Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural
B-elninio.jpgENCCLICA.jpgalainza.jpgprop.jpg

Propuestas Económicas Productivas

En diciembre del 2004 se elige otros Gobiernos municipales y las Asociaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas tendrán una oportunidad nueva. Un caso de preocupación nacional e internacional fue el de Ayo Ayo. Interesa una reflexión breve y completa al respecto, destacando la relación entre Campesinado y juego político local y nacional.

Algunos hechos

1. En 1999, la Subcentral de Ayo Ayo (ese año única organización campesina) designó a sus propios candidatos para las elecciones municipales. Cada comunidad eligió por simple mayoría a un titular y un suplente y en cabildo abierto posterior se conformó la lista hasta un quinto Concejal. Benjamín Altamirano (de Collana Tolar) se ubicó en primer lugar y Plácida Quispe (de Alto Pomani, nuera suya) en Cuarto lugar. Altamirano mostró habilidad para movilizar a sus seguidores logrando con ello suficiente apoyo en el Cabildo. Luego decidió postular con la NFR. Se duda si en el sentido original del Cabildo. Resultado de las elecciones: 2 concejales por la NFR (Altamirano y Quispe), 1 concejal por CONDEPA (Saturnino Apaza), 1 concejal por el MIR (Erasmo Silva), 1 concejal por el MNR (Ciro Loza). A NFR le faltaron unos cuantos votos para lograr un tercer concejal que haga mayoría absoluta y con ello inmediato Alcalde a Altamirano. Se negocia en el Concejo y se elige a Erasmo Silva (MIR) y la NFR queda en minoría.

2. En el período 2000-2004 las relaciones internas al Gobierno Municipal y con las ya 2 organizaciones campesinas (originarios y sindicales) se convirtieron en conflictivas. La fragilidad institucional y los bruscos cambios de autoridades municipales fueron la norma; 4 alcaldes en 4 años (Silva 2000, Altamirano 2001-2002, Loza 2003, Altamirano 2004) culminaron con la parálisis municipal y el congelamiento de recursos. La de Altamirano fue una gestión municipal criticada desde dentro del propio concejo conformado por mayoría campesina y un solo Concejal vecino de pueblo (Ciro Loza). Con Alcalde campesino el primer año no electo en el Cabildo, candidato además de la Asociación de Productores de Leche de Ayo Ayo, las condiciones parecían iniciar favorables para el avance de los “intereses” campesinos. Sin embargo, el espacio ganado en el Gobierno Municipal se convirtió en el ojo del huracán. Bajo la forma de pugnas por acceder al cargo de Alcalde y por el uso de los recursos económicos municipales, el juego político entre Alcalde y Concejo tuvo en Apaza al comodín que viró primero para hacer Alcalde a Altamirano y luego volvió a virar para hacer Alcalde a Loza.


3. La gestión de Altamirano también sufrió la escisión campesina y vivió bajo la vigilancia de dirigentes originarios y sindicales que mantenían vínculos con personas clave del Gobierno municipal, el Comité de Vigilancia y bases campesinas de comunidades. Inició su gestión apoyando decididamente las demandas de las comunidades "originarias" (5 comunidades y mayoría poblacional, influenciadas por CONAMAQ y CONSAQ de visión política más concertadora con el Estado, asentadas en la defensa del Convenio 169 de la OIT, ley boliviana 1559), quienes a su vez le exigieron retribución por el apoyo brindado. Esto inició el descontento de las comunidades de estructura sindical (ex -hacienda Collana, sobre todo y otras 4 comunidades) y su voz próxima al Gobierno Municipal que fue el Comité de Vigilancia. Estas, bajo influencia de la visión sindical tradicional y en los últimos años de cierto fundamentalismo indigenista y con vínculos con el MST. Desde el año 2002, el juego de Concejales versus Alcalde, cada quien con sus respectivos apoyos campesinos, los votos de censura –que precedieron al cambio de Alcalde-, la división de la organización entre “originarios” y sindicalistas”, las mutuas amenazas de muerte, los congelamientos de fondos, los procesos penales iniciados, la quema y saqueo de casas, la batalla campal entre campesinos, los iniciales secuestros y golpizas, etc., tuvieron como telón de fondo la división de la organización campesina y su falta de autonomía en el proceso político.

