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Propuestas Económicas Productivas

El 22 de diciembre de 2005, en cumplimiento de la Ley No. 3058 (Art. 57 de la Ley de Hidrocarburos), el gobierno nacional creó el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas – FDPIOCC. (Decreto Supremo No. 28571).

El FDPIOCC se constituye en una entidad de derecho público de carácter descentralizado, con personería jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.

El FDPIOCC tendrá como fuente de financiamiento regular, el flujo de recursos provenientes del 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Por ejemplo para la presente gestión, se estima un ingreso aproximado de 22 millones de dólares americanos. Dichos fondos, tienen la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas.

Hay que resaltar la creación de este fondo, pues es el resultado de un proceso reivindicativo de las organizaciones indígenas y campesinas, que durante esta última década fueron las principales protagonistas de la dinámica social y política en nuestro país. Basta recordar las masivas movilizaciones sociales exigiendo el reconocimiento y respeto de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos; la nacionalización de los hidrocarburos; la Asamblea Constituyente; mayor apertura en el sistema de participación política, entre otras.

La creación del fondo, se justifica, pues según el censo 2001, de los 8,3 millones de habitantes que tiene nuestro país, el 37,8% habitan en el área rural, de los cuales el 90,8% son pobres, según parámetros de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

El 49% del territorio nacional tiene potencial de hidrocarburos (gas y petróleo) y actualmente contamos con 48 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de gas natural entre reservas probadas y probables, lo que nos indica una buena perspectiva en cuanto a la sostenibilidad del fondo.

Por otro lado, es evidente que una de las principales causas de la creciente migración campo- ciudad, es la carencia de servicios básicos en el área rural como: falta de acceso a los servicios básicos de salud, educación, viviendas sociales, falta de medios de comunicación, escasa inversión en infraestructura productiva, entre otras.

El Gobierno Nacional y las propias organizaciones campesinas e indígenas tienen el reto de estructurar y poner en funcionamiento el fondo de manera ágil y transparente, y para lograr este cometido necesariamente tendrán que recuperar las lecciones aprendidas en la gestión y administración de los anteriores fondos públicos como: el Banco Agrícola de Bolivia, Fondo de Desarrollo Campesino, Fondo de Inversión Social, Programa LIL Indígena, entre otras. La mayoría de estos fondos públicos fracasaron por su excesiva burocracia, corrupción, malversación, concesión de créditos vinculados y otros hechos dolosos y fraudulentos.

En hora buena la creación de este fondo y que empiece a funcionar apoyando las diversas iniciativas productivas y sociales; y que nazcan de las verdaderas necesidades de los pueblos indígenas y comunidades campesinas de todo el país.

(*) Es agrónomo en CIPCA Santa Cruz.

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