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Propuestas Económicas Productivas

“Muchas tierras en pocas manos”: Luis Alberto Rojas, Secretario Ejecutivo de la Federación Campesina de Pando y Coordinador del Bloque Amazónico.

En el Encuentro Social Alternativo, hubo una discusión muy rica sobre la pertenencia de la tierra en el taller “Problemática Agraria, visiones y perspectivas”. Esta nota es un reflejo de esta discusión.

Hasta 1953 fueron distribuidas aproximadamente 26 millones de hectáreas de tierras fiscales, de las cuales, casi el 88 % fueron a parar en manos de medianos y grandes propietarios, mientras los pequeños (la gran mayoría) solo recibió el 12 %, según datos proporcionados por Luis Alberto Rojas.

Según el criterio de Rojas, esta inequitativa distribución de la tierra en Bolivia ha generado las grandes movilizaciones de los campesinos y campesinas que no están dispuestos a continuar víctimas de la discriminación y oprimidos bajo sistemas de explotación que se asemejan a la esclavitud.

Para el dirigente de los campesinos del Norte amazónico, la Ley INRA, Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, tampoco cumple sus objetivos de sanear la propiedad de la tierra en Bolivia; “además la norma, tiene algunos problemas que deben ser resueltos antes que los movimientos sociales desborden en movilizaciones y tomas simbólicas y reales de tierras en distintas regiones del país”.

La ley no ha contemplado las particularidades geográficas y culturales de las regiones. Existe intromisión política en los distintos procesos y modalidades de saneamiento de las tierras. La ley no ha logrado revertir las grandes extensiones de tierra. No se ha logrado dotar de tierras a pueblos originarios y campesinos, tampoco se anuló los títulos de propiedad, obtenidos mediante fraudes, en resumen, dijo Rojas, la tierra No es para quien la trabaja violando la CPE.
La realidad de pobreza y marginalidad que caracteriza a las familias campesinas está creando una tendencia de retorno al sistema esclavista de producción. En la amazonía, los campesinos e indígenas solo tenemos dos fuentes de sobrevivencia: la explotación de goma y el trabajo a destajo en las beneficiadoras de la castaña, pero cuando retornamos a nuestros chacos, después de acabar el ciclo productivo de ambas materias primas, no encontramos nuestras tierras, esto nos empuja a una migración obligada a las ciudades para engrosar las filas de los pobres desempleados.

Finalmente, concluyó Rojas, “tengo que denunciar al señor René Salomón principal cabeza del Instituto Nacional de Reforma Agraria como aliado de los empresarios, ganaderos y concesionarios y por lo tanto, enemigo de los campesinos. En este sentido lo que nosotros campesinos exigimos es la reinstitucionalización del INRA, que permita transparentar los procesos de contratación de personal y ejecución del saneamiento de las tierras”.

Similar posición tienen los representantes indígenas del Pueblo Guaraní que sienten que la reducción sistemática a la que fueron sometidos por ganaderos y otros que se apropiaron de parte de su territorio originario, ha significado la sobrevivencia bajo sistemas de semi-esclavitud y cada vez más escasas posibilidades de autosustento en base a la actividad agropecuaria porque se han ido quedando no solo con menos tierras, sino con tierras menos aptas para la producción; tampoco han sido beneficiarios de los programas de desarrollo del Estado. Finalmente el saneamiento hasta ahora no ha favorecido al Pueblo Guaraní en el acceso y tenencia de la tierra, pues sus demandas no has sido suficientemente atendidas.

Por su parte, Moisés Torres, presidente nacional del Movimiento Sin Tierra sostuvo que la Reforma Agraria del 53, a lo largo de su aplicación por los diferentes gobiernos, caracterizada por la ineficiencia y la corrupción, ha dado lugar al minifundio en los Valles y en el Altiplano y al latifundio en el Oriente boliviano. “En el Oriente se ha entregado tierras como una expresión prebendal de los partidos gobernantes, ha servido para enriquecer a las familias que hoy detentan el poder económico de la región. Tanto en la dictadura como en democracia los gobiernos han regalado tierras a grupos de poder que sustentan la clase política”, explicaba Torres.

Posteriormente, con la aplicación de la ley INRA de 1996 se ha consolidado el latifundio. Por otro lado, se ha visto que el minifundio es cada vez menos sostenible. Ambos problemas han puesto en evidencia la necesidad de acceder a la tierra. “Los hijos y nietos de las familias campesinas que obtuvieron tierras en la reforma agraria del 53, son los que hoy han dado origen al MST”, apuntó Torres a tiempo de convocar a las organizaciones indígenas y campesinas del país para que sean vigilantes permanentes de las políticas y acciones del actual gobierno en materia de tierras.

Finalmente los representantes del CONAMAQ sostuvieron que las demandas de los pueblos originarios no son solo por la tierra sino por el territorio, vale decir, por los recursos naturales del área donde habitan y desarrollan su cultura. Indican que su lucha es por recuperar su derecho a la administración de la tierra y los recursos naturales. Sólo así será posible acabar con la exclusión social y económica.

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