4. Finalmente, un aparente compromiso de sucesión incumplido con un concejal, el agotamiento y la exacerbación de los ánimos opositores después de ejercitar cierta oposición legal, la ausencia de mecanismos institucionales de atención de este tipo de procesos político-administrativos, la nucleación de un grupo violento compuesto por algunos concejales y otros líderes, la influencia ideológica-programática-metodológica de cierto fundamentalismo e intolerancia proveniente del juego político nacional, llevaron a la muerte de Altamirano. Bajo el pretexto de solicitar ayuda para pagar el almuerzo del día, pues victima y victimarios almorzaron muy cerca en Chijini, el grupo opositor lo detuvo y lo mantuvo secuestrado varias horas haciéndolo circular de La Paz a Alto, de El Alto a Ayo Ayo y en Ayo por varias comunidades. Finalmente, y después de varios momentos de tortura física, se da muerte a Altamirano con un golpe en la cabeza. Posteriormente el núcleo ejecutor determina la quema de sus restos y su ubicación en la plaza del pueblo como muestra del grado de violencia de su respuesta presentándolo como hecho de justicia comunitaria por mal uso de recursos colectivos y con el afán de comprometer al conjunto poblacional con el silencio del miedo, a sabiendas de que en el área rural en ocasiones y bajo mando caudillista el cuerpo organizado engulle la disidencia y aplasta la reflexión ética.

La reflexión

1. Claridad en las reglas de juego o el marco institucional deseable.

Hagamos un ejercicio en al anterior marco desde la óptica del Estado municipal. Realizada la elección de los Concejales y en la conformación del Ejecutivo Municipal los compromisos partidarios para la elección indirecta del Alcalde son el inicio; esta medida debe corregirse urgentemente a través de una segunda vuelta electoral o el respeto legal a la primera minoría o mayoría. Esto disminuiría la posibilidad de que la acción antiética de los partidos y dirigentes favorezca a soluciones de compromiso vinculadas a equilibrios circunstanciales que generan ingobernabilidad y desencadenan tragedias. En Ayo Ayo, a) el uso inadecuado y permanente del voto de censura constructivo municipal, b) la ausencia de mecanismos efectivos para el control de la gestión administrativa desde la Contraloría General de la República y la innecesaria “penalización” del proceso, c) el desencuentro entre la legalidad y legitimidad del control social establecido y los mecanismos estatales de supervisión financiera pertinentes, son factores que contribuyeron a agudizar las tensiones políticas existentes en el municipio. La institucionalidad estatal requiere ajustes para atender estas dificultades. Es crucial para ese trabajo detectar estas “fallas” tectónicas en la geografía municipal y comprendiendo la sensibilidad política de la intervención institucional, realizar acciones que atiendan las debilidades institucionales señaladas y realizar incidencia política para su superación.

2. Organización campesina, “instrumento único”, intereses sectoriales, déficit de ciudadanía, y otras pequeñeces que no lo son.

Profundicemos desde la óptica de la sociedad civil campesina. En Ayo Ayo. En lo inmediato y local, la organización campesina al dividirse se debilitó. Perdió su capacidad de interlocución unitaria en representación de la sociedad civil frente al Gobierno Municipal; asimismo éste al pretenderse “instrumento” de los intereses campesinos sufrió la crisis de la sociedad civil. En lo macro -y esto parece crucial- al someterse a la decisión partidaria cayó en el juego de la confrontación entre los tradicionales y los nuevos o entre el MIP y el MAS, o el juego político de construcción antiética de liderazgos locales, nacionales o de proyectos fundamentalistas y autoritarios. La división entre “originarios” y “sindicalistas” y su vinculación directa, sin mediación con el Estado municipal, trasladó a éste la dinámica destructiva de la relación que se daba en el nivel de la sociedad civil. Es decir la robustez partida –dividida- de la sociedad civil involucró al ejecutivo y al legislativo municipales y se generó entre ambos una relación de muerte, que el momento de mayor soledad política del Alcalde, después de los enfrentamientos entre “originarios” y “sindicales” y la victoria violenta de éstos últimos, se cortó por lo más débil, el solitario Alcalde Altamirano.


Pero eso fue puro juego corporativo. Por ello expresa además el déficit de ciudadanía o la insuficiente relación intercultural entre derecho colectivo-derecho individual. Ninguna gobernabilidad democrática municipal (más aún si pretende ser intercultural) tiene sustento sino se ha desarrollado en el campesino más de lo que ya existe, la conciencia de ciudadanía individual, y desde aquí no se ha incorporado en la organización comunitaria la posibilidad democrática del disenso, la tolerancia con la divergencia, y la solución negociada de conflictos de intereses. Se busca, claro está, marcar huella sobre algunas decisiones organizativas particulares con pretensión totalizante. Corresponde, entonces, una enérgica acción tendiente a superar los déficits de ciudadanía campesino-indígena vinculados casi siempre a un autoritarismo caudillista amparado en cierto corporativismo antidemocrático.

