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Propuestas Económicas Productivas

Desde el año 1985 los pequeños productores agrícolas han visto disminuyendo cada vez más sus ingresos reales. Por una parte rebajaron los precios relativos de los productos agrícolas, debido a la apertura de mercados, por otra parte los productores bolivianos perdieron su posición privilegiada que tenían a través de los comercializadores de ser los proveedores del Estado. Antes del ’85 gran parte de los agricultores tenían su venta asegurada hacia los centros mineros, mediante el Estado y sus mecanismos de compras.

Desde entonces se perdieron los mercados seguros nacionales y a través del ajuste estructural se han ido fortaleciendo los grandes productores, tanto nacionales como internacionales. Para los grandes productores y más aun comercializadores se ha creado un marco de seguridad jurídica, tanto nacional como, últimamente, internacional; cuyo mejor ejemplo es el Decreto Supremo 27040. Este decreto obliga a todas las entidades estatales a realizar licitaciones internacionales para sus compras, en igualdad de condiciones para todos los interesados.

La normativa siempre ha ignorado a los pequeños productores indígenas y campesinos; o mucho peor, en varios casos ataca a sus intereses. La prohibición de la venta fraccionada para compras estatales es una muestra de esta afirmación.


Si bien en términos macroeconómicos la economía boliviana registra un crecimiento positivo desde 1987, esto no se ha sentido a nivel micro. Tanto los pequeños productores agrícolas, como otros sectores populares han sentido un deterioro en sus condiciones de vida.

Se afirmó insistentemente que el Estado no puede intervenir en proyectos productivos, no puede favorecer la producción local o el mercado interno. Sin embargo, estas afirmaciones están haciendo crecer un rechazo cada vez más fuerte, el cual se visibiliza en los discursos de los dirigentes de pequeños productores campesinos, indígenas y de otros sectores.

Al parecer, existe un inicio tímido de recojo de este rechazo que se va traduciendo a propuestas de políticas estatales, en la Ley del Diálogo y en la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural (ENDAR); aunque todavía no está clara la voluntad política de ejecutarlas en sus diferentes dimensiones.

Como resultado del Diálogo 2000, se pidió más intervención del Estado y posibilidades para que los pequeños productores puedan vender sus productos al mismo, entre otros rubros para el desayuno escolar. Una propuesta, resultado de este Diálogo, fue la tarjeta empresarial que habilita a pequeños productores, de diferente índole, para vender sus productos a entes estatales.

Sin embargo, la tarjeta empresarial no fue una solución para los pequeños productores, en general, y agrícolas en particular, quienes por su forma de organización no pueden acceder a la mencionada tarjeta, el DS de reglamentación de la misma, derivo además en agudizar la situación de las organizaciones, es el caso del castigo del 15%, en la presentación de la propuesta.

Es ampliamente conocido que las promesas referidas a proyectos productivos, a nivel municipal, se incumplen después de la conclusión del Diálogo 2000.

En la ENDAR, de junio del 2003, nuevamente sale la promesa de dar prioridad a los pequeños productores agrícolas para la provisión destinada a los desayunos escolares. Sin embargo, casi simultáneamente, el mismo gobierno emite el DS 27040, obligando a todos los entes estatales a licitar de forma internacional sus compras, además omite mencionar la forma de contratación de “invitación pública” para la cual están habilitados los habientes de la tarjeta empresarial.

Aprovechando la nueva coyuntura política, CIPCA está haciendo un esfuerzo para incidir en las políticas de desarrollo rural, y está proponiendo que se haga un decreto supremo que obliga a los municipios a comprar los insumos para el desayuno escolar en primera instancia de los pequeños productores campesinos e indígenas. Posteriormente se puede proponer hacer lo mismo para la provisión de los alimentos en los hospitales y cuarteles militares, además de los subsidios de lactancia.

Este nuevo decreto podrá significar un impulso para los pequeños productores quienes de esta forma pueden asegurar su venta y beneficiarse de los ingresos de los municipios.

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