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Propuestas Económicas Productivas

En días pasados, cerca de 700 productores de hortalizas hicieron un bloqueo de caminos en el valle bajo de Cochabamba en contra del contrabando de hortalizas que vienen de otros países, especialmente de Perú y de Argentina. La demanda principal era una acción concreta contra la internación ilegal de productos agrícolas.

Esta movilización es un tanto inédita, puesto que siempre que se sabe de bloqueos y movilizaciones -al margen de los temas, las razones y el sector-, suelen ser los productores quienes más se ven perjudicados en sus actividades cotidianas. Ahora son ellos quienes utilizan este método para hacer escuchar su voz, sus demandas y propuestas.

En ese marco, no sólo es loable esta actitud de los productores, sino que se espera sea la primera movilización en defensa de los intereses de los productores rurales. Pues Bolivia es un país altamente vulnerable al contrabando de productos agrícolas: manzana, uva, durazno, limón, cebolla, pimentón y papa son algunos de los productos que abundan en los mercados locales y ferias barriales de los centros urbanos del país.

Otro es el problema de la internación ilegal de productos como arroz, maíz, trigo, azúcar y harina que son comercializados en el mercado interno como si fueran productos bolivianos, desincentivando la producción nacional.

Recordemos que el año pasado, los productores de arroz ya nos habían alertado sobre esta situación, cuando hubo una caída del precio de la fanega (177 Kg de arroz seco) de $us 32 a $us 12, precio que no cubría sus costos de producción y que contrariamente a lo esperado, no tuvo efectos directos en los precios al consumidor.

Otro efecto negativo es la internación semi-legal, que consiste en el acopio de grandes volúmenes de producción que ingresan a Bolivia a través del contrabando hormiga, acogiéndose a la declaración de mínima cuantía. Son miles de personas, quienes a falta de otra posibilidad económica, se constituyen en la herramienta de trabajo de los contrabandistas y en instrumento indispensable y necesario de internación de muchos productos, principalmente alimentos.

Dentro de las políticas nacionales productivas presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Evo Morales, se plantea una política de comercio exterior que con la implementación de medidas a la importación, pretende proteger al mercado interno y hacer frente al contrabando.

El PND, en su pilar Bolivia Soberana y con su política de protección y fortalecimiento del mercado interno, plantea como un programa priorizado el apoyo de la lucha contra el contrabando, sin embargo, este parece ser un simple enunciado, porque no nos muestra elementos que apoyen esta acción. Además parecería que toda la política de protección del mercado interno va más orientada a fortalecer las exportaciones y analizar el marco jurídico de los acuerdos comerciales.

La política de producción para la soberanía alimentaria del PND tiene un vacío en cuanto a la protección de productos agrícolas y no se menciona un programa que efectivamente luche contra el contrabando de estos productos, que es el que afecta directamente a la economía de los productores campesinos e indígenas.

Mientras se planifican y operativizan estos nuevos programas y políticas, son los pequeños productores los que siguen sufriendo las consecuencias de este problema. ¡Ya es hora de que las políticas no sean más una declaración de buenas intenciones y se conviertan en un hecho efectivo!

En algunos casos, sólo sería necesario hacer cumplir ciertas normas vigentes, como la Resolución Administrativa 144/2004 del SENASAG (relacionada con la importación de bulbos de cebolla de Perú) para proteger a nuestros productores.

En otros casos, establecer normas y disposiciones concretas en productos sensibles como arroz, maíz o papa, asociado con un fortalecimiento a la producción nacional. La soberanía alimentaria del país debería ser encarada a través de medidas y normas más concretas en beneficio de los productores campesinos indígenas.

A todo esto deberían cooperar no sólo las instituciones mandadas por ley a luchar contra el contrabando, sino las mismas organizaciones campesinas en general y de productores en especial, y los municipios, que ahora en buena parte, están en manos de campesinos e indígenas, quienes tienen por actividad principal la agropecuaria.

(*) Economista en CIPCA – UAP

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