Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural
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Propuestas Económicas Productivas

Sin lugar a dudas, lo acontecido el 24 de mayo en la culta Charcas o Sucre, Capital de la República, es indignante y repugnante desde todo punto de vista, y desnuda una cruda realidad del país donde el racismo y la intolerancia se constituyen en instrumentos privilegiados de algunos grupos incapaces de confrontar sus ideas a través del diálogo.

 

Lo que hemos visto en Sucre debe ponernos en alerta máxima a quienes creemos que en nuestro país se pueden cambiar estructuras anacrónicas de un Estado ausente en la solución de problemas estructurales como la pobreza, el subdesarrollo, la inequidad, el analfabetismo y, ahora, el racismo.

 

Alerta máxima porque, en cierto modo, estamos empezando a acostumbrarnos a ver en plena vía pública -como en Sucre- cometer delitos como el maltrato y los vejámenes sufridos por campesinos e indígenas solamente por el hecho de disentir con el discurso y las propuestas de algunos sectores.

 

Aquel día, el país ha presenciado por los medios de comunicación, con impotencia, cómo bajo consignas de “¡Viva la autonomía departamental!, ¡Sucre capital plena de Bolivia!, ¡Sucre se respeta, carajo!”, campesinos e indígenas fueron humillados y maltratados salvajemente por sus propios hermanos chuquisaqueños, olvidándose que ellos mismos en su gran mayoría provienen de madres de polleras y abarcas, que ahora desdeñan. Actitud y práctica común, debemos agregar, entre quienes olvidan su origen y su pasado.

 

Lo más grave, y a diferencia de otros casos, es que nosotros estemos acostumbrándonos a presenciar muestras de regocijo público de los agresores por sus actos delictivos y de racismo, mientras que no hace mucho éstos mismos huían y esquivaban los medios de comunicación.

 

Es notorio cómo este tipo de actos, que van contra los más elementales derechos humanos y la dignidad de las personas, se están manifestando y repitiendo con tanta facilidad en algunas zonas del país, principalmente hacia sectores populares, campesinos e indígenas.

 

Casos como el ocurrido en San Ignacio de Velasco, donde representantes cívicos y algunas autoridades locales agredieron furibundamente al sacerdote Adalid Vega Veizaga, acusándolo de ser contrario al proceso de las autonomías y que, por ese hecho, debía abandonar la zona. En similar situación se encuentra la región del Chaco, donde aún se pone en duda la existencia de ciertas lacras sociales, como las de las familias esclavas en algunas haciendas.

 

En estos y tantos otros hechos donde aflora el racismo, la violencia, la discriminación y la intolerancia, el Estado, lamentablemente, brilla por su ausencia, y muchas veces asume una actitud paciente y contemplativa.

 

¿Qué hacer desde la sociedad civil, para que estas manifestaciones y prácticas de racismo e intolerancia se puedan ir revirtiendo?

 

 La respuesta requiere, iniciativas que empiecen a frenar este tipo de abusos. En este sentido, se debe incidir para que la normatividad vigente se aplique de manera inflexible contra aquellos transgresores, por las diferentes instancias llamadas a hacer cumplir las leyes. Así mismo, debemos iniciar masivas campañas públicas de comunicación para propiciar el establecimiento de escenarios de dialogo intercultural en diferentes ámbitos, en procura de contribuir a la generación de espacios que permitan acercar visiones contrapuestas y, de esta manera, aportar a la construcción de un país más inclusivo, participativo y sin discriminación. Sin duda, ello no descarga al Estado de su responsabilidad de asumir y encarar este tema conflictivo, en los niveles que correspondan.

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