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Propuestas Económicas Productivas

Según datos del Programa Nacional de Riego (PRONAR), en Bolivia se han inventariado más de 5.000 sistemas de riego, en su mayoría de propiedad y administración autogestionaria de organizaciones campesinas e indígenas.

Estos sistemas enfrentan varios problemas, entre otros y una de las más importantes es la falta de una institucionalidad. Parte los problemas referidos a la problemática del riego, pueden encontrar vías de solución si se despliega la mayor voluntad política pública para dotar de institucionalidad (nacional, departamental y municipal) a los recursos hídricos y particularmente, al riego.

Para lograr una institucionalidad en el sector de riego que responda eficazmente, es necesario superar la precariedad institucional. Cada gobierno constitucional ha estructurado una Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), diferente a la anterior, que además era ajustada permanentemente; cuando comenzaba a funcionar, ingresaba el nuevo gobierno y así sucesivamente. Los recursos humanos sufrían el mismo vaivén, agravado por la característica de temporalidad en sus funciones; por un lado, los que provenían de las cuotas políticas partidarias y de las frecuentes crisis de gabinete y por otro, los recursos humanos especializados internacionales y nacionales; condiciones que no permitían generar un capital social para la institucionalidad rural.

La institucionalidad del riego en los últimos 8 años funciona con base a programas y proyectos que, curiosamente, están respaldados por leyes y disposiciones legales del Poder Ejecutivo. Por ejemplo el PRONAR, que fue creado mediante Ley No. 1705 (1996) para dar curso a un contrato de préstamo con el BID por la suma de veinticinco millones seiscientos mil dólares, ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. En efecto, una revisión de la información legal existente da cuenta de la promulgación de varias leyes especiales para el funcionamiento y financiamiento de la infraestructura de riego, energía, construcción de represas y creación de fondos de reactivación departamentales destinados a proyectos de inversión en riego.

Las organizaciones nacionales de campesinos e indígenas tienen una propuesta (1999) de Ley de Aguas. Allí incorporan un marco institucional para planificación, fiscalización y resolución de conflictos administrativos. Sobre esta propuesta, los regantes liderados por la Federación de Regantes del Departamento de Cochabamba (FEDECOR) avanzaron a nivel nacional, planteando una institucionalidad del riego (2003) que reconoce al entonces Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios (MACA) como la instancia encargada de promover y fomentar el desarrollo del riego, a partir de la formulación y ejecución de una Política Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural.


Finalmente, es necesaria una institucionalidad del riego fuerte, dinámica y operativa, con participación y control social, que cumpla funciones de regulación, planificación, formulación de políticas, aprobación de normas, promoción de inversiones y resolución de conflictos.

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