Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural
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Propuestas Económicas Productivas

Como es conocido, uno de los temas más importantes en la elaboración de la nueva constitución boliviana es la propiedad, acceso y manejo de los recursos naturales por su abundancia y diversidad, puesto que significan oportunidades de desarrollo para el país.

Sin embargo, a pesar de esta ventaja Bolivia presenta menos prosperidad económica y mayor pobreza que otros países menos afortunados en recursos naturales. Pero no solo se presenta esta paradoja, además, la presencia de recursos naturales genera inestabilidad, conflictos sociales y problemas ambientales, convirtiendo los recursos naturales en un problema en lugar de una solución.

Una primera condición para que los recursos naturales sean una palanca de desarrollo nacional y para que la mayoría disfrute de sus beneficios, es apropiarse como país del valor que generan dichos recursos y regular la explotación de los mismos. El actual gobierno ha mostrado su voluntad y determinación de realizar cambios en este sentido. Y el debate de la apropiación nacional del valor de los recursos naturales es tema clave en la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, mantener gran parte del valor de los recursos naturales en el país y cobrar sus beneficios como gobierno, no es suficiente para generar prosperidad y progreso económico. El mundo ofrece una abundancia de ejemplos de gobiernos enriquecidos por sus recursos naturales que han despilfarrado sus beneficios por mal manejo y corrupción. Por tanto, una segunda condición es utilizar y destinar los beneficios en proyectos que favorezcan a la sociedad en su totalidad. La buena asignación de los ingresos no es un reto fácil, y depende además de la visión de cada gobierno en cuanto a la organización de la economía y de la sociedad en general. A pesar de las diferencias que pueden existir en cuanto a la estrategia sobre cómo destinar los recursos, su asignación debe estar sujeta a un control social para disminuir las posibilidades de malgasto. Una prioridad para la sociedad debería ser entonces crear instituciones que controlen el buen uso de los beneficios que generan los recursos naturales y que limitan las posibilidades de uso ilegitimo y de corrupción.

Bolivia vive un momento oportuno para optimizar sus instituciones al respecto. A través de la Asamblea Constituyente no solo se debe incorporar, en la nueva constitución, el aspecto de la apropiación nacional del valor generado por los recursos naturales, sino también crear un marco normativo para asegurar el buen uso de sus beneficios. Una manera es incorporar en la nueva constitución una norma de transparencia, la cual ofrecería a cada boliviano(a) el derecho a la información sobre el uso de los beneficios de los recursos naturales. Cada ciudadano(a) debe tener el derecho constitucional de saber lo que el gobierno recibe por concepto de explotación de los recursos naturales y el destino de los beneficios. Y este derecho debe ser garantizado por todos los niveles del Estado, tanto nacional, regional y local.

Una norma legal de acceso libre a información, exigible por el(la) ciudadano (a) ante cualquier autoridad pública, ya es común en muchos países. De acuerdo a la encuesta “Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Records Laws”, realizada por David Banisar, aproximadamente setenta países ya cuentan con una norma similar. En varios países la norma está incluida en su Constitución. Por ejemplo, el Artículo 2 de la Constitución peruana declara que “toda persona tiene derecho (…) a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.”

Mientras una norma general sobre el derecho a la información es común, una referencia explícita sobre el acceso a la información sobre el uso de los beneficios de los recursos naturales sería innovadora. Un artículo en tal sentido en la nueva Constitución contribuirá al control social y a la transparencia del uso de los recursos naturales. Por ejemplo, permitiría que un(a) ciudadano(a), exija de su gobierno municipal revelar cómo ha gastado los ingresos del Impuesto Derivado a los Hidrocarburos (IDH); o posibilitaría que una ONG o un medio de comunicación demande información financiera sobre concesiones forestales otorgadas por una entidad pública.

A pesar que no ofrece una garantía plena para el buen uso de los recursos naturales, sí puede disminuir la tentación de parte de los gobiernos de hacer uso ilegítimo de los ingresos que genera el aprovechamiento de dichos recursos y ofrecería un instrumento a la ciudadanía para evaluar mejor a su gobierno.

Por tanto, así como es importante contar con buenos contratos que garanticen mejores ingresos para el país y que tengan carácter público, es vital que estén acompañados por otra garantía sobre el uso de esos ingresos.


(*) El autor es economista en CIPCA Cochabamba.

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