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Propuestas Económicas Productivas

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) en su artículo 64 establece que el saneamiento de la propiedad agraria es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte; y de acuerdo al artículo 65 de la misma Ley, se establece un plazo máximo de 10 años (a partir de octubre de 1996, fecha de promulgación de la Ley) para ejecutar y concluir el saneamiento. Ya han transcurrido cerca de siete años desde la promulgación de la Ley y no sea saneado ni un 20% de las tierras.

Del conjunto de demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), con un total de 17.616.206 hectáreas, presentadas por diversos pueblos indígenas sólo han sido tituladas 2.821.419 ha, es decir el 16%. Estos resultados no son nada alentadores ante la expectativa que tienen los pueblos indígenas y campesinos demandantes.

La problemática actual de la ocupación del territorio, la tenencia de la tierra, el acceso y uso de los recursos naturales es preocupante como consecuencia de la concatenación de varios factores que han incidido a lo largo de la historia, a saber: el despojo del que fueron objeto los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la marginación que los hizo invisibles en la sociedad y especialmente en la ejecución de políticas estatales, el permanente acecho a los recursos de sus territorios, la expansión creciente de la frontera agrícola, la falta de políticas públicas que regule la problemática de la tenencia de la tierra y el uso indiscriminado de recursos naturales y la debilidad del Estado frente a los intereses de sectores contrarios a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, etc.

Bajo esas características, el concepto de tenencia de tierra cubre una amplia problemática: existen definiciones dispares, unas que ponen énfasis en la temática de distribución de la tierra entre los diferentes actores sociales y las relaciones que entre ellos se generan y otras que hacen énfasis en las formas de derechos de propiedad, de acceso y uso de los recursos .

En ese entendido surge la figura de Las Tierras Comunitarias de Origen, que según la Ley INRA la definen como "los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobre vivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades inembargables e imprescriptibles" El cuestionamiento a esta figura jurídica con relación si estas son propiedades de acceso común o son de libre acceso!

Dicho análisis no es tan simple, pues estos son territorios que conjugan diferentes tipos de propiedad, desde las más restringidas hasta las de acceso más abierto. Al interior de las mismas se complementan diferentes derechos de propiedad: la hacienda y la comunidad. En algunos momentos se vuelven funcionales: el ganado de las haciendas ramonea en las comunidades y muy frecuentemente los comunitarios se emplean en las haciendas de forma temporal, complementando la producción de su chaco, con algunos ingresos por su trabajo en las haciendas vecinas. Lógicamente se generan también relaciones, a parte de las laborales (peón /patrón), de compadrazgo, criándose por ejemplo ganado al partido dentro de las comunidades. También es frecuente que el guaraní saque miel y se dedique a la caza dentro de las haciendas. La figura de la TCO no es en la realidad como la Ley INRA la dibuja, como un tipo de propiedad separado de los otros. Por esto es posible que, una vez titulada, las formas de uso y explotación de los recursos no cambien totalmente.

El problema es que la TCO actualmente surge como una nueva forma de propiedad, pese a que en su interior subsisten diferentes formas de tenencia que se combinan e interrelacionan generando distintos tipos de uso de los recursos y diferentes modos de gestión. Esta complejidad no es casual pues responde a diferentes contextos ecológicos, económicos, sociales y demográficos. Lo lamentable es que estos aspectos fueron pasados por alto en la formulación de la Ley INRA. El desafío actual es pensar sobre la gestión territorial desde esta complejidad. El reconocimiento de los derechos indígenas mediante la titulación de las TCO es un hecho. “Sin embargo, las condiciones de extrema pobreza y abandono de esta población no cambiarán sólo con la titulación”.

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