Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural

 

Propuestas Económicas Productivas

El comienzo del siglo XXI, y por ende, del tercer milenio, tiene lugar en un mundo que ya vive una acelerada transformación en todos los ámbitos. La globalización de las relaciones entre los pueblos y el extraordinario progreso en las técnicas de información y comunicación, son signos del inicio del nuevo milenio. La creciente demanda y acceso a información actualizada es una de las principales características de sociedades urbanas y rurales en los nuevos tiempos.

Bolivia ya es parte indiscutible de los procesos de globalización y expresó su voluntad de entrar al siglo XXI reduciendo niveles de pobreza e inequidad, principales problemas del desarrollo nacional en el marco de la “Declaración del Milenio”.

Se hace evidente que la reducción de la pobreza pasa por una mayor atención a los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana, que son: campesinos e indígenas; también pasa por conocer y disponer de información estadística oficial sobre niveles de avance, desarrollo o estancamiento del sector agropecuario a nivel nacional, departamental e incluso municipal.
La base estadística del último censo nacional agropecuario data de 1984, tuvo una cobertura total de 8 departamentos del país exceptuando a La Paz, que por conflictos del orden político en ese período, sólo se pudo realizar en las Provincias Franz Tamayo e Iturralde.

Transcurrieron más de 30 años de vacíos y desactualización en la información oficial; un sólo ejemplo pone en evidencia lo anteriormente señalado. El sector camélidos, en la actualidad priorizado por el Estado como una de las 19 cadenas productivas, en el año 1984 reportaba en su censo una población total de 798.341 animales (711.406 llamas y 86.935 alpacas), y cotejando con el informe sobre la situación de recursos zoogenéticos en Bolivia, del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, en el 2004 existían 2,815.524 camélidos domésticos (2,398.572 llamas y 416.952 alpacas), aunque en otro acápite del documento figuran 3,026.372 pertenecientes a 54.000 familias productoras.

Esta última afirmación es observada por los propios productores organizados, los cuales sostienen, que la población de camélidos y el número de productores es mayor a las cifras oficiales que maneja el gobierno.

Ante la desinformación y estos vacíos en los datos, surgen iniciativas de instituciones públicas, privadas, cooperación internacional e incluso gobiernos municipales que mandan a realizar sus propios censos productivos, cuyos resultados no son reconocidos como oficiales por la entidad responsable de validar y llevar adelante este proceso, que es el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante los últimos años, los mecanismos de planificación y programación a nivel nacional, departamental y municipal, se han basado en información desactualizada del censo de 1984 o han asumido riesgos al recurrir a fuentes no reconocidas como oficiales. Ante esta situación, surge el imperativo y la necesidad de contar con un Censo Agropecuario acorde a los nuevos desafíos: contar con datos precisos y actualizados, ayudar a entender los cambios en el sector agropecuario y sobre todo, ser fuente confiable para la elaboración de políticas, programas, planes y proyectos de desarrollo en el sector.

Es importante conocer, al margen de la superficie agrícola y el inventario ganadero, otros elementos ausentes en el último censo de 1984 como: población campesina e indígena que se dedica a actividades agroforestales, además de la pesca, caza y recolección; también identificar el nivel de degradación de los suelos, superficie bajo riego y el número de familias campesinas e indígenas que se dedican a la diversificación productiva y niveles de especialización en un determinado rubro.

Resulta paradójico hablar de programas y estrategias de superación de la pobreza y desarrollo rural, cuando no se dispone de una base estadística oficial que facilite el diseño de políticas y sus niveles de instrumentalización.

La falta de voluntad política de los diferentes gobiernos de turno en los últimos 20 años ha originado esta situación. ¿Serán las organizaciones campesinas, indígenas y económicas las que comiencen a demandar la pronta tarea de contar con un renovado Censo Agropecuario? Varios sectores de productores organizados manifestaron su predisposición de participar y apoyar la implementación del Censo Nacional Agropecuario en coordinación con sus Gobiernos Municipales y Departamentales.

En una coyuntura preelectoral, de manera recurrente, se evidencian vacíos en las propuestas de los diferentes partidos políticos, especialmente en temas referidos al desarrollo rural a nivel nacional y departamental, pero particularmente a cómo encarar y llevar adelante el Censo Nacional Agropecuario.

Instituciones de carácter internacional como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ante esta debilidad, ya tomaron la iniciativa de impulsar un Censo Agrícola Mundial para comunidades locales en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Habrá que sumarse al proceso.

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