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Propuestas Económicas Productivas

En los últimos diez años, las empresas Maxus, Pluspetrol y el Consorcio Transierra S.A., han desarrollado actividades de exploración, explotación y la construcción de obras civiles para el transporte de hidrocarburos dentro de las Tierras Comunitarias de Origen del Pueblo guaraní en el sur del País, implicando dichas actividades la activación de conflictos socio ambientales. Estos conflictos generados por la actividad hidrocarburífera en los territorios indígenas y, las características de las prácticas políticas de la sociedad guaraní en la gestión de dichos conflictos, constituyeron nuestro objeto de investigación en el marco del diplomado “metodologías de investigación social”,  realizado con el PIEB en la gestión 2006.

Concluido el proceso investigativo, los datos cuantitativos y cualitativos, muestran los resultados siguientes: primero, los conflictos sociales que la actividad hidrocarburífera ha generado en los territorios indígenas, han incidido de manera directa en la reconfiguración de las relaciones sociales comunitarias basadas en nuevos modelos de desarrollo, así como en la desestructuración de las bases organizacionales y la desterritorialización indígena. Segundo, los conflictos ambientales, han provocado una afectación directa en los elementos bióticos y abióticos del hábitat natural, por la deforestación selectiva del bosque, el sistemático decremento y emigración de la fauna silvestre y el desvío de las fuentes subterráneas de agua dulce.

Al generar los conflictos impactos de alta sensibilidad en el colectivo social y territorio guaraní, las prácticas políticas adoptadas por la organización indígena en la gestión de los citados conflictos, se han configurado en escenarios y estrategias de confrontación y diplomacia. Cada escenario, estuvo determinado por factores externos como la magnitud geográfica del conflicto, la implicancia sociopolítica del conflicto, la afectación ambiental del conflicto, el resguardo legal del derecho indígena, la presencia estatal como actor regulador, la coyuntura nacional y regional y, como también por factores internos, tales como el nivel de fortalecimiento de las estructuras organizacionales indígena, su cultura política, la capacidad de propuesta y el establecimiento de alianzas, el acceso a la información, la historia de vida orgánica y las lógicas y sistemas valorativos sobre el territorio. Estas practicas políticas han sido efectivas y estratégicas en la percepción de la sociedad y organización guaraní, quienes sostienen que con ellas, se ha demostrando su capacidad de resistencia a procesos ajenos a su Ñandereko (forma de ser), interpelando las políticas de responsabilidad social empresarial de las petroleras y el resguardo de sus derechos por parte del Estado.

En este marco, el derecho propietario y saludable del territorio originario, el derecho a la intraculturalidad e interculturalidad, el derecho a la reproducción de los sistemas y medios de vida, el derecho a la autodeterminación, en resumen, el derecho a la vida de las sociedades indígenas, se encuentran altamente vulnerados por la actividad petrolera en su territorios, a pesar de la existencia de un marco legal que los reconoce pero no los legitima. Por ello, en este escenario de grandes transformaciones y reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, a través de la Asamblea Constituyente, se debe establecer, en la nueva carta magna, la transversalización de los derechos indígenas, preferentemente aquellos relativos a la vida, la seguridad, el territorio y la autodeterminación.

 

(*) El autor es director de CIPCA Beni

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