que este no es “El futuro que queremos”, lo planteado en este documento no logrará resolver la actual crisis socio-ambiental, ya que el mismo omite deliberadamente el tratamiento real de las causas estructurales de la crisis, sin plantear los cambios de fondo necesarios en el sistema económico actual, además de que no compromete a los países desarrollados a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del cambio climático. A su vez, el concepto de economía verde es una falsa solución a la crisis ambiental, social y económica ya que pretendería mercantilizar las funciones y los ciclos de la naturaleza. Por otro lado, la inclusión del concepto de “derechos de la naturaleza” termina legitimando la “economía verde”. Ante esto, existe la urgente necesidad de discutir y reflexionar sobre la construcción de un nuevo paradigma desde Latinoamérica, basado en principios y cosmovisiones que busquen la inclusión sociocultural, económica y ambiental en armonía con la Madre Tierra.

 

(*) Ricardo Rojas Quiroga es miembro de la Unidad de Acción Política de la UAP

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