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Propuestas Económicas Productivas

El Diagnóstico de Situación: Servidumbre y Empatronamiento en el Chaco, elaborado por el Ministerio de la Presidencia y el Defensor del Pueblo, con fecha noviembre 2005, en su apartado Acciones desarrolladas en los 90`s (página 16), hace varias aseveraciones que necesitan mayor explicación, por ejemplo dice: (…) que los proyectos desarrollados con la compra de tierra premiaron y convalidaron todos los abusos…; que se coadyuvó a la impunidad y a mantener el régimen latifundista…; que la compra de tierra era una iniciativa paralela a la demanda de TCO de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y que desconocía el derecho históricos de las comunidades…; que se provocó desarraigamiento y separación de familias guaraníes; que el modelo comunitario desvirtúa el concepto de territorio (…).

Estas afirmaciones muestran claramente que hay desconocimiento del proceso y las estrategias llevadas a cabo en ese entonces por la APG y las instituciones de apoyo y que es necesario aclarar algunos puntos y ampliar la información, para que éste documento que contiene información muy valiosa sobre la dramática situación en la que viven las familias guaraníes empatronadas, contribuya a una mejor comprensión de esa delicada situación, con el afán de encontrar alternativas para erradicar la discriminación y explotación.

Para comenzar, hay que decir que el problema de la falta de tierra en las comunidades guaraníes es estructural y fue reconfirmado en el Diagnóstico elaborado por CORDECRUZ y CIPCA en 1986; para revertir esta situación el Programa de Desarrollo Campesino de Cordillera (PDCC-1987) identificó seis estrategias: afectación, dotación, restitución, reversión, consolidación y compra de tierras para comunidades y familias que carecían de este recurso.

En ese marco la APG y las instituciones que conformaban la Coordinadora de Instituciones responsables de ejecutar el PDCC, decidieron ejecutar dos de las seis estrategias previstas: dotación y compra; por ello la APG simultáneamente demandó al gobierno el reconocimiento y titulación de los territorios indígenas (hoy conocidos como TCO) y se procedió con la compra de tierras, para responder de manera inmediata a familias y comunidades sin tierra; años más tarde esta misma estrategia se desarrolló en la zona Ingre y Guakareta, después de conocer los informes de los “Kereimbas” que participaron en la Campaña de Alfabetización dirigida por la APG, donde tuvieron la oportunidad de presenciar y vivir los malos tratos de que eran objeto las familias empatronadas.


Que la compra de tierra haya premiado y convalidado todos los abusos, es una exageración. Durante el tiempo que duró la compra de tierra y el reasentamiento de familias (1993-1997), la APG y las Capitanías Ingre y Guakareta, de reciente conformación, denunciaron los abusos y los métodos utilizados por los hacendados durante generaciones, y que se acrecentaron cuando los patrones supieron que existían posibilidades reales para que sus peones se vayan, intentaron impedirlo con el cuaderno de deudas, amedrentamiento psicológico permanente, flagelaciones y hasta la retención de menores.


Talvez hay que preguntarse ¿qué pasó con esas denuncias?, ¿qué paso con las propias denuncias hechas por Derechos Humanos?, ¿por qué el gobierno o las instituciones encargadas del tema mantuvieron un aparente silencio?, ¿a quién le corresponde resolver ese tipo de problemas? Quien sabe, si todos nos hubiéramos esforzado un poco más, ya no existirían familias en estas condiciones, pero de ahí a ser responsables de todos los abusos y de mantener el latifundio, es muy diferente y no puede aceptarse dichas afirmaciones.

Que se ha provocado desarraigo en las familias y que el modelo comunitario desvirtúa el concepto de territorio, nada mas desacertado. Como CIPCA estuvimos junto a los Mburuvichas de la APG en todo el proceso de reflexión que ellos desarrollaron para comprender la verdadera dimensión del concepto tierra-territorio, expresado en sus demandas planteadas al gobierno; es más, la estructura de la APG en sus niveles comunal, zonal y nacional por la importancia del tema, asignó una secretaría para tratar esta problemática, y con esa misma orientación nacieron las nuevas comunidades en Ingre y Guakareta; el que se hayan asentado en tierras compradas no quiere decir que renunciaron a su derecho al territorio.

