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Propuestas Económicas Productivas

Los campesinos indígenas y sectores populares del país han marchado en diferentes momentos de la historia del país para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos, de su dignidad, su territorio. Probablemente una de las primeras marchas se ha dado con el precursor Congreso Indigenal de 1945 realizado en La Paz, en el que campesinos e indígenas llegados desde diferentes puntos del país lograron del gobierno de Villarroel medidas para suprimir los servicios gratuitos del pongueaje, la mit'a, y obligar a establecer escuelas rurales y organizar una comisión que redacte el código del trabajo agrario. Aunque dichas medidas no se cumplieron sino después de más de una década.

Entre otras marchas de la historia contemporánea del país podemos mencionar:
Marcha de 1990 por indígenas de tierras bajas, desde el Beni hasta la ciudad de La Paz, demandando territorio y dignidad, que ha logrado posicionar estos temas en la agenda nacional y sensibilizar la conciencia de la ciudadanía y de las autoridades sobre la problemática indígena de tierras bajas, hasta entonces poco conocida y postergada.

Marcharon en 1986 familias mineras, muchas de ellas de extracción campesina indígenas, y sectores populares en defensa de la vida, tras el cierre de las minas nacionalizadas y el despido de sus fuentes laborales de más de veinticinco mil mineros.

En el año 2002 igualmente se llevó a cabo otra marcha desde distintas regiones del país demandando explícitamente una Asamblea Constituyente que tenga la misión de elaborar una nueva Constitución Política del Estado (CPE), lo que condujo a la instalación de la Asamblea Constituyente en el 2006. Pese a las trabas, dificultades, conflictos y bloqueos a esta Asamblea, su trabajo ha servido de base para alcanzar este 21 de octubre un proyecto concensuado de nueva CPE y la promulgación de una ley para su referéndum. Así, el proceso iniciado en 2002 concluye una vez más con otra marcha multitudinaria iniciada la anterior semana en Caracollo-Oruro por campesinos, indígenas y mineros a los que se han ido sumando todos los sectores populares y de todas las regiones del país llegando a la ciudad de La Paz de manera grandiosa y pacífica.

Una vez más se ha evidenciado que el diálogo y la concertación, como los alcanzados entre el MAS y otras fuerzas políticas de oposición –con la veeduría y el respaldo de la comunidad internacional- son caminos siempre posibles y viables; aunque desgraciadamente esta vía, la del diálogo y la concertación, sólo ha sido posible tras la muerte de muchos ciudadanos y ciudadanas del país, como los de Pando y de otras regiones del país, muertes que aún no cuentan con la investigación concluida y menos con la sanción a sus autores intelectuales y materiales.
Ahora bien, hay que tener presente que los acuerdos sobre la nueva CPE constituyen sólo un hito, por supuesto un hito muy importante, de una larga marcha que permite avanzar en la construcción democrática y participativa del país, y que responda a los desafíos y retos de los tiempos actuales, como la inclusión de los diferentes sectores, regiones, tipos y niveles de autonomías, control social, entre otros temas. Y seguramente habrán temas y propuestas que no han quedado del todo incluidas en la negociación, es algo que debemos aprender y aceptar de un proceso tan complejo como éste.

Una vez que sea aprobada en enero la nueva carta magna, todavía quedará mucho trabajo por hacer: adecuar todo el sistema jurídico a la nueva CPE y luego ponerla en marcha, trabajo que no será sencillo y en el que se encontrarán una y otra vez los diversos sectores, actores y líderes sociales y políticos. Ojala lo logrado en estas semanas –el diálogo y la concertación- se constituya en aprendizaje y lección para seguir avanzando en la nueva etapa de esta larga marcha, sin violencias ni la pérdida de vidas humanas.

 

(*) Lorenzo Solíz Director General CIPCA

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