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El primer territorio indígena en declararse autónomo en Bolivia fue Lomerío. Lo hizo el 29 de marzo último y con la participación de los caciques, autoridades indígenas, delegados, representantes y pobladores de las 28 comunidades que lo integran. De testigos estuvieron representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), constituyentes y parlamentarios indígenas.

Amparados en la normativa nacional (Ley 1257 de 1991 y Ley 3760 de 2007) e internacional (Convenio 169 de la OIT y Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), el pueblo indígena Monkox Chiquitano, auténticos cruceños, decidieron hacer lo que seguramente estuvieron postergando por años.

La lucha por las autonomías indígenas no es reciente. Tampoco es una contralucha o contrapropuesta a la demanda de autonomías departamentales. Y menos es de propiedad o de autoría del MAS.

 

La lucha por la instauración de autogobiernos indígenas tampoco es sólo del movimiento indígena y campesino boliviano. Es una lucha compartida por más de 300 millones de personas, en alrededor de 5 000 poblaciones, en 70 países del mundo, según datos de la ONU publicados en 2007. Ése es el porqué del Convenio 169 aprobado en 1989 en Ginebra que reconoce los derechos de las comunidades originarias en el planeta; y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, remata y exige a los estados miembros de la ONU que respeten las culturas étnicas.

La contienda por las reivindicaciones indígenas en el mundo ha sido así de encarnizada como en Bolivia, por eso tales declaraciones demandaron más de 20 años de gestiones.

Ciertamente, los primeros en enarbolar las banderas de las autonomías en Bolivia, en la época contemporánea, fueron los indígenas. Sino, revisemos los archivos de prensa sobre la movilización indígena de Tierras Bajas de 2002 (IV Marcha Indígena campesina por la Asamblea Constituyente), o en su defecto la propuesta de Ley Indígena presentada al Parlamento en 1982 que ya demandaba autonomías indígenas.

 

Acerca de la decisión de Lomerío se ha dicho de todo. Menos la verdad.

¿Por qué no se declararon autónomos antes y lo hacen justamente en esta coyuntura?

Los anti-indigenistas dicen que la decisión de Lomerío, a la que se sumaron los demás chiquitanos y los otros cuatro pueblos indígenas cruceños (guarayo, ayoreo, yuracaré mojeño y guaraní), ha sido una decisión política.

Sí, claro que ha sido una determinación política, porque definitivamente esta lucha por la reivindicación de derechos es política. Y claro que la reacción indígena ante el estatuto autonómico departamental impulsado por las elites cruceñas también ha sido política. ¿Por qué negarles a los pueblos indígenas una reacción política? ¿O, por qué cuestionarle la posición política de declararse autónomos en esta coyuntura y no en otra?

Hasta aquí, el recorrido de los indígenas y campesinos por “acceder” al poder (del que siempre estuvieron marginados) y por reivindicar sus derechos (que siempre fueron violentados) ha estado enmarcado en las estructuras políticas que diseñaron los no indígenas.

¿Usos y costumbres? Nada. Eso todavía es un proyecto y un anhelo de los pueblos étnicos.

Si los indígenas hubiesen querido llegar al poder con base en los usos y costumbres, no hubiesen llegado nunca y, seguramente, la mayoría hubiese terminado en la lenta “extinción” como sucede con los yuquis, con los pacahura o con la mayoría de las etnias de Tierras Bajas.

 

Tuvieron que someterse una vez más a las estructuras de los caray para acceder al poder, en ciertos espacios, porque la resistencia es muy dura y desigual. Pero antes de llegar, claro, fueron engañados y utilizados de la forma más vil por los mal llamados “partidos tradicionales” que han estado prostituyendo a algunos dirigentes indígenas.

 

* Gisela López Rivas es periodista y comunicadora de CIPCA Santa Cruz

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