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Propuestas Económicas Productivas

A inicios de junio, ante una multitudinaria concurrencia conformada por indígenas, campesinos, trabajadores del campo –hombres y mujeres- de todas las latitudes del país, el presidente Evo Morales emitió 7 Decretos Supremos como inicio de lo que él llamó Revolución Agraria.

Este acto tuvo lugar en Santa Cruz, donde se concentran grupos de poder ligados principalmente a la agro-exportación y a la banca. Allí están concesionarios madereros, empresas petroleras transnacionales, promotores de la agroindustria para la exportación y los transgénicos, pero desafortunadamente también se encubren latifundistas y poseedores de tierras “de engorde”; sectores que se autodefinen como el paradigma del desarrollo y por tanto, sujetos de privilegios –que siempre han tenido desde tiempos de las dictaduras militares hasta los gobiernos de la era democrática de corte liberal que empieza a cambiar desde diciembre de 2005-.

En ese contexto, el actual gobierno ha mostrado que en democracia es posible trabajar para el pueblo que, en el tema agrario, se trata de indígenas, campesinos y empresarios productivos que vienen demandando desde al menos dos décadas seguridad jurídica de la tierra, pero con distribución, acceso y tenencia equitativos y con justicia social; situación que no se daba hasta ahora debido a la distorsión de las leyes e irregularidades de anteriores autoridades que estuvieron favoreciendo la concentración de la tierra en pocas poderosas manos.

Los decretos lanzados, no hacen más que corregir esas distorsiones y acelerar el cumplimiento de la ley respecto a la distribución justa de las tierras, dando prioridad a indígenas y campesinos, hombres y mujeres. Apuntan, en principio, a distribuir las 3,1 millones de hectáreas de tierras fiscales detectadas hasta el momento mediante el proceso de saneamiento de tierras, cantidad que los anteriores gobiernos mantenían en el oscurantismo y estaban lejos de distribuirlas.

Asimismo, uno de los decretos condiciona, a quienes se beneficien de dichas tierras, a realizar un manejo sostenible y productivo de las mismas, caso contrario tendrán sanciones y serán sujetos de reversión. Otro de los decretos declara emergencia nacional la conclusión del saneamiento de la propiedad agraria, pues la historia ha demostrado que los retrasos han favorecido la consolidación de latifundios e impedido la distribución de tierras a indígenas y campesinos; es más, ese manejo cupular y reservado del saneamiento, ha propiciado la invasión de terceros -muchos de ellos con afanes de especulación de la tierra y los recursos naturales o su explotación irracional- a las Tierras Comunitarias de Origen de los pueblos indígenas que llevan ya 10 años tratando de consolidar sus territorios.

Por último, la histórica demanda de las mujeres campesinas ha sido recogida en los decretos que ahora obligan a que los títulos de la propiedad agraria salgan tanto a nombre de la mujer como del hombre sin importar el tipo de unión conyugal.

Pero el cambio no sólo radica en el contenido mismo de los decretos, sino también en la forma en cómo se los ha diseñado. Dichas disposiciones no son producto de un trabajo de gabinete del ministerio del área, son el resultado de un largo proceso de consulta en el que participaron todas las organizaciones indígenas y campesinas del país. Es la primera vez, desde la promulgación de la ley INRA de 1996, que estos sectores son consultados por las autoridades. Anteriormente, las políticas agrarias se las diseñaban e implementaban entre los gobiernos de turno y el sector empresarial agroexportador, con escasos avances en la titulación de las tierras.

Las transformaciones recién empiezan, el gobierno ha anticipado que luego se vienen medidas de fomento a la producción y generación de mercados para dignificar la labor empobrecida de los trabajadores del campo que muy pocas veces han conocido políticas solidarias y pensadas en ellos.

Estos cambios de visión han desencadenado conflictos provocados por las reacciones de quienes sienten perder sus privilegios y por tanto, sus latifundios y el acceso discrecional a los recursos naturales. Las reacciones han sido duras y violentas, han arremetido contra las políticas del gobierno mediante una meticulosa estrategia de manipulación a través de “sus” medios de comunicación; así han logrado convencer a la opinión pública a su favor y lo que es peor, han avivado sentimientos racistas y regionalistas contra indígenas y campesinos.

Para agosto se espera contar con una ley de modificaciones a la ley del Instituto nacional de Reforma Agraria (INRA) para completar el marco normativo tendiente a agilizar la distribución equitativa de la tierra y brindar seguridad jurídica para todos.

(*) Comunicadora en CIPCA Santa Cruz

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