Culminado el proceso de saneamiento y titulación parcial de las TCOs de Charagua Norte, Parapitiguasu y Kaaguasu, las Capitanías no tuvieron reparo alguno en que CIPCA les colabore en la formulación de sus respectivos Planes de Gestión Territorial, porque entienden que comparte su visión sobre la temática. En cuanto al desarraigo, con excepción de Cañadillas, todas las demás comunidades están conformadas con familias de haciendas vecinas o en todo caso de la misma zona (cabe diferenciar la experiencia apoyada por CIPCA y la apoyada por Medicus Mundi).


¿Hubiera sido mejor que continúen viviendo bajo el sistema explotador de la hacienda, donde no gozaban de ningún derecho ni individual peor colectivo? ¿Se intenta hacer creer que el sistema inhumano de la hacienda brinda arraigo y posibilidades de desarrollo a las familias?, definitivamente que NO. Nadie duda que fue difícil para las familias reasentadas, su nueva situación, donde tuvieron que aprender muchas cosas, entre ellas: aprender a vivir en comunidad, a opinar, a planificar, a participar, a decidir, a desempeñar cargos en la organización y en las Municipalidades, y por tanto hay que reconocer los logros alcanzados.

Esta experiencia de la compra de tierra duramente criticada en el documento, se contrapone al esfuerzo principalmente de las familias que ayer decidieron por sí mismas salir de la explotación para vivir en libertad y en tierra propia; si contabilizamos, solo en Ingre y Guakareta las comunidades son propietarias de más de 8.000 hectáreas -todas protegidas con alambre-; ejecutan una propuesta económica-productiva, cuya producción agrícola diversificada y con criterios agroecológicos supera los 18 cultivos; cuentan con mas de 1.000 ovinos de pelo y están demostrando que se puede criar animales bajo otro sistema que no sea el de campo abierto; están mejorando el sistema tradicional de la cría de gallinas, han instalado 90 colmenas para la producción de miel, poseen silos metálicos y desgranadoras a pedal, algunas producen hortalizas y están comenzando con la tracción animal como alternativa intermedia a la mecanización y al trabajo manual.


En lo organizativo participan del conjunto de acciones del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) y la APG, han hecho valer sus derechos individuales y colectivos participando en las instancia del poder local y le han arrancado al gobierno documentos de identidad, Ítems para educación y salud y hasta la titulación de 3.317 hectárea como TCO Avatiri Guakareta (cantidad insuficiente) y un proceso de recortes a propiedades improductivas por concluir. Sin embargo, también hay que mencionar que no todos se acostumbraron a vivir en comunidad y que varios han retornado a las haciendas o realizan trabajos temporales.

Pareciera que se quiere decir, ¿no hubiera sido mejor qué las familias esperen 15 años o más hasta que el gobierno aplique la ley a las propiedades improductivas y les dote la tierra?, o que se haya aplicado la estrategia de afectación con fatales consecuencia, porque lo que han logrado hasta ahora no es importante.


Sin embargo, también hay que preguntarse ¿Cuáles son los resultados de las instancias responsables de velar por los derechos universales con las denuncias presentadas hasta por diputados?, el gobierno ha reconocido en un Decreto la existencia de familias esclavas, situación que se contrapone a la Constitución, y ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Por qué el saneamiento es un proceso tan lento y tan dubitativa la aplicación de la ley?, Quedan muchas interrogantes todavía, ya que aprender a “vivir en libertad” es mucho más que la salida física de las haciendas y la consolidación económica y organizativa de las nuevas comunidades, pero usted saque sus conclusiones, que mi intención es solamente colaborar con información adicional para que no se distorsionen los procesos, se elimine la explotación y todos gocemos de los mismos derechos y deberes, tal como dice nuestra Constitución.


(*) Técnico en CIPCA Cordillera

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