Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural

 

Propuestas Económicas Productivas

Días atrás cuando se anunciaba que campesinos llegarían a Sucre para expresar su posición sobre la Asamblea Constituyente y la capitalidad plena, se dejó sentada la posibilidad de enfrentamientos con los grupos movilizados de la capital. Por enésima vez se estigmatizó a campesinos y campesinas como violentos, una amenaza para la población citadina – y por detrás, el desdén racista-. El histórico 28 de agosto cuando se realizó un paro cívico en 6 regiones se puso en evidencia que la violencia tiene distintos rostros.

Por eso fue histórico aquel día, jamás olvidaremos las crueles imágenes de jóvenes, agrediendo a hombres y mujeres, vendedores de mercados y otros transeúntes que intentaron desarrollar sus actividades cotidianas. En cambio, la llegada y estadía de campesinos en Sucre los días previos al paro, fue una muestra y ejemplo de civismo tal que dejaron minúsculos a los comités cívicos.

¿Quién en sus cabales puede entender que se defienda la democracia, que se llame movilización pacífica y movimiento cívico a actos de amedrentamiento, persecución, invasión, agresión y humillación a constituyentes en Sucre; a gremiales del mercado Abasto de Santa Cruz? para poner sólo dos ejemplos. En mi modesto entender civismo es la convivencia pacífica de los ciudadanos y ciudadanas en función a las reglas del juego democrático y en base a valores como la igualdad y el respeto a los derechos humanos y a la diferencia; recupero lo que sostiene Victória Camps, catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona “…civismo es, por encima de todo, la cultura de la convivencia pacífica y solidaria…”. Lo ocurrido en las calles aquellos días es segregación racial e imposición ideológica a fuerza de golpes.

Ahora, veamos los móviles de tan deplorables actos. Se constata una desesperada acción por llevar al fracaso a la Asamblea Constituyente –casi lo logran-. Cabe preguntarse por qué se oponen a este proceso democrático de cambios, los temas de fondo son: la visión de país, la propuesta de un Estado Unitario Plurinacional, Autonomías más que las departamentales –léase bien, a los autonomistas se les está diciendo SÍ queremos autonomía, no nos oponemos a un régimen autonómico, pero queremos autonomías también para los Pueblos Indígenas Originarios, esto dice el informe de mayoría de la comisión correspondiente que recoge la propuesta del Pacto de Unidad-, pluralismo jurídico, ampliación de los derechos individuales –cuales son las propuestas de los movimientos de mujeres- y de los derechos colectivos, la reelección presidencial, un nuevo régimen de tierras y distribución de los recursos naturales. Son muchos y profundos los cambios, pero ¿quien dijo que se quería una Asamblea Constituyente para hacer parches a la CPE, ¿acaso desde el año 1990 y más claramente, el 2002 las marchas indígenas campesinas que partieron desde el Oriente demandaban por algunas reformas? La propuesta siempre fue clara: transformación del Estado, refundación de Bolivia para eliminar la exclusión, propuesta que se hizo carne más allá del movimiento indígena campesino posteriormente en las movilizaciones ciudadanas  del 2003.

Las zancadillas a la AC: que no puede ser originaria y soberana, que los 2/3, que el referéndum autonómico sólo dice autonomía departamental, que la capitalidad plena, hoy nos confirman que habían sido bastantes los conformes con la partidocracia, la democracia pactada, las privatizaciones, los latifundios, los ciudadanos de primera y de segunda, la clasificación en indios y blancos; todo aquello que durante los 25 años de “sistema democrático” construyeron y consolidaron para sí y que les permitió circular por los espacios de poder, todo aquello que para ellos es democracia, entonces sí valía hacer prevalecer la mayoría, entonces era permitido el rodillo, entonces era aplaudida la represión y el estado de sitio, entonces se aceptaba que los jueces y todo el poder judicial responda a los gobiernos de turno, ¿la reelección? ¡No la necesitaban! Para qué si igual estaban en el poder por turnos.

Por eso tampoco es extraño que se promueva y justifique la movilización violenta para defender al Tribunal Constitucional, a aquel fragmento del sistema judicial que en el 2002 negó la Asamblea Constituyente cuando el presidente era Jorge Quiroga y éste, junto al congreso de ese entonces, tuvo con eso la mejor excusa para no viabilizarla ante la demanda plateada por la marcha indígena. Como este hay muchos otros casos que son un amargo recuerdo para el pueblo.

Hoy, los movilizados vestidos de demócratas dicen combatir el totalitarismo, no se critique lo mismo que ya se hizo. Recordemos sólo un episodio: hubo totalitarismo e incluso represión cuando se puso en vigencia el D.S. 21060; también hubo totalitarismo las reiteradas veces que se emitieron normas los 31 de diciembre por la tarde o día antes de entregar el poder. Con velocidad sorprendente en el parlamento –con la garantía de la mayoría con la que contaban- se aprobaban paquetes completos, las más de las veces, referidas a contratos que comprometían el patrimonio del Estado a transnacionales; o concesiones de tierras, forestales y otras.

¿Esa es la institucionalidad que se quiere restaurar?

Indígenas y campesinos junto al movimiento ciudadano son los promotores del cambio, los excluidos por esa democracia que algunos añoran. Es tiempo de equiparar las cosas, no de revanchismo. Para equiparar hay que redistribuir. Esto es que unos deben renunciar a privilegios y a otros se les debe otorgar bienestar, poder y justicia.  Para ello, la Asamblea Constituyente todavía sigue siendo el mejor espacio, lo que implica, concesiones y renuncias ¡salvemos la Asamblea Constituyente!

 

(*) La autora es comunicadora de la Unidad de Acción Política de CIPCA

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