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Anecdóticamente, en una sociedad con fuerte tradición de exclusión étnica como la nuestra, sobre lo único que actualmente pareciera haber consenso es en la cuota étnica: 26 representantes de manera directa para los pueblos indígenas en un país cuya composición demográfica precisamente establece un 62% de auto identificación indígena. La figura de la cuota indígena y la cifra indicada coincidentemente está presente en los proyectos de convocatoria a la Asamblea Constituyente más vigentes en las esferas parlamentarias.

Veintiséis plazas, de las cuales sólo diez corresponderían al vasto territorio de tierras bajas donde habita una cantidad de 36 pueblos indígenas, cada uno con sus particularidades específicas, su propia concepción de sociedad y con un fuerte apego a la primacía de los derechos colectivos como principio fundamental de cohesión étnica. En el fondo, de lo que se trata es que este sorprendente “consenso” por la cuota indígena y su proporción definida, tiene por única finalidad justificar con una medida de aparente participación, la efectiva e histórica exclusión étnica existente en el país. Los pueblos indígenas formarán parte de la Asamblea Constituyente de manera casi figurativa, expuestos a un mundo de probablemente doscientos asambleístas, donde la solidaridad y el pluralismo no son precisamente los valores que prevalecen.

La lógica de mayorías y minorías, propias de la sociedad globalizada, no es exactamente afín a la lógica de los iguales aún prevaleciente en el mundo indígena de tierras bajas. Las cuotas de representación para cualquier evento orgánico del movimiento indígena son determinadas en función al número de organizaciones y/o comunidades y no así en fría proporción al número de habitantes de cada pueblo o de cada comunidad. En realidad, la lógica indígena (y no se trata de establecer lo que es mejor o peor, sino de respetar los sistemas del diferente) no privilegia la representación en base a ecuaciones matemáticas, lo que intenta es que todos estén directamente representados, porque cada quien tiene una valoración, un reconocimiento y un respeto común y entre todos se busca el consenso general y no el predominio de la cifra superior.

De establecerse la cuota indígena en la cantidad manejada (26 asambleístas), tanto el argumento del análisis académico como el discurso político con miras a la publicitación de la Asamblea Constituyente, en adelante quizá enfatice el “carácter participativo” del proceso y probablemente así lo valore la opinión pública, pero que no hará otra cosa que ocultar el carácter casi simbólico de la presencia del sector indígena, que además, que en la realidad tendrá que jugar en una cancha poco conocida y bajo las reglas del principio de mayorías y minorías.

En este sentido, lo que al final del proceso de la Asamblea Constituyente obtendremos será una Carta Magna que reincida en la simple asignación de artículos islas, en los que se intente un tratamiento especial, pero al mismo tiempo puntual y consiguientemente parcial para los pueblos indígenas; deslegitimando de ese modo la aspiración de una nueva Constitución Política del Estado que correlacione en su integralidad los puntos de encuentros y consensos de lógicas distintas dentro del principio de inclusión, pero no de asimilación, correspondiente al contexto multiétnico y pluricultural del país.


De concretarse la cuota simbólica, el sector indígena, pese a poseer la paternidad del actual proceso de Asamblea Constituyente (se trata de una demanda planteada por el movimiento indígena a través de una marcha que llegó desde Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz, en la que además participaron campesinos, colonizadores y otros sectores sociales rurales), al parecer repetirá una nueva experiencia de exclusión, puesto que, se trata de una cuota realmente minúscula y peor aún si tomamos en cuenta que, especialmente los pueblos indígenas de tierras bajas, prácticamente no tienen opciones de sumar representantes adicionales a través del sistema circunscripcional diseñado en el país. Entonces, cuánto sería una cuota equitativa dentro la lógica de los iguales: la respuesta la deberán tener los pueblos indígenas a través de sus respectivas organizaciones y los legisladores debieran escucharlos directamente para buscar consensos al respecto.


(*) El autor es Sociólogo de CIPCA Beni

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