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Propuestas Económicas Productivas

El Presupuesto General de la Nación -PGN- es la herramienta central de que dispone el Estado para la asignación de recursos públicos en planes y programas de desarrollo económico y social. Este presupuesto representaba el año 2004 el 72% del PIB y el 2005 el 68%.

El Presupuesto Nacional los años 2004 y 2005 se ha ejecutado, principalmente, de la siguiente manera: 33% en transferencias directas (subsidios, bonos, seguros y otros); 25% como pago de servicios de la deuda, 18% en Compras del Estado, 16% en servicios personales, 7% en activos financieros y 1% en regalías, tasas y otros gastos.


Las compras del Estado en obras, bienes y servicios están entre los 8 y 9 mil millones de bolivianos para los años 2004 y 2005, distribuidos en las partidas 200, 300 y 400, que representan en promedio este 18% del PGN, el 12% del PIB y el 46% de las exportaciones, por lo que pueden significar un movimiento económico importante para grandes y pequeños empresarios nacionales.

En los dos años anteriores se compraron mayoritariamente activos fijos: 50% en promedio para construcción y mejoramiento de obras, 30% en servicios no personales como estudios profesionales, mantenimiento y reparación y, 20% en materiales y suministros como medicamentos, alimentos y desayunos escolares.

Los Gobiernos Municipales urbanos y rurales son las entidades que mas compras realizan (30%), luego están las instituciones descentralizadas como los Servicios Nacionales, Institutos y Universidades, (28%), la Administración Central (25%), las Prefecturas (13%) y las entidades financieras y seguridad social (4%).

Pero la importancia de las compras estatales está en -además de los montos de ejecución, cómo se distribuye o que instituciones ejecutan-, la capacidad que tienen o pueden tener como posible estímulo en el uso de este dinero de manera positiva. ¿Qué significa esto? Que se pueda utilizar con transparencia, eficiencia y sobre todo generando oportunidad de acceso a los pequeños productores y a la industria nacional.

Esto es lo que el Decreto Supremo 27328 “Compro Boliviano” ha intentado ser y hacer desde su aplicación en marzo de 2004, sin embargo aunque la normativa es un respaldo para que las instituciones publicas compren producción nacional y preferentemente de pequeños productores, aún no ha llegado a ser totalmente aplicada por todas las instituciones publicas, pues algunas veces depende de la voluntad política y en otras las instituciones ven en el Compro Boliviano (CB) una norma burocrática y, finalmente algunas más que no cumplen con procedimientos de información necesarios para generar transparencia en las compras estatales.

Consideramos que la norma debe aún ser perfeccionada para desburocratizar las compras, generar mecanismos de regulación y control y, sobre todo indicadores confiable que apunten al cumplimiento de metas de inserción de los pequeños productores y comprar lo nacional. Para esto consideramos necesario una ley de Compro Boliviano, pero además, una política que aliente el CB hacia estos objetivos concretos.

Políticas inteligentes que no solamente satisfagan una necesidad del Estado, sino que además puedan ser multiplicadoras de iniciativas y dinamizadoras de economía, eso es lo que trajo el compro boliviano; no es solamente que el Estado cumpla su rol social a través de las transferencias, puede hacerlo también a través de las compras estatales, evitando la dependencia de productos importados y promoviendo la producción local y nacional.

Además es importante tener indicadores para medir su evolución e impacto en el mercado y es aquí donde los organismos del Estado deben ponerse retos y desde los pequeños productores velar por su cumplimiento.

El rol del Estado deja ya de ser solamente social, ahora tiene un nuevo reto económico, políticas inteligentes a través de una Ley o política para Comprar Boliviano que pueda ser medida, controlada y retada a obtener mejores y mayores resultados.

(*) La autora es economista en CIPCA - UAP.

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