3. Estado municipal estructural, instrumental o síntesis?

Varios sectores progresistas han pretendido desde 1994 (año de inicio de la Participación Popular legalmente establecida) que el mini-Estado municipal rural pueda revertir una vieja tendencia de presencia dominante de los vecinos urbanos, mestizos o blancos. De ello se derivó el simplismo de considerar que era el turno de los campesinos y que su mayoría numérica en el Gobierno Municipal garantizaba per se la defensa de sus “intereses”. Ayo Ayo es en ello paradigmático de lo contrario. Parece pertinente la reflexión. Como en todo Estado (grande o pequeño) existe la necesidad de establecer la “ecuación social”, o sea el grado en que la sociedad civil –en este caso los campesinos organizados- existe hacia el Estado, pero también las formas de su separación o extrañamiento. Y por razones propias de cada caso, hay ecuaciones “en las que la sociedad es más robusta y activa que el Estado, ecuaciones donde el Estado parece preexistir y dominar sobre la sociedad, y sistemas donde hay una relación de conformidad o ajuste” (Zavaleta, René: El Estado en América Latina, p. 18. Ed. CELMES, La Paz, 1986.)

 

En situaciones de fuerte movimiento de la sociedad civil y de fragilidad estatal como es el caso general de Bolivia (Ayo Ayo incluido), el modelo municipal supondría que más allá de buscar la presencia campesina en el Gobierno Municipal –orgánica o no y peor si es orgánica- deben diseñarse: a) un mecanismo de intermediación, una bisagra institucional que facilite la estabilidad institucional del Estado municipal y que articule a la sociedad civil sin sujetar al Gobierno Municipal a los vaivenes de la dinámica a veces disruptiva de la sociedad civil; contribuir a la persistencia flexible y aleatoria de la línea de mediación (instituciones diversas, ONGs) ayudaría a la sana relación entre ambas instancias y posibilitaría la eficacia del Estado municipal, y b) las formas de la autonomía organizativa de la sociedad civil con características de participación y control social, pues el campesinado como realidad colectiva, como sociedad civil organizada del municipio, al separarse del Estado - municipal (no necesariamente confrontarse) recupera su autonomía y capacidad de crítica y propuesta, aunque los miembros del Gobierno Municipal sean campesinos. Ya que éstos pueden estar además demandados por otras motivaciones legítimas: partidarias, de asociación civil, personales, etc., y esto no compromete necesariamente al campesinado como realidad sociológica mayoritaria del municipio.
Dada la tradicional modalidad organizativa campesino indígena en el altiplano (piramidal, de puestos rotativos, de servicio o Thaqui, de consenso general, y desde 1994 de relación entre organización campesina y potencial candidatura al Gobierno Municipal), urge comprender la importancia de la autonomía de la sociedad civil municipal organizada y de la autonomía del Estado Municipal. Construir una relación sana entre ambas no implica absorberse mutuamente ni confrontarse obligatoriamente. Una adecuada línea de mediación (juego de bisagra) de la dirigencia de la organización campesina, de los partidos políticos o de las instituciones de desarrollo, favorecería la gobernabilidad democrática municipal (participación y control social mas ejercicio eficaz del Gobierno local).

En palabras sencillas no es necesariamente la presencia de candidatos, concejales, alcaldes campesino-indígenas, con funciones duales o dependientes de las OCs/OIs, lo que garantiza la defensa de los “intereses campesino-indígenas” y la eficacia del accionar gubernamental. Visto Ayo Ayo, habrá que apoyar la construcción de un Estado Municipal “síntesis” que tendrá campesinos indígenas en la responsabilidad ejecutiva y legislativa (bajo forma campesina-indígena o la actual del Gobierno Municipal) sin comprometer a la sociedad civil organizada en caso de inadecuada gestión.

Al cerrar, decir, que aunque esa grave crisis se produjo sólo en un Municipio de los más de 300 que tiene el país, comprender cabalmente lo de Ayo Ayo es compromiso democrático y de real contribución con campesinos e indígenas para que participen de un modo más equitativo en la política y la economía del país.

(*) El autor es director regional de CIPCA, La Paz.

CIPCANotas

Suscripción CIPCANotas

Enlaces