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Propuestas Económicas Productivas

La Comisión de Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustrial de la Asamblea Constituyente emitió hace poco su Informe Preliminar que con fundamentados argumentos históricos, económico-productivos, sociológicos y políticos, pretende ser un Capítulo o un Régimen dentro de la nueva Constitución Política en elaboración, llenando una clara ausencia normativa en esta materia en el país.

Durante décadas fue deseada por los actores del desarrollo productivo rural. Es de destacar que 13 de los 14 artículos fueron aprobados por unanimidad por el trabajo previo de reflexión y pactos democráticos y el mismo nombre del Capítulo o Régimen nos habla de ello, pues ni la agricultura campesina ni la agroindustria fueron excluidas. Un resumen de su contenido muestra la calidad y amplitud en el tratamiento de la temática que sin dejar de ser Constitucional, deriva el desarrollo de sus componentes a la legislación ordinaria posterior.

El Artículo 1 enlaza al Desarrollo Productivo Rural con la erradicación de la pobreza responsabilizando al Estado en la emisión de políticas, planes, programas, y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, transformación, industrialización, comercialización de los recursos naturales renovables y el acceso a servicios básicos que garanticen el desarrollo rural armónico.

Los Artículos 2, 3, 4 y 5 plantean la tarea central del Estado de garantizar los recursos económicos para fomentar el desarrollo rural integral y concertado con las diferentes iniciativas económicas productivas agropecuarias a través de la conservación y manejo sostenible de suelos y apoyo a los sistemas de riego. También, se reconoce y establece el fomento a las organizaciones económicas y productivas, comunitarias, campesinas, indígenas, cooperativas, asociaciones, micro y pequeñas empresas, artesanos y manufactureros. Por ello, la transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales, forestales y agroindustriales, requerirá de una Ley Especial que la norme. Y se señala que el Estado debe priorizar, garantizar y fomentar la seguridad y soberanía alimentaria, favoreciendo la producción agropecuaria nacional sobre la extranjera.

Los artículos 6 y 7 hablan de la creación de una Entidad Financiera de Fomento a la Producción Agropecuaria y Agroindustrial, con políticas y programas según actividad, región y tipo de suelo, mecanismos de subvención y desarrollo, creación del Seguro Agrario y transferencia directa de recursos económicos a productores agropecuarios y agroindustriales. Junto a ello, Políticas fiscales favorables, a través de un programa de incentivos fiscales para emprendimientos productivos.


Los Artículos 8 y 9, hablan de la Educación productiva técnica y ecológica en todos sus niveles y modalidades, con participación del sector privado, señalando que el Estado desarrollará la investigación científica y tecnológica, su aplicación y difusión, para el desarrollo de la producción nacional y su competitividad internacional.

Los Artículos 10, 11 y 12 tratan de la sanidad e inocuidad alimentaría, el fomento a la producción agroecológica -destacando la promoción de la producción y certificación agroecológica del país- y el fomento del agro-ecoturismo comunitario. Aquí se dio el único disenso en la Comisión por lo restrictivo de lo “comunitario”, excluyendo formas asociativas y privadas del agroecoturismo.

El Artículo 13, establece la necesidad de tratados internacionales que favorezcan y promuevan el desarrollo comercial agropecuario y mercados externos duraderos para los productos agropecuarios y elaborados. El último Articulo 14, como novedad importante, establece el Régimen Especial de Seguro Social Agrario que obliga al Estado implementar un Régimen especial Progresivo para los productores agropecuarios.

El Informe de Comisión comentado es perfectible y aún se debatirá en Plenaria. Temas como los de biodiversidad, propiedad intelectual y cultural, patentes y otros, podrían ser incorporados en este o en los de otras Comisiones con las cuales habrá todavía diálogo para la articulación horizontal del texto final. Pero en la medida que expresa al conjunto de la realidad nacional y subsana ausencias históricas en la atención estatal a la agropecuaria campesina y agroindustrial sin demeritar la iniciativa privada, sienta las bases de un modo más integral de ver nuestro país, a través de su Constitución.

Como puede verse, funcionó la concertación política, adecuadamente entendida como un mecanismo democrático de pactos sobre temas centrales. La gran enseñanza de esta Comisión es que los dos tercios y aún más, la unanimidad, es posible. Ojalá todas las Comisiones, aún las que tratan temas muy sensibles como Visión de País y Autonomías, puedan también considerar la fuerte faceta técnica del tema respectivo, que en el caso de la Comisión de Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustrial, solo enriqueció la madurez democrática de la concertación política dentro de la Comisión.


(*) El autor es sociólogo y director de CIPCA La Paz

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