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Propuestas Económicas Productivas

El alcance de la actual pugna en torno a la posesión y la propiedad de la tierra, no sólo está explicitando socialmente viejos conflictos entre sectores sociales vinculados al uso de la tierra, sino que también implícitamente está llevando a la discusión “política”, la consistencia de los fundamentos cosmogónicos construidos en torno a la posesión sectorial de este bien. Además, en la realidad contribuye a desnudar la evidente contradicción existente entre los postulados de interculturalidad que enarbola el Estado en su discurso jurídico y las serias limitaciones en su aplicación real.

La necesidad de definir a la brevedad posible la propiedad jurídica sobre la tierra es quizá el único punto coincidente entre los distintos sectores vinculados a la tierra. Pero cómo agilizamos el proceso de saneamiento para lograr este fin. El municipio indudablemente debe asumir mayor protagonismo en el proceso de saneamiento y para ello la legislación nacional deberá dotarle atribuciones pertinentes, porque en la actualidad no las tiene.

Por ejemplo el municipio podría jugar un rol determinante en la etapa de conciliación del proceso de saneamiento, porque en términos de proximidad ante los conflictos y de legitimidad ante los actores directamente vinculados a la tierra, tiene mucho más autoridad y reconocimiento que el INRA y por tanto está en mejores condiciones que la institución agraria para impulsar concertaciones previas y sobre esa base realizar una adecuada gestión de los conflictos para alcanzar logros positivos.

La realización de las pericias de campo, por lo menos en las áreas indígenas, es la etapa más dificultosa en términos de esfuerzos humanos y de tensiones sociales. El municipio aquí nuevamente tiene ventajas para acompañar este trabajo tan delicado, desde luego que con roles claramente asignados por ley.

Pero además del rol conciliador y facilitador del trabajo de campo durante el proceso de saneamiento, el gobierno municipal podría constituirse en un canalizador de financiamiento, destinado a reforzar, si corresponde, el presupuesto exigido para encarar el saneamiento de su jurisdicción municipal o en mancomunidad con otros municipios, especialmente para las tierras de los sectores de escasos recursos económicos.


En cambio la gestión administrativa del saneamiento de tierras, debido a que se trata de una especialidad institucional y a que, al menos en la zona de tierras bajas, muchos predios (tanto individuales como colectivos) sobrepasan las jurisdicciones municipales y provinciales, requiere de un mecanismo extramunicipal que opere mínimamente en el ámbito departamental. Aunque también se corre el riesgo de la constitución de tiranías regionales de parte de los grupos de poder. No obstante, existe la posibilidad de que a este nivel los mecanismos de control social puedan funcionar de manera más directa, pero también con riesgos de debilitamiento orgánico puesto que se afectarían alianzas intersectoriales que actualmente operan como estructuras mayores ya constituidas.

De otro lado, en lo que corresponde al sector campesino e indígena, a la hora de definir la orientación del desarrollo rural, además de dar solución definitiva al tema del derecho propietario sobre la tierra, dotar del marco jurídico apropiado para el control y aprovechamiento de los recursos naturales y demás medidas de regulación necesarias, corresponde también tomar en cuenta otros componentes que son igualmente esenciales para garantizar condiciones estables al mundo rural, por ejemplo el escenario sociocultural sobre el cual se mueve el marcado de tierras.


En el mundo indígena.

El hecho de que la ley agraria entrabe expresamente el ingreso de las tierras comunales y los territorios indígenas al mercado de tierras, no necesariamente implica la definición de protecciones especiales de parte de la legislación nacional hacia los pueblos indígenas, sino más bien representa el reconocimiento a la cosmogonía indígena en la que la tierra es concebida, no como una mercancía, sino como un componente central del hábitat suyo. Ahora, que esta lógica haya ingresado en un proceso de debilitamiento y que muchas veces ha sido vulnerada por los propios indígenas, es cierto, pero también es innegable que se trata de un principio que aún está presente en el mundo indígena, está presente en los sistemas normativos al interior de la comunidad y en la actualidad aún es el punto de partida para el acceso y control del territorio.

Si la ley agraria (especialmente la ley INRA) tiene un acierto, es el haber respetado este principio ontológico de relación del hombre con su medio entre el mundo indígena. Entonces no se trata de un simple proteccionismo de parte del Estado, se trata…, ¡cosa insólita!, del respeto a una lógica no mercantil de un sector social no exactamente globalizado.

De modo que, aunque fuese por un mero acto de tolerancia cultural, deberíamos acostumbrarnos a convivir con estas concepciones existentes en el país, que no siempre son afines a las lógicas del mercado y que sin duda incomoda a ciertos paradigmas del desarrollo.

En el mundo campesino.

No se trata aquí de desconocer que el mercado de tierras pueda constituir un mecanismo dinamizador de la economía rural, pero también es cierto que puede constituirse en un medio de profundización del desequilibrio del derecho y acceso a la tierra entre sectores sociales confrontados. No podemos pasar por alto que el mercado de tierras en nuestro país ha contribuido a la consolidación de dos procesos socioeconómicos totalmente contrapuestos entre sí: la minifundización de la tierra en los valles y altiplano y la latifundización de la misma en tierras bajas.

La liberalización de la tierra al mercado en un contexto como el boliviano, requiere de ciertas condiciones sociales y económicas que son de carácter estructural y es el Estado quien en mayor medida debe motivarlas, entre las que destacamos: seguridad jurídica, puesto que muchas familias ante la incertidumbre o el temor de perder su tierra opta por venderla a precios bajos; regulación jurídica adecuada para evitar la concentración de la propiedad de la tierra con fines especulativos y; fundamentalmente una reducción drástica de la pobreza, que al final de cuentas es el factor principal de la migración campo ciudad de los habitantes rurales, con la previa venta de sus tierras a precio de liquidación e incluso, en el caso de tierras con conflictos de sobre posición, de abandono de las mismas.

De lo contrario, la avalancha del mercado pasará sobre la población pobre del área rural y los arrancará sin contemplación para luego devolverlo a un nuevo barrio en la periferia de alguna ciudad capital y entonces el tema del desarrollo rural será únicamente incumbencia de unos cuantos.

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