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Propuestas Económicas Productivas

Los pueblos indígenas y sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado se constituyen en obstáculos para la implementación del modelo de desarrollo extractivista y exportador de los recursos naturales, claramente vigente frente al discurso del paradigma del Vivir Bien. Los proyectos mineralógicos, hidrocarburíferos, hidroeléctricos y los megaproyectos vulneran los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo la vida misma de estas poblaciones. En este marco, el proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que pasaría por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ha sido cuestionado por la población indígena del territorio que, a través de la VIII Marcha realizada en octubre de 2011 forzó la promulgación de una ley que impide la construcción de la carretera por medio del TIPNIS.

El gobierno nacional obsesionado por la construcción de esta carretera, ha recurrido a viejas prácticas deshonestas y de mala fe para dividir a las organizaciones indígenas a través de la descalificación, la cooptación de sus líderes y alentando la confrontación entre las propias organizaciones indígenas y campesinas. Estas prácticas tan habituales en tiempos del movimientismo y el neoliberalismo del siglo pasado, fueron retomadas por un gobierno que se dice indígena y popular, supuestamente, para defender los derechos de los pueblos indígenas y construir el Estado plurinacional comunitario. Las retóricas expuestas para deslegitimar la movilización social y desautorizar a los dirigentes, tan bajas e inverosímiles, remiten y hacen recuerdo de un pasado tan criticado por el conjunto de la sociedad y por quienes se encuentran en la conducción del gobierno actualmente.

Las autoridades gubernamentales en vez de establecer espacios de diálogo y concertación con los indígenas de la IX Marcha, que demandan la anulación de la Ley 222 y la vigencia de la Ley 180 que  protege al TIPNIS, han generado un escenario de confrontación alentando una contramarcha con organizaciones afines al gobierno y descalificando a los líderes de la marcha con argumentos insostenibles y poco creíbles. Como un revés al gobierno, la población paceña ha recibido fraternal y solidariamente a la marcha indígena que llegó a la ciudad de La Paz el pasado 27 de junio después de 62 días de caminata, afrontando los obstáculos orquestados por el gobierno y venciendo las adversidades del clima.

No existe desde el gobierno la más mínima intensión de dialogar con los representantes de la IX Marcha, puesto que estos no serían los representantes válidos por sus supuestos antecedentes oscuros, rebuscados y hasta inventados por el mismo gobierno. Por el contrario, éste apuesta a la desarticulación y división de la misma a través del desgaste y la firma de acuerdos aislados con algunos dirigentes para que abandonen las actuales medidas de presión. Las autoridades de gobierno sólo reconocen como interlocutores válidos a los dirigentes de las organizaciones paralelas que fueron cooptadas a través de prebendas y de supuestos acuerdos programáticos. Estos hechos dan a entender que los acuerdos para el procedimiento de la consulta condicionada por la sentencia constitucional de la Ley 222 serán establecidos no con los indígenas que protagonizan la marcha, sino con los corregidores cooptados con una serie de prebendas.

La estrategia gubernamental de “dividir para reinar” está fragmentando a las organizaciones indígenas, deslegitimando a unos y apoyando a otros, prohibiendo el derecho a la protesta a unos y alentando a otros, calificando a los dirigentes que comulgan con sus políticas como “buenos” y satanizando a los dirigentes que cuestionan la vulneración de sus derechos. Estas acciones de descalificación reproducen nuevas formas de discriminación social y política de los indígenas en tiempos de descolonización y construcción del Estado Plurinacional. De igual manera, son justificadas por el gobierno con el argumento de que las organizaciones indígenas y sus líderes habrían perdido el horizonte trazado en la CPE y, por ello, el gobierno estaría en la obligación de hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas.

Estas prácticas anacrónicas de gestión de los conflictos con los pueblos indígenas de parte del gobierno no son las apropiadas para establecer acuerdos y consensos, sino más bien tienden a profundizar y alargar más el conflicto. El gobierno tiene la firme intención de desarticular y derrotar a la IX Marcha como una especie de revancha por la desacreditación de la gestión de gobierno con la anterior marcha, además de convertir a los líderes que protagonizaron la misma en enemigos políticos. Sin embargo, la IX Marcha apuesta al apoyo de la población urbana para forzar un diálogo y anular la Ley 222 de Consulta que vulnera los derechos de los pueblos indígenas.

En definitiva, tarde o temprano deberá haber una salida al conflicto, pese a las posiciones atrincheradas de ambos sectores. Tendrá que establecerse un diálogo sincero, dejar de lado la ceguera que el poder puede causar en los tomadores de decisión y lograr la concertación entre los pueblos indígenas y el gobierno sin condicionamientos ni imposiciones, en el marco del respeto a los derechos de los pueblos indígenas establecido en la Constitución Política del Estado y siguiendo los preceptos del paradigma del Vivir Bien hasta hoy dejados de lado. 

 

* Fredy Villagomez es miembro de la Unidad de Ación Política de CIPCA

 

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